El actual juego de Metropolis parece estar llegando a su fin, con no más del 0,1% de la población mundial (y en Chile no más de 10 familias), dueños de más de la mitad de los “cuadritos de propiedades” -y hasta de los dados-, mientras mil millones de personas del orbe (y 630 mil en Chile) no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Los diversos resultados y derivadas de la última encuesta Casen han generado una interesante polémica pública que ha conseguido poner en el centro de la atención ciudadana el devastador fenómeno de pobreza que afecta a más de 2,5 millones de compatriotas. Como “contar” los pobres es apenas una primera fase diagnóstica que poco incide en la superación del fenómeno, más estimulantes han sido aún las propuestas de soluciones que han circulado y, desde luego, las opiniones sobre el mayor o menor papel que el Estado debería cumplir en esta central materia de bien común.
En efecto, se ha apuntado a la idea de que teniendo la pobreza dos ámbitos de manifestación, pobreza e indigencia, es en éste último plano –del cual el afectado no puede salir sin ayuda- en que el Estado tendría una obligación moral y social principal, mientras que en el de la pobreza propiamente tal –que se entiende accidental, producto de los ciclos económicos y de la cual los afectados pueden salir con su esfuerzo- la función subsidiaria sería menor y acotada en el tiempo.
De acuerdo a la citada encuesta socioeconómica, el número de indigentes que sigue habiendo en Chile tras 200 años de vida independiente, alcanzaría a unos 630 mil personas, las que, para superar su actual estándar, deberían conseguir un ingreso mensual equivalente a unos 250 mil pesos por grupo familiar, cifra que -sólo matemáticamente- importaría un subsidio estatal anual de unos US$ 900 millones, es decir, alrededor del 2% del Presupuesto Nacional.
[cita]El actual juego de Metropolis parece estar llegando a su fin, con no más del 0,1% de la población mundial (y en Chile no más de 10 familias), dueños de más de la mitad de los “cuadritos de propiedades” -y hasta de los dados-, mientras mil millones de personas del orbe (y 630 mil en Chile) no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación.[/cita]
Más allá de si la cifra de 250 mil pesos es, efectivamente, una medida correcta que permita la adquisición en el mercado de las 1.500 calorías diarias per cápita que se estiman necesarias para la subsistencia, considerando una familia promedio de 4 personas, habría que añadir a estos gastos los provenientes de los otros requerimientos básicos como vivienda, luz, agua, gas, educación y vestimenta, con lo cual la cifra perfectamente puede, al menos, duplicarse. Es decir, si queremos un país sin indigencia (no sin pobreza) en 2014, habrá que prepararse para generar como sociedad los impuestos y otros ingresos estatales para disponer anualmente al menos de unos US$ 1.500 millones más por los próximos 20 años, suponiendo a los indigentes capaces de generar por sus propios medios los otros US$ 300 millones.
El Presidente Piñera ha dicho que en Chile las personas trabajan alrededor de 3 meses para el Estado, si se consideran todos los tributos directos e indirectos a los que los contribuyentes estamos sujetos. Es decir, la carga estatal para las familias implica que, de la dura labor de un año, sólo 9 meses van a parar a sus bolsillos y, con razón las actuales autoridades han puesto parte relevante de su esfuerzo en conseguir mayor productividad y eficiencia en la gestión de la administración pública. Así y todo, la propia actividad diaria ha demostrado los tremendos déficits y precariedades de recursos de organismos relevantes del Estado como -para nombrar sólo algunos de moda en los medios- Onemi, Sernageomin o Conaf.
Una segunda derivada ha puesto nuestra atención en el crecimiento económico como fórmula para generar más rápidamente recursos que nos permitan alcanzar el desarrollo en la próxima década. Es verificable, teóricamente, que si el país pudiera elegir siempre, desde una pirámide de mayor a menor rentabilidad económica, aquellos proyectos con la mayor tasa de retorno esperada entre el conjunto de prospectos productivos, el PIB crecería a mayor velocidad, aumentando más rápidamente la riqueza. O sea, si el capital se dirigiera siempre a proyectos que rentaran 100% anual, cada año la renta se duplicaría y si una vez acabados esos proyectos se continuara por los que producen un retorno del 99, 98 o 97%, el ritmo de crecimiento sería espectacular. En ese marco teórico, la decisión de inversión es siempre económica, no hay fenómenos sociales, políticos o culturales que interfieran en sus resultados.
