En general el Plan está marcado por el “populismo penal” cuyos componentes principales son el discurso y acción espectacular de la mano dura, así como de la responsabilización juvenil del delito.
Las noticias de los últimos días han estado pauteadas por varios hechos complejos, tales como el caso del atrapamiento y hallazgo de los 33 los mineros de Atacama, la huelga de hambre de los comuneros mapuche presos en contra de la aplicación impropia de la legislación antiterrorista y de la justicia militar, la aprobación del impuesto específico a la minería, el aumento de la pobreza en Chile, el abrupto fin presidencial al proyecto termo eléctrico en Barrancones en la inmediaciones de la reserva natural de Punta Choros, y, claro está, la situación de seguridad ciudadana. El caso de los mineros, de los presos mapuche y Barrancones pone de manifiesto el carácter más aparente que real del sistema institucional de protección a las personas y de gestión de la naturaleza.
Por otra parte, si agrupamos como temas: el atrapamiento y hallazgo de los mineros de Atacama, lo que puso de presente la deplorable situación de seguridad laboral de los trabajadores chilenos; el reciente aumento de la pobreza en país rompiendo la tendencia histórica a su disminución en los últimos 20 años, lo que es una consecuencia de la pésima distribución del ingreso nacional debido a la débil capacidad negociadora de los trabajadores, lo mismo vale para la seguridad laboral, y; finalmente, los recientes éxitos en seguridad ciudadana del nuevo Gobierno, ya que en 3,7% han disminuidos las denuncias y 3,5% las detenciones durante el segundo trimestre de este año en relación al mismo del año pasado, aunque a decir verdad, los otros hechos hicieron pasa desapercibidos los éxitos contra el crimen. En todo caso los tres temas tienen en común dos circunstancias: a la pobreza como hecho nacional y; asimismo, que la interpretación de esos hechos y su tratamiento tienen a la indiferenciación ideológica entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo como pretensión de establecer un consenso nacional unívoco para resolverlos como políticas de Estado. Finalmente, en el conjunto de la pauta noticiosa la pobreza y la débil institucionalidad aparecen como los grandes temas; la búsqueda de la igualdad consistente en la disminución de la pobreza y el desarrollo de las instituciones políticas deberían ser los grandes temas a evaluar en estos momentos del bicentenario
Dicho sea al pasar en cuanto a la seguridad ciudadana o pública, en el trimestre pasado 21.100 personas fueron detenidas por infracciones a ley de drogas, de ellas 14.100 por porte de pequeñas cantidades, por tenerlas consigo no por traficarlas, 20.417 por hurto y 4.292 por robo con fuerza que es el delito que más denuncias tiene, aquí hay un evidente mal uso de los recursos que merecería un mayor debate en el campo de la seguridad pública.
La indiferenciación ideológica es el principal argumento de la derecha para imponer sus criterios al conjunto de la sociedad, la desaparición de las características diferenciales de las ideas tiene por fundamento una supuesta ciencia superior, la economía, cuyo saber supera cualquier interés específico por mayoritario que sea, el cual si se reconoce como válido será calificado de populismo, se afirma que no son los intereses de la mayoría los que deben decidir sobre la economía nacional o los asuntos públicos en general sino que los argumentos de la razón, la ciencia y, sobre todo, los de sus expertos. La proliferación de la industria de la expertise o peritaje, de los centros de estudios y las universidades privadas, no son solamente un buen negocio en sí, además, son un eficaz y eficiente instrumento de control ideológico y político. La expresión política de esa hegemonía es la “política de Estado” como un nunca acordado consenso superior que supera las políticas de gobierno o de los partidos políticos.
Plan Chile Seguro
Donde más se utiliza el argumento de la política de estado unívoca y consensual es en el campo de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, se supone que todos los expertos cualquiera que sea su filiación o tendencia política están de acuerdo en una visión y una práctica específica para interpretar y resolver el problema de la seguridad, al decir del poeta en la lucha contra la delincuencia: “la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas”.
No obstante, en el campo de la teoría del derecho y de las ciencias sociales siempre ha habido una profunda diferenciación para comprender y tratar el asunto de la delincuencia, hay profundas diferencias entre la teoría y la práctica en la concepciones del Estado y el derecho, hay profundas diferencias entre la visión y la misión de las instituciones sociales en el campo de la criminología, en el derecho hay escuelas que se mantienen en la concepción y actuación de la justicia retributiva cuya principal institución es el castigo, mientras se le oponen las escuelas de la justicia reparatoria cuya principal institución son las instancias de encuentro y conversación entre víctimas y victimarios para lograr la recuperación de la convivencia social, hay escuelas que se centran en controlar la peligrosidad del delincuente –el enemigo- y hay escuelas que se centran en ofrecer oportunidades y alternativas a quienes han cometido errores o han sido compelidos a transgredir los derechos de los otros.
