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El pasado vive en el presente: réquiem para el derecho a la memoria

por 15 agosto 2010

La voz de los derechos humanos no pertenece a nadie en particular. Ni a los expertos en el tema, ni a las  elites de poder. Es quizá una de las singularidades del logro obtenido después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de 1948.  Con todo, si hay quienes tienen y deben tener una voz especial en el tema, sobre todo cuando están en juego medidas y políticas unilaterales (eventuales indultos a violadores a derechos humanos), son las víctimas las que están vivas, los familiares de aquellos que han sufrido la pérdida de seres queridos a manos de agentes del Estado (sean detenidos-desaparecidos, o fallecidos a causa de las torturas u otros métodos), y solo después, los movimientos,  instituciones o personas que se han destacado por su defensa de los perseguidos y pasados a llevar.

En este último tiempo, los derechos humanos vuelven a reaparecer en el escenario público –constatando, dicho sea de paso, la imposibilidad de cerrar la discusión o su importancia por decreto-,  de la mano de tres situaciones: la primera, los dichos del embajador Otero  quien considera que los efectos de la persecución, tortura, relegación o exilio, sólo afectaron a unos pocos chilenos en el pasado.  Como si la negación de los derechos cívico-políticos y sociales al conjunto de los chilenos,  no dejase consecuencias en el tejido social de un país que estaba habituado a expresarse y organizarse. Por lo que, aunque uno no hubiese sido detenido, exiliado o relegado, la  atmósfera generalizada de vigilancia y represión   dejó  su marca en todos aquellos que nos tocó vivir en aquellos grises años.

¿Cómo entonces tenemos que educar y auto-educarnos en cuanto sociedad después de Isla Dawson, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, Londres 38 y otras expresiones similares?

Un segundo hecho es la sentencia del Juez Solís, respecto a los responsables de la muerte del matrimonio Prats en Buenos Aires.  ¿Por qué – se ha preguntado, estimado lector-, hemos debido esperar mas de 30 años para tener la certeza jurídica  de quiénes fueron sus ultimadores?  Digamos, ¿dónde estaba la Justicia que fue incapaz de aclarar el caso antes?  Cuál ha sido al respecto el aporte  a su esclarecimiento y la posterior  reacción  de la  elite económica, política o militar? ¿O usted aun le da crédito a los cuentos que señalan el conflicto interno como causante de esas muertes (así como la del ex canciller Orlando Letelier –en pleno Washington-; o el atentado al matrimonio Leigthon en Roma?  Una tercera situación, se relaciona con el mentado indulto bicentenario. En particular, si deben considerarse en él  a responsables de graves violaciones a derechos humanos. Lamentablemente esta es una medida en que se mezclan las buenas intenciones, con algunas promesas de campaña política presidencial, que desnaturalizan su  horizonte humanista. Un indulto unilateral y sin fundamentos que incorpore  a violadores a derechos humanos, no contribuirá  a una auténtica reconciliación.  Para que ella se diera, primero los victimarios tienen que reconocer sus faltas y pedir perdón, al menos por el daño irreparable que han causado a compatriotas suyos.  Al mismo tiempo, está la vía jurídica que resulta muy importante. No puede el país permitirse no hacer verdad y justicia, también en el aspecto jurídico-legal. Sin embargo, la justicia legal no es suficiente.

También necesitaríamos el ejercicio de lo que se da en llamar justicia restauradora, esto es, una justicia que asuma el dolor  y restaure ante el país, el honor y la dignidad de los que fueron detenidos, torturados, exiliados o desaparecidos. Cuando se habla de gestos “humanitarios” o de bondad, de cara al Bicentenario –y que considere a los violadores de los derechos humanos-, vienen a la memoria y duelen  las fotos de Marta Ugarte, profesora, que apareció un día cualquiera  –como por milagro-,  flotando a orillas de una playa nortina, amarrada a unos pedazos de rieles oxidados, confirmando una sospecha terrible respecto a detenidos lanzados al mar.  Vienen a la memoria las imágenes de los restos esparcidos aquí y allá del ex general Prats y su esposa, en una  calle oscurecida de Buenos Aires.

Están en la memoria las imágenes de tantos torturados una vez que –de manera afortunada, entre otras cosas, gracias al accionar valiente y señero del Cardenal Silva Henríquez y la Vicaría de la Solidaridad-,  pudieron recuperar su libertad y salir vivos  de una experiencia tan humillante y dolorosa.  Una sociedad que quiere vivir en la decencia, no puede permitirse pretender borrar el pasado doloroso; tampoco banalizarlo,  excusarlo por el contexto, o jugar al supuesto empate moral.  Los escaparates llenos de mercancías, las tarjetas de créditos, la impunidad  programada, apuntalan la reproducción social de indiferencia moral,  terreno siempre fértil para la eventual repetición de aquellos terribles  sucesos. ¿Cómo entonces tenemos que educar y auto-educarnos en cuanto sociedad después de Isla Dawson, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, Londres 38 y otras expresiones similares? ¿Servirá a ese urgente objetivo para renovar nuestra cultura política pública, un indulto particular o general a violadores de los derechos humanos?   Por todo aquello no puede pasarse por alto la necesidad de un  permanente y plural cultivo del  derecho a la memoria. Hacerlo, sería ofender nuevamente la conciencia y el dolor de cientos de  compatriotas que, desde distintas  visiones de mundo, perdieron sus vidas, o quedaron con sus vidas dañadas para siempre, en aras de recuperar para todos el ejercicio de  libertades y  derechos confiscados. Aun, siguiendo a  W. Benjamín, estamos en deuda con esas generaciones.  No podemos olvidar las sentidas palabras del poeta: “fueron arrojados/llueven/ asombrosas cosechas de hombres  caen para alimentos de los peces en el mar/Viviana oye llover tierras santas/ oye a su hijo caer como una nube sobre la cruz despejada del pacífico”.

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