Pero como la vida no es así y en su complejidad intervienen desde errores de cálculo humano hasta las cuestiones exógenas citadas, la hipótesis se baraja añadiendo tales previsiones. Entonces, se busca un “equilibrio” (inestable, por cierto) en el uso de los recursos y, según la postura del especialista, aquel bregará por más o menos traspaso de capitales al Estado, pues se sub-entiende que la inversión privada consigue mayor rentabilidad económica y crecimiento, dado el afán de lucro de sus gestores, mientras la pública busca fundamentalmente mayor rentabilidad social y estabilidad, a raíz de la misión de bien común que supuestamente tiene el Estado.
Cuando se opta por operar más recursos a través del Estado, se asume que se sacrifican puntos de crecimiento, pues los proyectos con rentabilidad social (p.ej. pobreza, educación, salud) no tienen necesariamente una tasa de retorno económico equivalente a las inversiones privadas (v.gr. retail, minería, banca, clínicas y educación particulares) y, por consiguiente, en el agregado, los capitales invertidos crecerán menos o no crecerán al ritmo de la economía de los privados, atrasando al conjunto, pues el “convoy marcha al ritmo del buque de más lento navegar”. Se acepta, no obstante, que un proyecto socialmente rentable redituará a largo plazo, al tender a eliminar las ineficiencias estructurales que generan la indigencia, inseguridad ciudadana o la baja productividad.
Es en esta colisión entre rentabilidad económica y crecimiento e interés social e igualdad que se traba la más relevante polémica del siglo XXI. En efecto, por más eficiente que sea una organización estatal, los proyectos que emprende son de condición distinta a los privados y explican, probablemente, parte de la disminución del ritmo de crecimiento desde el 2000 en adelante, periodo en el que aumentó el gasto público en diversos sectores. Y aún si se supone que un Estado pudiera gerenciar con la eficiencia de administración de la empresa privada –que como vemos, dada la pobreza de nuestras instituciones, es difícil- su retorno de corto plazo será inferior, reduciendo la velocidad de todo el “convoy”. En la gestión del Estado, la eficacia pasa pues –la mayor de las veces- por decisiones políticas y no técnico-económicas.
Por eso, en esta “lucha por el margen”, como diría Porter, Estado y particulares seguiremos pugnando por “la mejor mascada” (más o menos impuestos, más o menos royalties, más o menos empresas públicas o privadas), sea cual fuere el tipo de Gobierno que ocupe las dependencias oficiales. De allí que es muy probable que sigamos traspasando tres meses de nuestro trabajo a las burocracias por un buen tiempo, porque con recursos escasos, el Estado surge como el principal llamado a la redistribución social obligada, que nos molesta cuando lo recaudado es propio, pero que tanto nos preocupa cuando salen las Casen. Otras entidades del “tercer sector” (fundaciones, ONG, corporaciones, iglesias) que colaboran en este proceso, cuentan con nuestra buena voluntad, pero no generan la masa crítica para reemplazar métodos normativos.
Analizar un alza del royalty a la gran minería o más impuestos a otras áreas exitosas de nuestra economía sin otra consideración que mejorar las condiciones de millones de pobres de Chile y el mundo, nos retrotrae a ese novedoso marco moral generado por la iniciativa de los archimillonarios Bill Gates y Warren Buffet (“The Living Pledge”), que busca la donación del 50% de 40 inmensas fortunas planetarias para reparar en algo las desigualdades, repartiendo de nuevo parte de las cartas y generando oportunidades para quienes las perdieron en el proceso. Con un PIB mundial como el actual, de US$ 60 millones de millones y un coeficiente de Gini en 0, los ingresos familiares en todo el orbe serían de US$ 36 mil anuales. ¿Tendrán los empresarios exitosos en Chile una conducta similar?
El actual juego de Metropolis parece estar llegando a su fin, con no más del 0,1% de la población mundial (y en Chile no más de 10 familias), dueños de más de la mitad de los “cuadritos de propiedades” -y hasta de los dados-, mientras mil millones de personas del orbe (y 630 mil en Chile) no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