Desde la escuela de Chicago en los años veinte del siglo pasado, pasando por la criminología crítica de los años setenta hasta la contemporánea escuela de la sociología reflexiva se ha venido desarrollando una consistente crítica científica y política a la interpretaciones y políticas criminales de tipo positivistas y estructuralistas que pretenden hegemonizar la academia y el Estado. Los hechos concretos de la actual situación de seguridad pública han sido escuetamente descritos por Loïc Wacquant, francés profesor en las Universidad de Berkeley, California, quien es el principal exponente en estos temas de la sociología reflexiva, ha dicho: “Descubrí que el sistema carcelario había crecido de manera considerable en Estados Unidos a partir de los disturbios de los años sesenta. En respuesta a esos disturbios se produjo un achicamiento del Estado benefactor y una expansión del estado carcelario”.
[cita] En general el Plan está marcado por el “populismo penal” cuyos componentes principales son el discurso y acción espectacular de la mano dura, así como de la responsabilización juvenil del delito.[/cita]
La actual publicitada preferencia por las víctimas es el invento demagógico del populismo penal del cual tanto abuza la “politicocracia nacional”, preferencia por las víctimas que sólo se expresa como voluntad de retaliación y castigo a quienes infringieron sus derechos, lo que en general conocemos como justicia retributiva. No obstante las víctimas cuando son consultadas por sus preferencias entre el castigo al victimario o ser reparadas moral y materialmente por ellos o por el Estado en su ausencia o por su incapacidad de hacerlo, aquellas prefieren ser reparadas. Para aquellos la reparación de la víctima sería preferible al castigo del victimario que solo genera presos, cárceles y aumento del gasto público. Los estados bien podrían reparar a las víctimas de los delitos comunes de igual manera como vienen haciéndose cargo de las deudas privadas del sistema financiero hasta llegar al borde de la quiebra pública. También los gastos punitivos en construcción de cárceles y mantenimiento de privados de libertad bien podrían ser empleados para la reparación vicaria de las víctimas. Es desde estas tradiciones y posturas críticas que se realiza el siguiente análisis político de Plan Nacional de Seguridad Pública.
La imagen general que expresa y conduce el Plan de Seguridad Pública es el control de los jóvenes y las drogas. Los supuestos del Plan son la verificación empírica según la cual la mayor parte de los detenidos por supuestas infracciones a la ley penal son jóvenes y estaban bajo el efecto de las drogas, esas verificaciones son verdaderas pero ponerlas como fundamento del Plan es erróneo. Si bien es cierto que las estadísticas indican que la mayor parte de los detenidos por presumiblemente contravenir las normas penales son jóvenes; asimismo, también es cierto que un estudio señala que la mayor parte los detenidos en la Región Metropolitana estaba bajo el efecto de las drogas, pero aquello en ningún caso permite afirmar nada concluyente sobre todos los que delinquen, ni sobre todos los que usan drogas, ni sobre el conjunto de los jóvenes. En primer lugar porque el universo de los detenidos no es en ningún caso el universo de quienes delinquen, ni aquellos son una muestra representativa de estos. En segundo lugar, los atributos del universo de los detenidos o de la muestra de los detenidos en la Región Metropolitana, tales como ser jóvenes o usar drogas, no permite inferir nada ni del conjunto de las personas que son jóvenes ni del conjunto de personas usan drogas. Por lo tanto, a partir del universo y la muestra de detenidos en referencia, cualquiera inferencia que se haga sobre el conjunto de quienes delinquen es absolutamente inválida. En los hechos en el año 2009 solamente el 43% de los hechos llevados a los tribunales tuvieron un imputado conocido y únicamente el 16% tuvieron una sanción condenatoria.
La efectiva sobre representación de los jóvenes en el universo de los detenidos en Chile y de quienes usan drogas entre la muestra de los detenidos de la Región Metropolitana, sólo permite suponer que los jóvenes y quienes usan drogas son más vulnerables a la persecución policial del sistema penal y nada más.
