Es necesario reconocer que el derrotero de la legislación ambiental en el país no ha sido precisamente el resguardo ecológico, sino que ha estado supeditado de manera absoluta a la lógica del crecimiento. Por ello nunca hubo un ministerio de lo ambiental, y las competencias quedaron radicadas casi 20 años en una comisión, la Conama, que dependía de un Ministerio esencialmente político, la Segpres. Ese fue el diseño crudo de Edgardo Boeninger que el Presidente clausuró con una llamada telefónica.
La decisión presidencial de maniobrar para bajar la construcción de la central termoeléctrica Barrancones del lugar donde había sido aprobada, tuvo de dulce y de agraz para la ciudadanía.
Sin perjuicio del valor ambiental de lo actuado, y del reconocimiento del significado político de las redes sociales activadas en contra de la central, lo más trascendente ha derivado a la eventual amenaza que se ha constituido para otros proyectos similares. Lo que a su vez ha derivado en una aguda crítica al Presidente de que habría puesto en riesgo los procedimientos institucionalizados y las reglas del juego que rigen al país.
La reacción de los gremios empresariales y las críticas frontales hechas al procedimiento por parlamentarios oficialistas han obligado a La Moneda a desarrollar una estrategia especial para desactivar las reacciones negativas. Estas pueden aumentar en la medida que se decida aplicar el mismo criterio a proyectos similares.
El senador UDI Jovino Novoa llegó a decir que el Presidente había actuado por fuera de la institucionalidad. El Mercurio publicó en página editorial una columna de dos semanas de antigüedad del Canciller brasileño Celso Amorim sobre el poder global de su país, en lo que pareció una advertencia indirecta sobre la Central Castilla, en proceso de aprobación, de propiedad de su compatriota Eike Batista.
[cita]La forma ejecutiva, bastante empresarial, con que actuó el Presidente, esta vez anticipó el proceso político final, agregando una nota de certidumbre al hecho de que las decisiones finales siempre han sido políticas y no técnicas.[/cita]
En un Estado de Derecho, la construcción de instituciones y climas de estabilidad y certidumbre para todos los actores requiere de procedimientos secularizados, y de actitudes equilibradas de la autoridad, entre adhesión y crítica, ante decisiones que son difíciles. Ni la improvisación ni los giros abruptos generan esa estabilidad, ni menos contribuyen a crear el clima para que las instituciones se consoliden en el tiempo.
Sin embargo, tampoco parece una contribución a ello la existencia de protocolos legales interminables, donde el resultado final, de manera aparente, se basa en una escala técnica y una legalidad estrictas, pero en realidad se resuelve en una mesa política y por razones ajenas al mérito intrínseco del problema. Ahí hay un golpe a la legitimidad de todo el sistema.
Ello ocurre desde hace mucho con los procedimientos ambientales, cuyo diseño de mediados de los años 90, hace terminar el proceso en un Consejo de Ministros que opera bajo reglas estrictamente políticas.
Lo peor de ese procedimiento, con febles mecanismos de participación ciudadana, es la promiscuidad que se ha generado entre operadores técnicos del sistema y las autoridades estatales ambientales, ámbito en el cual se advierte un intercambio continuo de roles en un numero muy reducido de personas, verdaderamente impropio de un sistema transparente.
Ello ha facilitado que los propietarios de los proyectos de mayor envergadura, muy largos en su planificación y de costos significativos, puedan influir de manera importante en las calificaciones técnicas del proceso, y concentrar la presión política en su parte final, si es que el tema ha llegado a tales instancias.
Tan asimétrico y claro es este sistema, que es posible hacer la prospectiva de problemas ambientales y la forma en que finalmente se decidirá.
La forma ejecutiva, bastante empresarial, con que actuó el Presidente, esta vez anticipó el proceso político final, agregando una nota de certidumbre al hecho de que las decisiones finales siempre han sido políticas y no técnicas.
La diferencia está en que hizo más corto el circuito, en un sentido inverso a lo que ha ocurrido en muchas otras oportunidades en que los procedimientos ambientales han escalado a instancias superiores con el rechazo técnico de todos o algunos de los servicios competentes, y son acogidos en la instancia final por razones meramente políticas.
Pero si bien descolocó el estilo meticulosamente legalista seguido por los gobiernos anteriores, y los canales a través de los cuales se hacía la presión política, también dejó la ley y sus procedimientos a la intemperie, que es lo que ahora trata de reparar La Moneda.
Se puede argumentar –y también se debe reconocer- que en política deconstruir es un proceso mucho más rápido y de menor esfuerzo que construir instituciones. Basta actuar tan solo una vez para asentar la percepción de que se ha abierto el jardín de la discrecionalidad, y derrumbar años de trabajo.
Pero es necesario reconocer que el derrotero de la legislación ambiental en el país no ha sido precisamente el resguardo ecológico, sino que ha estado supeditado de manera absoluta a la lógica del crecimiento. Por ello nunca hubo un ministerio de lo ambiental, y las competencias quedaron radicadas casi 20 años en una comisión, la Conama, que dependía de un Ministerio esencialmente político, la SEGPRES. Ese fue el diseño crudo de Edgardo Boeninger que el Presidente clausuró con una llamada telefónica.
