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¿Han sido eficaces las políticas para enfrentar la pobreza?

por 6 septiembre 2010

No nos equivoquemos: cerca del 60% de los pobres trabajan más de 45 horas semanales y, asimismo, cerca del 50% tienen empleos permanentes, es decir, no son temporeros u ocasionales.

Chile ha vuelto a desnudar sus debilidades después de conocerse –todavía muy parcialmente- los resultados de la Encuesta Casen 2009. Que haya aumentado la pobreza es incluso menos dramático que saber que el 10% de los chilenos más ricos acapara el 40.2% de los ingresos. El Chile del otro 90% de compatriotas es más equitativo y similar; mientras que ese decil vive en otro país, prácticamente en todos los indicadores.

Las cúpulas responsables de la Concertación tendrán que reconocer como fracaso no haber reducido las desigualdades en estos 20 años. Estudios realizados por académicos de diferentes tendencias demuestran que más del 50% de la población -en cualquier momento- puede caer en la pobreza por la vulnerabilidad y precariedad de sus ingresos, y la incapacidad de enfrentar eventos catastróficos como enfermedades caras, pérdidas de empleo, jubilación, entre otros.

Valga la pena recordar que esto no pasó en los últimos tres años. Por el contrario, era un problema que cada dos años aparecía en la agenda, se escuchaban los lamentos del caso y nada cambiaba, porque las políticas económicas y sociales adoptadas no eran eficaces para contraer la desigualdad, ni siquiera para reducir la pobreza. Siempre se esperó más bien que el crecimiento económico, casi milagrosamente, generaría altruismo en los pocos que controlan la producción nacional.

No nos equivoquemos: cerca del 60% de los pobres trabajan más de 45 horas semanales y, asimismo, cerca del 50% tienen empleos permanentes, es decir, no son temporeros u ocasionales.

Se insiste en que la educación es un factor decisivo para superar la pobreza. Dante Contreras, académico de la U. de Chile, señaló que “un hombre que vive en la RM, cuyos padres tienen educación universitaria completa y se educó en un colegio privado pagado tendrá en promedio 200 puntos más en la PAA que una mujer de la IX región, cuyos padres tienen educación básica completa y se educó en un colegio municipal”. Por ello es contradictorio que el gasto promedio por alumno en colegios privados sea  tres veces más que el realizado por el Estado en colegios públicos y privados subvencionados.

Es decir, la política real no sirve para atacar el problema real. Más aún, la herramienta sugerida (educación formal) no es una condición suficiente para asegurar el alejamiento de la pobreza. Según la Casen 2009, el 34% de los indigentes tienen, al menos, educación secundaria o técnica completa, y el 36% de los demás pobres tienen un nivel similar. Obviamente, el discurso oficial tiene defectos de contenido, alcance y condiciones en que la educación resulta útil.

En segundo lugar se dice: ¡Trabaje más! La relación de ocupados promedio es de 0,7 en los hogares calificados como indigentes; de 1,1 trabajador en los hogares pobres; y, de 1,6 personas que trabajan en los hogares no pobres. Es decir, el salario medio del promedio de cada chilena y chileno no alcanza para que la familia deje de ser pobre. Es necesario que trabajen al menos dos personas para este “logro”. Se tiende a destacar que el desempleo entre los pobres afecta al 32% de los hogares, pero es aún más grave que en un 68% de los hogares situados en la pobreza, no hay desempleados. Una vez más la política es errónea.

El Presidente Piñera quiere crear un millón de empleos. Esto no basta porque para avanzar en la superación de la pobreza es preferible y necesario que las remuneraciones de los trabajadores de menores ingresos aumentaran proporcionalmente más que los demás trabajadores, hasta llegar a un salario capaz de sostener una familia tipo. No nos equivoquemos: cerca del 60% de los pobres trabajan más de 45 horas semanales y, asimismo, cerca del 50% tienen empleos permanentes, es decir, no son temporeros u ocasionales.

Si la pobreza personal se mide con el misérrimo valor de $64.134 mensuales, el ingreso mínimo debería aproximarse a cubrir las necesidades familiares. No obstante, las políticas implementadas han sido mezquinas en cuanto a salario mínimo y, por el contrario, en la propia Concertación se ha coqueteado con la flexibilidad laboral que tiende, justamente, a reducir los ingresos. Es decir, otra política que no ayuda a resolver ni la desigualdad ni la pobreza.

En fin, se sabe que la precariedad laboral y la temporalidad de algunos trabajos genera una gran inestabilidad en los empleos; y, que el desempleo, sumado a la incapacidad de ahorro de los hogares conduce a la pobreza transitoria o permanente. Ello genera serios problemas de inserción social en las personas. No obstante, el seguro de cesantía actualmente vigente en Chile cubre apenas al 20% de los cesantes. Entre otras cosas, porque este seguro no cubre a trabajadores del sector público, ni trabajadores por cuenta propia ni de casa particular. Otra incongruencia de las políticas. Especialmente incoherente es la precariedad del sector público, en que los despedidos no tienen derecho a indemnización alguna. Ni siquiera respetando derechos elementales de igualdad ante la ley con respecto a los trabajadores del sector privado.

En Chile hace más de 40 años que no se enfrenta seriamente los problemas de la desigualdad y de la superación de la pobreza. Es el momento de rectificar. Es el momento de romper mitos. En Chile hay un 10% que se lleva el gran pastel. Todos los demás somos bien parecidos. A veces pobres a veces no. A veces clase media, otras pobres. No es posible focalizar políticas o programas sociales en los llamados pobres porque casi todos pueden transitar por allí.

Universalizar la protección social en cuanto a trabajos decentes, seguros de salud, previsión y cesantía; y, muy especialmente, aumentar los salarios básicos con asignaciones familiares, resulta central para combatir la pobreza. Estas son las políticas que afectan la pobreza de manera estructural. El asistencialismo “a golpe de bonos” efímeros, transitorios e insuficientes, tiene capturada la imaginación de gobiernos que se suponen tienen vocación social en América Latina. Se trata de cambiar el asistencialismo por derechos de protección social que asume el Estado, y la sociedad debe decidir acerca del nivel de tributación que asegure tales derechos.

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