Para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales es necesario un cambio discursivo puesto que la derecha todavía se concentra en el aspecto cuantitativo, confundiendo a la opinión pública con la idea de que el aumento en el número de ocupaciones soluciona la preocupación de los chilenos en este tema.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que noventa días después de su creación de la comisión respectiva, espera en su escritorio un completo informe del panorama laboral en el país: «Vamos a hacer una profunda reestructuración de todos los organismos que deben fiscalizar esas condiciones de trabajo y también una profunda revisión de nuestra legislación laboral». El nuevo anuncio mediático parece que -nuevamente- no va más allá de las palabras, puesto que inmediatamente en el Ejecutivo aclaran que esta revisión no pretende abrir un nuevo debate de reformas laborales, ni menos «modificar los salarios», como han dicho sus fuentes a su protector comunicacional por excelencia, el diario La Tercera.
De manera astuta, el gobierno de derecha no desea quemarse las manos con la gran cantidad de ofertas anunciadas en estos primeros cinco meses de administración. Piñera tampoco desea que este anuncio sea la posibilidad de pisarse la cola en un tema tan delicado para la derecha misma, donde se oponen a cualquier modificación tendiente a mejorar la situación de los trabajadores en términos de aumento salarial, negociación colectiva y mayores medidas de protección social.
Si el primer mandatario anuncia, con bombos y platillos, la necesidad de «hacer una completa revisión de las condiciones en que trabajan los chilenos», no se requiere ser un pitoniso para conocer el paupérrimo diagnóstico en esta materia, ya sea a nivel general como a nivel de seguridad.
[cita]Para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales es necesario un cambio discursivo puesto que la derecha todavía se concentra en el aspecto cuantitativo, confundiendo a la opinión pública con la idea de que el aumento en el número de ocupaciones soluciona la preocupación de los chilenos en este tema.[/cita]
Si hablamos de seguridad laboral, debemos reconocer dos dimensiones. Una es la integridad física de los trabajadores frente a determinadas faenas y su relación con los grados de accidentabilidad, por lo que es necesario concentrarse en las actuales políticas de prevención en los lugares de trabajo, no sólo a nivel de eventuales accidentes, sino también en salud. Este último aspecto es de esperar que sea considerado por el gobierno a la hora de redactar el informe que pidió Piñera.
La segunda dimensión es la seguridad social, entendida como un sistema de protección destinado a proteger a los habitantes de un país de aquellas contingencias como las enfermedades, accidentes –laborales o no-, desempleo, maternidad, incapacidades temporales o permanentes, invalidez, sobrevivencia y vejez, entre otros riesgos.
Como se aprecia, cuando hablamos de seguridad en las condiciones laborales debemos conectar estas dos dimensiones, sin desechar una de la otra puesto que están imbricadas en la realidad cotidiana de los trabajadores. Este debería constituir la plataforma del gobierno si tanto habla de implementar un reporte «profundo» del panorama laboral en materia de seguridad.
El plazo de noventa días para terminar este trabajo es demasiado largo, considerando la prolífica cantidad de investigaciones, estudios y diagnósticos realizados por el mismo Estado, organismos de la sociedad civil, universidades, ONGs y algunas entidades empresariales como la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). No es mucho lo que se puede esperar de los anuncios que el Presidente anunció con la trompeta mediática, así que le facilitaremos el trabajo, a partir de los estudios disponibles sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores chilenos.
La tasa de accidentabilidad en Chile es del 6,5% al año pasado, lo que significa que alrededor de medio millón de trabajadores continúan sufriendo accidentes en sus puestos laborales. El único pero es que estas cifras no consideran a los trabajadores accidentados que no tienen contrato y que, por lo tanto, no son registrados por las asociaciones y mutuales de seguridad.
Claro, bajo la óptica de las estadísticas es poco, pero hablamos de medio millón de personas, con el consiguiente drama biográfico para los afectados y sus familias. El hecho de que la cifra de accidentes se mantenga en un dígito no significa un alivio cualitativo para los trabajadores que se desempeñan en sectores de mayor riesgo, como la minería y la industria, específicamente.
En los últimos años, la Dirección del Trabajo advertía la falta de calidad y de oportunidad de las notificaciones de accidentes por parte de las empresas. Las Pymes, por su parte, tienen un deficiente acceso a la asistencia técnica en materia de prevención. Esperamos que el famoso reporte considere la realidad de que apenas el 5% de las empresas cuentan con planes de prevención y rehabilitación para el consumo de alcohol y drogas entre los trabajadores.
El problema es que, si examinamos la perspectiva de estudio que realiza el establishment de economistas monetarios sustentados por la derecha, la accidentabilidad es mirada bajo la lupa de los costos que significa para el empleador y no apunta al drama que implican lo accidentes para los trabajadores y sus entornos familiares. En este sentido, no es de extrañar si el informe -que saldría a finales de noviembre- ponga el acento en los cerca de 3 millones de días perdidos por accidentes o enfermedades laborales.
