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El MDS de Kast: entre la voluntad declarada y la real

por 20 agosto 2010

El MDS de Kast: entre la voluntad declarada y la real
Limitarse a una estrategia de eficiencia o tecnocracia es absolutamente insuficiente si no se acompaña de medidas para cambiar las actuales reglas del juego, generadoras de gran parte de las desigualdades en Chile.

La fuerte exposición mediática de los resultados de la Casen 2009 ha relegado a un segundo lugar la discusión acerca de cómo enfrentar -más allá de la retórica imperante- el problema de la pobreza.

Para mejorar la eficiencia en la entrega de servicios sociales, el gobierno ha anunciado como eje de solución la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, su operacionalización ofrece más dudas que certezas, ya que tanto su diseño como su implementación descansan sobre ciertos supuestos dados como implícitos.

El primero de ellos es el que vincula la respuesta organizacional –creación del ministerio- con la solución del problema. Se apuesta de forma unilateral por estrategias de eficiencia en las decisiones de política social en el convencimiento que un tratamiento técnico hará estas herramientas más efectivas para el combate a la pobreza.

Lo que se busca es ver la pobreza bajo un enfoque lineal que define las dinámicas de este proceso como el resultado de relaciones de causa y efecto relativamente constantes, delimitables y reconocibles. Si se identifican tales relaciones se podrán modificar sus resultados a través de intervenciones que tendrán un efecto predecible. De modo simple, bastaría un buen conocimiento de la realidad, decisión y recursos para que el problema de la pobreza se resuelva. Puede parecer excesivamente reduccionista proponer que la superación de la pobreza y la desigualdad puedan alcanzarse sólo a partir de la mejora de la eficiencia y la eficacia de las políticas sociales actuales.

Se apuesta de forma unilateral por estrategias de eficiencia en las decisiones de política social en el convencimiento que un tratamiento técnico hará estas herramientas más efectivas para el combate a la pobreza.

Vinculado a lo anterior, otra arista que aparece es la subordinación de los ministerios de Salud, Educación y Vivienda a una estructura que concentre el amplio tema del desarrollo. Dichos sectores no se han caracterizado por su disposición para avanzar en lógicas de integralidad ni intersectorialidad en la conducción de la política social, por lo que parece necesario preguntarse si estarán disponibles a ceder su poder a una nueva autoridad social.

Un segundo supuesto se remite a la viabilidad política. No se debe olvidar que iniciativas de este tipo requieren tramitación parlamentaria. La actual correlación de fuerzas no permite vislumbrar un camino político expedito y menos exitoso. La presencia implícita de esta clase de supuestos conduce, por ejemplo, a ver los bloqueos parlamentarios como meros "riesgos" externos que pueden ser minimizados mediante un fuerte compromiso político del gobierno. Cuando las metas de los proyectos son políticamente ambiciosas (¿y cómo es posible que no lo sean si se trata, nada menos, que de la reforma y modernización del Estado?), el supuesto más razonable es exactamente el opuesto: lo razonable es que los cambios en el statu quo enfrentarán resistencias usualmente importantes y, por lo tanto, es necesario probar que el proyecto es políticamente viable.

Ambos supuestos ponen sobre la mesa la tensión entre lo que se dice y lo que es razonablemente posible de hacer. No cabe duda que la garantía más importante que un proceso de reforma será llevado a cabo es la "voluntad declarada" gubernamental de impulsarlo, la cual no se diferencia significativamente de la ‘voluntad real’ del gobierno y la existencia de ‘voluntad real’ en el gobierno debiera ser un indicio suficientemente fuerte de que esa voluntad también existirá en la alta burocracia y que ésta permeará a los otros actores.

Si lo que se requiere es la creación de mayor valor social para mejorar las políticas sociales y avanzar tras el objetivo mayor del desarrollo social, limitarse a una estrategia de eficiencia o tecnocracia es absolutamente insuficiente si no se acompaña de medidas para cambiar las actuales reglas del juego, generadoras de gran parte de las desigualdades en Chile.

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