Seguiremos girando en banda, discutiendo cada norma laboral en función de sus costos, y si algunas, por su justeza o conveniencia política, logran superar dicho examen, no importa mucho, para eso están los complejos mecanismos de muy variado tipo que posibilitan a muchas empresas, con impunidad, vaciarlas de contenidos, condenándolas a una total ineficacia.
La terrible tragedia que viven los trabajadores de la Mina San José, pre-anunciada y denunciada persistentemente por el sindicato de la empresa y por la Confederación Minera de Chile no fue atendida por las autoridades, y lo que es peor aún, una vez ocurrida ésta, con excusas burocráticas se les obstaculizó a los dirigentes sindicales su ingreso al campamento; quizás, con el afán de desperfilarlos ante la ciudadanía, frente al amplio y profesional quehacer de los medios de comunicación.
Sin duda, tal actitud deviene de un modelo que, a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible modificar en su esencia. En lo económico percibe al trabajo como un mero recurso productivo, al igual que maquinarias y equipos, apostando a su regulación por las leyes del mercado, sin espacios ni roles democratizadores ni redistributivos para el actor sindical. En lo socio-político, representa la impronta de una ideología individualizante que desnuda de toda significancia a la sociedad civil organizada. La visión antisindical de las autoridades se manifiesta una vez más en la reciente creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo, la cual, entre otras falencias, no integra a los trabajadores. También causa extrañeza el anuncio del Gobierno un día después, de creación de una comisión paralela pero sólo referida a la minería, garantizándose de ese modo la continuidad del escenario de fragmentación normativa y de fiscalización estatal parcializada y descoordinada que contribuyó al accidente laboral en la mina San José.
[cita]Seguiremos girando en banda, discutiendo cada norma laboral en función de sus costos, y si algunas, por su justeza o conveniencia política, logran superar dicho examen, no importa mucho, para eso están los complejos mecanismos de muy variado tipo que posibilitan a muchas empresas, con impunidad, vaciarlas de contenidos, condenándolas a una total ineficacia.[/cita]
Valga recordar que la garantía a la vida y seguridad de las personas no es escindible de la protección a la seguridad y salud en el trabajo. Como ésta a su vez, entre otras variables, depende de la organización del trabajo, la extensión e intensidad de las jornadas, la estructura y monto de las remuneraciones, la precariedad contractual y de las condiciones de trabajo, el respeto a la libertad sindical (reconocimiento efectivo de los sindicatos, de la negociación colectiva y del derecho a huelga), etc., nos enfrentamos a un problema de gran complejidad, que requiere de soluciones integrales y voluntades políticas explícitas.
Las actuales regulaciones de la relación capital-trabajo, junto con posibilitar escandalosos márgenes de ganancia empresarial, aumentan los riesgos y generan un mayor disciplinamiento de la fuerza laboral, profundizando su supeditación al poder empresarial. De allí, la importancia de la calidad de las normas, de una real garantía de cumplimiento por los distintos poderes del Estado, de la legitimidad social de éstas, lo que sólo se logra cuando son generadas con la participación activa de los actores involucrados, en particular de los trabajadores, a través de sus organizaciones, etc.
A pesar de los intentos de reducir el terrible drama de los trabajadores de la Mina San José a sólo un fenómeno de inseguridad de la pequeña minería, guste o no, éste se inserta en una problemática país, presente en todos los sectores productivos, resultante de una estrategia dominante que privilegia el crecimiento y la concentración económica por sobre otros valores de muy superior relevancia social. Representa concepciones ideológicas que nos negamos incomprensiblemente a transparentar, a debatir y a confrontar con otras que postulan a la persona humana como sujeto y fin del desarrollo, devolviéndole al trabajo su necesaria centralidad social.
Tal situación sólo tambalea, y por poquito rato, frente a grandes dramas sociales, como el de ahora o como el accidente ocurrido el 2004 en una obra de construcción, con un saldo de siete fallecidos y quince heridos, clave en la aprobación de la ley de subcontratación. El que se tratase de un hecho políticamente imposible de minimizar facilitó la incorporación de algunas importantes normas sobre accidentes fatales y graves, con el fin de mejorar la función inspectiva y de control de parte del Ministerio del Trabajo y también del sector salud; incrementar la responsabilidad de las mutualidades; y, reforzar la prevención de riesgos. ¿Qué pasó con estas normas? Pues bien, triunfó la estrategia de sectores empresariales de dejar sin efecto gran parte de sus contenidos, logrando, de pasada, consolidar una absurda jurisprudencia judicial que niega a la Dirección del Trabajo la facultad de calificar la existencia o no del vínculo laboral, y por tanto de definir quien se encuentra protegido o no por las normas del trabajo.
Mientras más posterguemos el debate de fondo, seguiremos girando en banda, discutiendo cada norma laboral en función de sus costos, y si algunas, por su justeza, presión social o conveniencia política, logran superar dicho examen, no importa mucho, porque para eso están los complejos e intricados mecanismos de muy variado tipo que posibilitan a muchas empresas, con impunidad, vaciarlas de contenidos, condenándolas a una total ineficacia.
¿Será posible hacer ese debate, bajo un Gobierno marcado por el sello empresarial, por una mayor privatización de responsabilidades en áreas públicas tan relevantes como salud y educación, y con una declarada manifestación de morigerar la fiscalización laboral? He allí una gran interrogante y un urgente desafío, ya que dramas como el que hoy viven los mineros de Atacama no se debiesen nunca repetir.
