Punta de Choros, la voluntariosa intervención Presidencial y las TIC han cambiado el panorama: parece llegado el momento en que los poderes legítimos y/o de facto tendrán que redefinir cuánta participación democrática directa quieren y pueden sustentar como estructura.
Hay muchos que estiman que la propia Constitución Política es ilegítima, que aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche es un exceso o que la Ley Ambiental, minera, pesquera o forestal está superada por sus inequidades. Obviamente la solución no es esquivar la ley vigente, sino reformarla siguiendo los procedimientos previamente normados y acordados por la sociedad para tales efectos.
La democracia, como forma de gobierno, ha venido desarrollándose paulatinamente, con avances y retrocesos, desde su creación en Grecia en el siglo V a.C,. La idea y sus aplicaciones han variado tanto en su concepción semántica (“gobierno del pueblo”), como en su razón participativa: la hemos visto indirecta, directa o plebiscitaria, con derecho exclusivo a voto de patricios, notables o censitario, de alfabetos y mayores de edad; de mujeres, analfabetos y jóvenes. Es decir, una evolución en la que ha oscilado tanto frente a monarquías (gobierno de uno) y aristocracias (de los “mejores”), como entre los diversos niveles de participación en los que ha devenido histórica y/o geográficamente.
Algo similar ha ocurrido con los “partidos”, “bandos” o “facciones”, instituciones que se entienden la base orgánica que la sustentan, si es que entendemos democracia como una forma de convivencia social en la que sus integrantes “son libres e iguales” y establecen relaciones sociales según mecanismos contractuales y de negociación. La Historia nos muestra que la democracia ha tenido, pues, alternativamente, expansiones y contracciones participativas, según sea lo que los grupos de poder en competencia entienden por “pueblo” y sus consecuentes definiciones respecto de quienes son aptos para practicar el derecho a elección y acción para transformar el mundo.
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Junto a la democracia, los partidos han evolucionado, según sus formas de ver la representación social, desde entidades conformadas sólo por “notables”, hasta aquellas de “masas” de los siglos XIX y XX (Weber). Pero también han mutado influidos por entornos económicos y culturales inducidos por el desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia y técnica, obligándolos a su readecuación o desaparición del macro-sistema político, según hayan respondido o no a las condiciones surgidas de las crisis, es decir, cuando “la estructura de un sistema de sistemas sociales admite menos posibilidades de resolver problemas, que las requeridas para su conservación” (Habermas).
En este ámbito, la reciente diligencia presidencial para detener un proyecto termoeléctrico ubicado en las cercanías de una reserva natural en Punta de Choros, instaló en Chile no sólo un nuevo tipo de resolución de problemas, sino una fuerza social emergente que ha demostrado poder para construir futuro, a través de comunicaciones de alta velocidad y una coordinación aleatoria, que, no obstante las posteriores aclaraciones sobre la institucionalidad remecida, deberá ser tomada en cuenta a la hora de proyectar emprendimientos cuyos efectos en el entorno puedan ser definidos inadecuados por sectores ciudadanos, empoderados hoy gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que, por lo demás, están diseñando la nueva Sociedad del Conocimiento.
La profundización y expansión democrática espontánea, expresada en estos movimientos, nos muestra que las TIC redibujan los escenarios sociales, pero también evidencia la obvia insuficiencia del papel de los partidos políticos en los procesos de gestión institucional-burocráticos, que son los que, en definitiva, aportan estabilidad al funcionamiento del sistema. En efecto, ampliar la participación popular implica y ha implicado aceptar que la toma de decisiones conlleva costos y beneficios y que nada es gratis: como ya decían los romanos “do ut des” y/o “quid pro quo”. No es otra racionalidad la que obliga a gobiernos y dirigentes políticos a desagradar periódicamente a sus electores cuando deben jerarquizar el uso de recursos y desviar capitales escasos hacia, por ejemplo, más educación o salud.
Si bien es deseable para el desarrollo humano y la legitimidad política que el mayor conjunto de fuerzas sociales se hagan presentes en la discusión sobre el país que queremos, aún en la forma de estos movimientos “single issues” (Giddens), el eventual reemplazo dirigente de aquellos, por sobre los partidos -cuya visión se espera sistémica, más holística y comprensiva-, exige urgente revisión.
En efecto, en estas crisis se ha podido observar a dirigentes que, con afán de proteger su capital electoral ponen “la carreta delante de los bueyes” y operan reactivamente, “dando el gusto a la gente”. También a quienes han mantenido sospechoso silencio y, los menos, que, arriesgando “popularidad” han expresado posiciones claras, aunque –herida la legitimidad normativa- sin la fuerza carismática que resuelva problemas que podrían superar las posibilidades de conservación sistémica. De allí las voces que exigen hoy una revisión completa de la legislación medioambiental. Es decir, las consecuencias del soslaye de posiciones, responsabilidades partidarias y posiciones poco transparentes, tienen costos tan altos como esquivar normas establecidas, aún so pretexto de sentido común, sensatez o la simple astucia política.
Un proceso de ampliación democrática progresista y debidamente encaminado, importa que los partidos (y demás estructuras institucionales) que la democracia se ha dado, conduzcan la causa con las precauciones procesales correspondientes e integren en su desempeño a los movimientos sociales inorgánicos que, a contar de las TIC’s, son hoy más efectivos y posibles y a liderazgos sociales, más líquidos e inestables, como lo demuestra la explosiva popularidad del Ministro Golborne y la brusca caída de otros.
La próxima discusión de cambios a la Ley Electoral que el Ejecutivo enviará al Congreso parece, pues, el momento preciso para explorar ámbitos de profundización de esta participación ciudadana. Se ha dicho que las leyes están para servir al pueblo y no al revés. Aquello que es ontológicamente cierto, es insuficiente epistemológica y metodológicamente. Es decir, la afirmación no subentiende necesariamente que exista un derecho natural que valide saltarse la norma, cuando aquella está “mal hecha” o es “injusta”, tal como se argumentó en el caso Punta de Choros. Un juicio de esa especie abre las puertas para una crisis sistémica de proporciones, pues hay muchos que estiman que la propia Constitución Política es ilegítima, que aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche es un exceso o que la Ley Ambiental, minera, pesquera o forestal está superada por sus inequidades. Obviamente la solución no es esquivar la ley vigente, sino reformarla siguiendo los procedimientos previamente normados y acordados por la sociedad para tales efectos.
Los partidos políticos e instituciones tienen, pues, ante sí, enormes desafíos: de una parte, saber integrar y de otra, conducir y convencer. Hasta ahora han conservado su poder sistémico, pero mediante la ultra simplificación de sus administraciones internas, oligarquizando sus liderazgos instalados. Por eso han podido remolonear con el cambio al sistema binominal, las formas de elección de sus dirigentes y los endogámicos vínculos con otros poderes, aunque, como hemos visto, no sin consecuencias.
Punta de Choros, la voluntariosa intervención Presidencial y las TIC han cambiado el panorama: parece llegado el momento en que los poderes legítimos y/o de facto tendrán que redefinir cuánta participación democrática directa quieren y pueden sustentar como estructura, antes que los problemas superen las capacidades requeridas para la conservación del sistema. Los casi 5 millones de ciudadanos que se abstienen y los casi 10 millones auto-declarados independientes observan y están a la espera de volver a usar las redes sociales en cada ocasión que estimen conveniente.
