El después de Atacama no requiere solo de planes futuros y diagnósticos sino también de cuentas y responsabilidades en lo público, con transparencia. Es decir, el mentado accountability, al que tanto ejecutivo moderno apela en sus ponencias y discursos.
La tensión vivida por el país en torno al drama de los mineros atrapados en una mina en Atacama, se empieza a canalizar hacia un desenlace feliz. Confirmado el hecho de que se encuentran con vida y sanos, independientemente de los naturales estragos de un encierro tan dramático como el que están viviendo, familiares, compañeros de trabajo y el país entero han dado un respiro de alivio y satisfacción.
Sin embargo es necesario no aflojar el empeño colectivo pues el rescate no ha terminado. Este tiene enormes riesgos y dificultades, se realiza mediante un proceso que tiene mucho de aprendizaje, y que requiere no solo saberes técnicos sino también algo de suerte.
Junto a lo anterior, es necesario también poner el foco en las lecciones que el país debe sacar de lo que está sucediendo. Porque su impacto en la ciudadanía marca un antes y un después en materia de legislación laboral y de responsabilidades empresariales y políticas.
[cita]El bien público no es producto solo de la autorregulación ni de la acción punitiva de los tribunales de justicia. También es el resultado del control político que ejerce la sociedad sobre sus gobernantes y sus instituciones.[/cita]
Con mucha celeridad el gobierno ha generado una comisión de expertos que presidirá la ministra Camila Merino, la que, en un plazo de 90 días, deberá proponer cambios a la legislación laboral. Particularmente, según sus declaraciones, con énfasis en las áreas “más sensibles como construcción, agricultura, minería y transporte”.
Tal decisión indica que el gobierno ha percibido el significado político y social de lo ocurrido. Y que más allá de su despliegue mediático y del manejo cercano y acertado que ha tenido del accidente de la mina San José, está consciente de que se requiere acciones de fondo.
El problema es saber cuál es la potencia de la voluntad que lo anima para llegar a lo sustantivo de los temas. Sobre todo en las áreas señaladas por la ministra, que son las de mayor precariedad laboral, accidentabilidad y fallas de seguridad, y que han estado casi dos décadas en la mesa de discusiones, sin que se avance mucho.
Lo de Atacama ha hecho emerger de manera evidente que si bien cada accidente tiene un componente de azar, lo que ocurre, de manera sustantiva, se debe casi siempre a acciones y omisiones de los empresarios. Sobre todo porque en su oportunidad privilegiaron el control de costos por sobre la seguridad de sus trabajadores. Pero también a deficiencias del control público y a insuficiencias funcionarias y administrativas del Estado.
Que ello pueda ocurrir, y seguir ocurriendo una y cien veces es, por lo tanto, una responsabilidad que trasciende el ámbito puramente empresarial.
Que se hagan socavones y cavernas en vez de túneles de explotación minera, que se usen agroquímicos nocivos para la salud, que se haga descender a los buzos a más de treinta metros de profundidad sin cámaras descompresoras, o subir a los obreros de la construcción a trabajar sobre andamios sin ningún tipo de seguridad, o a choferes trabajar jornadas de doce horas no es solo un problema de empresarios inescrupulosos.
Esa responsabilidad de Estado, atribuible a ministros y funcionarios encargados de aplicar las normativas laborales o de mejorarlas, también debe ser develada.
El después de Atacama no requiere solo de planes futuros y diagnósticos sino también de cuentas y responsabilidades en lo público, con transparencia. Es decir, el mentado accountability, al que tanto ejecutivo moderno apela en sus ponencias y discursos.
El país necesita saber si lo que ahora se va a estudiar por parte de la comisión de expertos ya ha estado puesto en la mesa de negociaciones. Cuándo y cómo. Quién estuvo de acuerdo y quién en contra, y si ha habido otras prioridades y a qué se debieron, si a presiones corporativas, desidias políticas o a razones técnicas.
Tal como declara el propio presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Rafael Guillisasti, la primera responsabilidad en este tipo de hechos corresponde a los empresarios, a los cuales se les debe aplicar todo el peso de la ley en caso de responsabilidades civiles o criminales.
Pero el bien público no es producto solo de la autorregulación ni de la acción punitiva de los tribunales de justicia. También es el resultado del control político que ejerce la sociedad sobre sus gobernantes y sus instituciones. Mecanismo que también debe funcionar en este caso.
En el accidente de los mineros de Atacama, cuyo rescate aún durará meses, se ha hablado de presiones políticas y de errores y acciones burdas, que conviven al lado de las solidaridades y actos emocionantes de humanidad que hemos visto todos. Y que condensan lo mejor y lo peor de la realidad laboral chilena y del modelo de crecimiento que el país ha privilegiado.
Por ello es necesario hacer un alto reflexivo y sereno, lo más lejos posible del populismo mediático que a ratos parece contaminar el interés político. Pues a diferencia de hechos similares del pasado, este tiene -y tendrá- una dimensión emotiva y comunicacional con impactos no previsibles por ahora en materia de cultura del trabajo y responsabilidad empresarial y política.
