Se pone nuevamente al mapuche como el victimario. Son los malos. Pero en rigor, son solo los excluidos de las supuestas bondades del Chile del Bicentenario.
La huelga de hambre de los comuneros mapuche acapara la agenda noticiosa como nunca antes se había observado en los grandes medios de Santiago. Pasó de ser un tema regional a una preocupación nacional, arrebatándole de paso la sonrisa al Presidente Sebastián Piñera, quien posaba para las cámaras henchido de júbilo después de encontrar con vida a los 33 mineros.
Esa ventana de popularidad y celebración se está cerrando, porque el problema político para el gobierno puede agravarse si uno de los comuneros fallece.
Ya lo han dicho diversos organismos de Derechos Humanos: aplicar la Ley Antiterrorista es inaceptable y viola las convenciones internacionales en la materia.
Hoy, desde la Concertación se reconoce este error, pero fueron las administraciones pasadas las que invocaron esta ley, cuestión que la derecha se ha encargado de recordar. Ahora, urge encontrar una solución para que los comuneros depongan su huelga de hambre, pero eso no resolverá el abandono permanente que han sufrido los pueblos originarios.
Esa exclusión no se expresa solo en aspectos políticos formales, sino también en consideraciones socioeconómicas. De acuerdo con un análisis del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ser miembro de un pueblo originario aumenta la probabilidad de ser pobre en algunas zonas del país. De hecho, según la encuesta Casen 2009, la pobreza en la población indígena llega casi al 20% y de la no indígena al 14,4%.
[cita]De acuerdo con un análisis del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ser miembro de un pueblo originario aumenta la probabilidad de ser pobre en algunas zonas del país.[/cita]
En la Araucanía (la región más pobre de Chile) viven 200 mil mapuche, que enfrentan condiciones de precariedad y desigualdad. Por ejemplo, tienen los niveles más altos de analfabetismo en el país.
Considerando los datos del Censo del 2002, el 60% de las mujeres mapuche que vive en las zonas rurales de la Araucanía no sabe leer ni escribir, mientras que entre los hombres mapuche esa cifra alcanza el 39%. La mayoría de los mapuche que logra entrar al sistema educacional apenas termina la enseñanza básica y quienes continúan hasta la educación superior son casos excepcionales, que no superan el 4%.
Por lo tanto, la lucha política de los mapuche -asociada a la reivindicación territorial y cultural- también tiene un claro sentido de justicia social. Sin embargo, se insiste una y otra vez en el “conflicto” y su cara delictiva. Diversos estudios (Del Valle, 2005; ICEI/UNICEF, 2007) han comprobado que la cobertura mediática y el discurso de las fuentes refuerzan los estereotipos y representaciones negativas hacia lo mapuche, enfatizando su supuesto carácter “violentista”.
Ese tipo de construcción discursiva caracteriza principalmente a las fuentes políticas e institucionales, que emplean los medios de comunicación en el tratamiento del “conflicto” mapuche. Un ejemplo lo entregó recientemente el senador Alberto Espina en la Entrevista del Domingo (TVN, 5 de septiembre de 2010), cuando señaló que los delitos cometidos por los comuneros mapuche son gravísimos y que no existe la posibilidad de recalificarlos.
De todos modos, el parlamentario de RN reconoció la alta precariedad del pueblo mapuche y dijo que apoyaría el proyecto del gobierno que busca modificar la Ley Antiterrorista. Eso sí, insinuó que se debería considerar alguna compensación a los dueños de los fundos, “víctimas de la violencia”.
Así, se pone nuevamente al mapuche como el victimario. Son los malos. Pero en rigor, son solo los excluidos de las supuestas bondades del Chile del Bicentenario.
