Se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”.
La problemática mapuche está en boca de todos y es bueno que así sea. Debido a la fuerza que adquiere el espacio 2.0 como lugar de presión de la ciudadanía, la huelga de hambre que realizan 34 mapuches prisioneros en el sur ha sido abordada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien ha propuesto el envío de un proyecto de ley destinado a modificar las figuras penales de la Ley Antiterrorista, además de restringir la competencia de la Justicia Militar en el marco del conflicto.
Pero la decisión del Ejecutivo ha abierto otro debate que, de no solucionarse con la debida prontitud, podría tener un escabroso final, considerando las frágiles condiciones de salud de los comuneros después de más de dos meses sin ingerir alimentos ni agua.
¿Cómo podemos entender este último capítulo de la traumática relación entre el pueblo mapuche y el Estado? Un enfoque que nos permitiría reconocer los elementos en juego nos lo puede otorgar el concepto de Biopolítica propuesto en los años 70’ por el filósofo francés Michel Foucault.
[cita] Se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”.[/cita]
De acuerdo a Foucault, el modelo biopolítico supone una constante preocupación del Estado moderno por la mantención de la vida en la población, mediante la intervención de una serie de tecnologías, saberes y poderes destinados a operar dentro de la sociedad con la finalidad de producir el control social. Dentro de este cuadro emerge el llamado “biopoder”.
Bajo esta óptica es comprensible la decisión del gobierno de escuchar la presión ciudadana para que se ocupara del drama de los 34 comuneros, a partir del cual ha surgido la idea de cambiar la Ley Antiterrorista. Que el Estado tome las riendas para tratar de evitar la muerte de los huelguistas constituye otro de los ejes de la Biopolítica: la soberanía. A partir de ella, el poder se caracteriza por el derecho de hacer morir y/o dejar vivir a las personas, con lo cual se transforma en un “biopoder”.
Lo importante es que el Estado debe partir del principio de neutralidad en lo que se refiere a la protección de la vida humana, por lo que, de no haber escuchado las demandas de la sociedad civil, el gobierno se habría quedado entrampado en la otra cara de la biopolítica: la tanatopolítica, donde el mismo Estado también puede ser el responsable de la muerte indirecta de las personas, si es que no toma decisiones para zanjar un problema tan delicado como éste.
La intervención del biopoder por parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, a la vista de Foucault, históricamente se ha conformado sobre la base de una “genealogía del racismo”. Esta la podemos situar desde la pacificación de la Araucanía entre 1880 y 1884, donde el poder estatal intervino directamente con una política de exterminio sobre los cuerpos de los mapuche y de su sistema de saberes (cultura). A partir de este hecho se entiende mejor el elemento disciplinador de la biopolítica del Estado hacia los mapuche: se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”. La disciplina estatal, sumada a este conjunto de saberes negativos en torno al pueblo mapuche, es lo que ha coadyuvado al actual tipo de situaciones, de la cual somos testigos.
Lamentablemente, el enfoque biopolítico realizado desde el poder del Estado se ha administrado de modo equivocado para enfrentar la mayor autonomía administrativa y cultural que exigen las comunidades. Estamos en presencia de lo que Foucault llama “las discontinuidades o rupturas” que se generan en toda sociedad, donde a menudo coexisten -y llegan a chocar- estrategias de control social y, por ende, estrategias de resistencia, como las que están realizando en estos momentos los 34 mapuches en prisión.
Otros exponentes de la filosofía política que sigue la obra foucaultiana, es el italiano Giorgio Agamben, quien enriquece el enfoque biopolítico a partir de la histórica división que advierte entre la vida privada de las personas y la exclusión de ésta por parte del espacio público-político. La historia nacional nos habla de la discriminación y marginalización del pueblo mapuche en la sociedad nacional; el mapuche no vive dentro de la comunidad nacional, sólo se le considera cuando viola lo establecido por la ley.
Detrás de esta lógica de exclusión, Agamben observa otro problema, que siempre ha estado presente en nuestro histórico conflicto con los pueblos originarios: la defensa de una forma de vida. Si algunas comunidades sostienen la lucha contra el Estado, las autoridades no deberían concentrarse en ver amenazada la soberanía de las leyes, sino que deben apuntar hacia la demanda más profunda que realizan los afectados: mantener una forma y un estilo de vida que es relativamente reconocido por el Estado. “Una vida que no puede separarse de su forma es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir”, afirma Agamben. El juego de palabras más que confundirnos, debería hacernos llegar a otro nivel de reflexión acerca del llamado conflicto mapuche, el cual es más un conflicto que proviene de las entrañas del Estado mismo y su antiguo enfoque biopolítico.
Precisamente, la biopolítica se caracteriza por su dinamismo, es un constante campo de relaciones de poder cotidianas, de estrategias y choque en el sentido amplio de la palabra, que no incluyen los clásicos ideologismos del siglo XX para estudiar un problema social.