Un exhaustivo análisis del Plan Nacional de Seguridad Pública no es posible aquí, pero son de destacarse al menos cuatro puntos conflictivos en su interpretación y propuestas de intervención para mejorar la seguridad pública y ciudadana.
1. El diagnóstico del Plan sobre la seguridad ciudadana en el país tiene varios errores al afirmar que aumenta y es comparativamente mayor que en otros países, pero la delincuencia ha disminuido y la seguridad ciudadana es comparativamente una de las mejores del mundo. Tanto los índices de victimización de hogares de Paz Ciudadana y el INE entre 2004 y 2009 van consistentemente a la disminución, 7,4% y 12,3% respectivamente, pese a que las denuncias aumentaron en igual período en un 16,4%. Ahora si tomamos la victimización personal, según el INE entre 2003 y 2009 esta ha disminuido un 25%. Según Naciones Unidas – Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV, Universidad de Tilburg) – entre los países desarrollados el promedio de victimización personal es de 15,7% y en Chile de 11,5%, de 30 países estudiados solo España, Hungría, Japón y Portugal tienen una mejor situación de victimización que nuestro país.
2. En cuanto a la visión del asunto de la seguridad ciudadana el Plan descarta o minimiza la pobreza económica, la marginalidad social y la exclusión cultural, como causas generales de la delincuencia común, entendida aquella última como la imposibilidad para los sujetos de poder asumir los valores generales de la sociedad. Además, el Plan prescinde de los conflicto intracomunitarios – etarios, de género, orígenes, etc.- como causas específicas de la violencia y las conductas delictivas de aquellas derivadas. Finalmente, el Plan se mantienen en la confusión entre prevención y disuasión del delito al afirmar que: “La prevención social, por otra parte, históricamente se ha confundido con políticas sociales generales y universales, y no se ha focalizado lo suficiente en población vulnerable a ingresar en sendas delictivas”. [p.17.]
El Plan se limita a atribuirle a un conjunto de riesgos subjetivos el origen de la delincuencia, tales como: consumo de alcohol y drogas, malas amistades, deserción escolar, violencia escolar, problemas de salud mental -falta de control de impulsos, “desregulación emocional severa”, bajo nivel de tolerancia a la frustración, etc.-, violencia intrafamiliar y abandono, hogar monoparental femenino, ocio juvenil, etc. El Plan define el asunto así: “El nivel de delincuencia que aqueja a un país no es fruto del azar, sino consecuencia de la interacción de un conjunto amplio y diverso de factores que promueven la comisión de delitos, y que tienen relación con la existencia de circunstancias que los facilitan, de una víctima potencial atractiva o vulnerable y de personas motivadas a cometer un ilícito”.[p.7.] El análisis positivista “ecosistémico” aquí propuesto es simple, hay una víctima atractiva, en circunstancias facilitadoras, donde operan delincuentes motivados.
3. Para prevenir y controlar la delincuencia el sujeto principal de intervención del Plan son los jóvenes y el sistema educativo es el campo central de acción. Los jóvenes aparecen como los principales actores de las conductas delictivas porque son los más pobres y carentes del conjunto social, están en proceso de experiencias formativas ante la vida y poseen pocas habilidades para evitar las intervenciones del sistema penal –policía, tribunales y cárceles-, pero sobre todo porque son los más vulnerables a esas intervenciones. Esto marca una profunda estigmatización de la sociedad contra los jóvenes y una respuesta efectiva y simbólica autodefensiva de ellos que va desde las tribus urbanas a las maras. Este es el problema central del conflicto urbano actual.
4. En breve, como ya se dijo, para esta concepción de la seguridad ciudadana los sujetos peligrosos son los jóvenes y la situación temible es el consumo de drogas.
Comentarios finales
En general el Plan está marcado por el “populismo penal” cuyos componentes principales son el discurso y acción espectacular de la mano dura, así como de la responsabilización juvenil del delito, gracias a lo cual el primer resultado positivo para el Gobierno ha sido la reciente disminución del temor entre la población.
Afortunadamente el Plan desecha la institucionalización los “colaboradores” de la justicia –“los sapos”-, en cambio, desafortunadamente también prescinde de la “justicia vecinal”, aplicación local de la justicia de proximidad plausible buena práctica en los países desarrollados para recuperar la confianza de las comunidades en la justicia, propuestas ambas que publicitadamente fueron anunciados como parte de las políticas de control del delito al inicio del Gobierno actual.