Otra situación lamentable es que el 27% de los trabajadores accidentados no cuentan con un contrato, de acuerdo a los datos de la Dirección del Trabajo. Es significativa esta laguna, si tomamos en cuenta que los accidentes ocurridos a los trabajadores que están protegidos ascendieron a 233.848 casos durante el año pasado, según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.
El hecho de que casi un tercio de los trabajadores sufra accidentes nos habla del alto grado de informalidad existente en el mercado del trabajo y de la fuerza laboral. Eso nos lleva a la otra dimensión de seguridad laboral en el país y que debe ser incluida en este eventual informe. La informalidad implica otro vacío en el sistema de seguridad social, especialmente aquella denominada como «seguridad de realización» que consiste en activar diferentes mecanismos destinados al aprovechamiento de nuevas oportunidades sociales.
Este no es el único factor negativo que caracteriza a las condiciones laborales en nuestro país. Además se encuentra el bajo nivel de salarios existentes, por mucho que los economistas y las autoridades del gobierno traten de sepultar el tema debajo de la alfombra. Comencemos con las remuneraciones, un aspecto fundamental para la seguridad vital de las personas. El nivel promedio de ingresos en la economía criolla es de aproximadamente US$ 600, siendo uno de los más altos de Latinoamérica, pero sólo es un promedio que alcanza esta cifra, debido a la presión al alza que ejercen los sueldos superiores a US$ 1.000. Si aterrizamos este registro al plano cualitativo veremos que empeoran las cosas, si consideramos que más del 50% de las fuerza de trabajo recibe un promedio de $ 250 mil. Si se observan los ingresos provenientes del salario mínimo, cerca de 900 mil trabajadores reciben esta cifra, lo que debería constituir una preocupación no menor para las autoridades.
El bajo nivel de los salarios para un tercio de la fuerza laboral es uno de los factores claves que contribuyen al mantenimiento de la ancha brecha del ingreso existente. Y no es un problema eminentemente técnico-económico, pues las notables diferencias de remuneraciones responden más que nada al panorama socio-antropológico de la estructura social chilena, la cual sigue estática en términos cualitativos. Este debería ser otro punto importante a incluir en el reporte que pidió el jefe de Estado.
El bajo ingreso de los trabajadores lo demuestra la propia OCDE, al señalar que los ingresos del chileno representan el 30% de aquellos que se reciben en los países más desarrollados. «Los empleos que se crean en Chile son a menudo caracterizados por su baja productividad, baja remuneración y malas condiciones de trabajo», afirmaba el organismo en su informe del 2009.
La baja productividad se explica por el déficit de desarrollo del capital humano, debido a las limitaciones estructurales de un modelo económico enfocado al comercio exterior a través de la venta de commodities y de productos de poco contenido tecnológico. Las bajas remuneraciones son una consecuencia de esta primera variable, sumada al carácter segmentado de las relaciones sociales, cuyo resultado son las malas condiciones laborales.
Además de la alta informalidad que afecta a un quinto de los trabajadores empleados (20% de la fuerza de trabajo), se encuentra la alta flexibilidad, reflejada en la rotación laboral que afecta a la calidad del trabajo en Chile. Los estudios de la Dirección del Trabajo muestran la tendencia a la baja de los contratos indefinidos a favor de los contratos por servicios transitorios. La principal consecuencia de esta rotación se grafica en el hecho de que 640 mil trabajadores tratan activamente de cambiar de ocupación con el objetivo de conseguir una mejoría en sus ingresos, según lo muestra una de las últimas encuestas del INE fabricada con los estándares de calidad exigidos por la OCDE.
Todo esto redunda en las recomendaciones de la OCDE y de la OIT en cuanto a la necesidad de que el mercado laboral chileno avance hacia mayores cuotas de formalidad y de protección social, además de aumentar la capacidad de negociación de los sindicatos, no solamente en los salarios, sino que en otras aristas de las condiciones laborales. Eso hasta el momento avanza tímidamente.
La última encuesta CEP reveló que una de las principales preocupaciones de los chilenos son los bajos sueldos y no la falta de flexibilidad laboral que sostiene la derecha. Esperamos que el informe sobre el panorama laboral no privilegie la típica conclusión mecanicista de aumentar el empleo sobre la base de eliminar las barreras al mercado laboral, las cuales son identificadas con los amortizadores sociales como las indemnizaciones por años de servicios y otros beneficios legales a los trabajadores, que son bien pocos.
Para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales es necesario un cambio discursivo puesto que la derecha todavía se concentra en el aspecto cuantitativo, confundiendo a la opinión pública con la idea de que el aumento en el número de ocupaciones soluciona la preocupación de los chilenos en este tema. Otras deben ser las metas en la política laboral del Estado, no centrarse exclusivamente en la creación de 200 mil empleos en un año, sino en revertir todos los datos que hemos mencionado para generar cambios estructurales. Veremos si el informe pedido por Piñera incluye estos puntos pues, de lo contrario, nuevamente seremos testigos de anuncios mediáticos que no atacan las raíces estructurales de los problemas y déficits del país.
