Viernes, 9 de diciembre de 2016Actualizado a las 20:02

Autor Imagen

El “correcto” funcionamiento de la televisión

por 30 agosto 2010

El sentido político de que dichas concesiones indefinidas se otorgaran a universidades, era para que estas fueran un aporte a la sociedad, de manera de fomentar y enriquecer el debate público, no para que las vendieran o cedieran en caso de que el “negocio” diera cifras rojas a fin de año.

A fines de los años cincuenta, cuando en Chile tardíamente llegó la televisión, fueron principalmente las universidades las que estudiaron como introducir este nuevo medio de comunicación en el país. Lo que no sabían aún, era el impacto que este medio tendría en la opinión pública y, por tanto, el interés de los poderes económicos de contar con una estación televisiva.

Como aún la televisión no tenía el poder económico de hoy y como requería además de una infraestructura y un acceso tecnológico avanzado para el Chile de ese tiempo, fueron las universidades quienes obtuvieron las primeras concesiones para transmitir, específicamente, la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. Estas tres concesiones, más la que posteriormente se le otorgara a TVN, se otorgaron con carácter indefinido.

Hoy, si bien encontramos en el espectro televisivo más canales de televisión, en general siguen siendo estos canales los que concentran un mayor nivel de audiencia y por tanto, han llamado la atención de grupos empresariales ligados a las comunicaciones. Es por esto que no debe sorprender hechos recientes como la compra por parte de Time Warner de Chilevisión, la adquisición de Alvaro Saieh –grupo Copesa- del canal 22 o la reciente compra del 67% de Canal 13 por parte del grupo Luksic. Así entonces, el espectro televisivo ha sido adueñado tanto por los grupos empresariales como por la lógica de la libertad económica, amparada además por nuestra Constitución, ignorándose la relevancia que juegan los medios de comunicación como herramienta de la libertad de expresión no solo de quienes quieren crear un canal, sino que también del derecho de la sociedad a acceder a una pluralidad de visiones y diversidad de información.

El sentido político de que dichas concesiones indefinidas se otorgaran a universidades, era para que estas fueran un aporte a la sociedad, de manera de fomentar y enriquecer el debate público, no para que las vendieran o cedieran en caso de que el “negocio” diera cifras rojas a fin de año.

Esto incluso no se ha tomado en cuenta por parte del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el cual tanto por mandato constitucional como legal, tiene como deber velar por el “correcto funcionamiento” de la televisión, concepto que abarca, entre otros factores, el permanente respeto al pluralismo y la democracia. Sin embargo, la tendencia en sus resoluciones ha sido por interpretar restrictivamente este deber, limitando su actuar.

De este modo, las concesiones otorgadas de manera indefinida solo han consolidado una elite propietaria de los medios de comunicación, no dejando espacio -en un mercado pequeño como el nuestro- para el acceso de otras expresiones y miradas representativas de la pluralidad existente en nuestra sociedad. Junto a lo anterior, quienes son dueñas de estas concesiones han lucrado con estas, ya sea dándolas en usufructo (como fue el caso de la Universidad de Chile con Chilevisión) o vendiendo una parte (como el ya señalado caso de Canal 13 y el grupo Luksic, donde aún no sabemos si lo vendido es la marca, la concesión o la frecuencia).

El sentido político de que dichas concesiones indefinidas se otorgaran a universidades, era para que estas fueran un aporte a la sociedad, de manera de fomentar y enriquecer el debate público, no para que las vendieran o cedieran en caso de que el “negocio” diera cifras rojas a fin de año.

¿Parece lógico que nosotros como sociedad democrática no podamos opinar sobre estas operaciones cuando con lo que se negocia –el espectro- nos pertenece a todos? La imposibilidad de someter dichas concesiones a una revisión periódica (cada 25 años como sucede con el resto, pudiendo incluso no renovárseles) aleja a la ciudadanía de un equitativo acceso a la televisión, cuestión que ha sido remarcado por organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su declaración de principios.

Un hecho positivo en este escenario es la reciente venta de Chilevisión por parte del Presidente de la República. Esto debido en primer lugar, a que es el Presidente quien determinas las autoridades públicas que están a cargo de regular las comunicaciones y, en segundo lugar, por los lazos que lo unen a Herman Chadwick Echenique (su primo), quien preside el CNTV y a María Luisa Brahm (figura principal del segundo piso de La Moneda), quien es consejera de la misma institución. La nueva forma de gobernar exigía separar estos ámbitos, dando independencia a los medios de comunicación.

De este modo, la televisión (como también la radio y la prensa escrita), requiere de una política pública que tenga como pilar el ejercicio de la libertad de expresión de diversos actores de la sociedad, tendiendo hacia el pluralismo, de manera que el espectro refleje la realidad social y no los grupos empresariales con mayor poder monetario. Asimismo, los criterios para la asignación de frecuencias deben aspirar a democratizar el espectro potenciando la participación ciudadana y no a consolidar una elite económica y/o política que maneje la televisión entre cuatro paredes.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Encuesta

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes