Los huelguistas han transformado una ley que era aplicada discriminatoriamente en un símbolo de su lucha. Y han dejado atrapado al Gobierno en un sus propias contrariedades. Han sido capaces de demostrar la rigidez mental de nuestra clase política y los visos autoritarios que siguen viviendo en su seno. Nosotros no queremos que pague Moya, queremos que la vida de los mapuches no quede como costo en la conciencia histórica de nuestro país.
Extrañas han sido las declaraciones de los ministros Hinzpeter, Larroulet, y la ministra Von Baer estos días. Ante cada crítica o pregunta inquisitiva de un periodista por los pasos en falso en su estrategia de negociación por la huelga mapuche, la respuesta ha sido un simple: “la culpa no es mía”, cual colegial que es reprendido por el profesor ante la omisión de la tarea no hecha.
Así hemos visto una seguidilla de frases del tipo “es culpa de la oposición que nos cerro la puerta en el parlamento” de Von Baer, “la culpa es de los errores que heredamos de la Concertación” de Larroulet o “la culpa es de la intransigencia de los huelguistas” de Hinzpeter.
En la vieja democracia, las respuestas son bastantes más simples. Hay un sólo responsable del manejo de las crisis políticas en el país y el llamado a quemar sus naves en solucionarlas: el Poder Ejecutivo o gobierno. Así lo decidió la ciudadania y así se ha entendido en la historia republicana de nuestro país. Al gobierno es a quién le hacen la huelga de hambre, y él es en último término el responsable de la solución, por la vía que privilegie en tal sentido.
[cita]Los huelguistas han sido capaces de demostrar la rigidez mental de nuestra clase política y los visos autoritarios que siguen viviendo en su seno. Nosotros no queremos que pague Moya, queremos que la vida de los mapuches no quede como costo en la conciencia histórica de nuestro país.[/cita]
Las tácticas disuasivas y declaraciones intentando justificar inocencia, pueden ser una hábil estrategia comunicacional inicial, pero una tramposa solución política al finalizar el día. Es más valiente asumir los costos de los propios actos y a partir de ellas dar respuestas. Llevar al paroxismo el extrapolar las culpas, sólo demuestra la incapacidad de llevar la agenda a buen término y la nula coordinación respecto a la estrategia política a seguir. Es el viejo «paga Moya» chileno, el no hacerse responsable de las consecuencias de los propios actos y el tan chileno “tratar que el responsable sea otro” de las consecuencias de mis decisiones.
Soy un convencido que no se ha hecho todo lo posible por evitar la huelga de hambre mapuche. La reacción gubernamental fue tardía (después de 50 días de huelga) y muy diferente en magnitud a la reacción que se tuvo para el caso de los 33 mineros. Acá también hay más de 30 vidas de chilenos en riesgo, pero no han merecido la visita del Presidente de la República o su ministro de Interior, no ha existido Plan A, B o C de rescate.
Simplemente ha existido una estrategia confusa, liviana y carente de toda lógica para la solución. Los huelguistas han transformado su protesta moral en una lucha entre ellos y el poder del gobierno chileno. Ellos parecen tener claro su objetivo y altos grados de legitimidad en sus pretensiones. El Ejecutivo parece no tener clara la legitimidad de su propia posición ni claridad de sus responsabilidades, ni menos cuales son sus límites para negociar. El camino aún no tiene salida.
Sospecho que detrás de la actitud gubernamental conviven dos vertientes: la Thatcheriana, que al igual que la dama de hierro inglesa en 1981 -producto de la huelga de hambre del IRA– considera está medida de presión ilegítima y proveniente de un grupo de “terroristas”, y por lo tanto se niega a negociar; y una vertiente democrática, dispuesta a hacer todos los esfuerzos legítimos para lograr llegar a un acuerdo con los huelguistas. El problema es que ninguna de las dos estrategias se impone en el Ejecutivo y nadie de los primeros –a pesar que a través de los ministros citados, parece preparar el terreno- está dispuesto a asumir los efectos políticos de su dura opción.
La actitud frente a las modificaciones de la Ley Antiterrorista de Hinzpeter esta semana y su intransigente posición respecto al delito de incendio parecen inclinar la balanza hacia la tendencia Thatcheriana.
Margaret Thatcher ante la muerte de Sands, líder de los huelguistas del I.R.A el año 1981, declaró en la Cámara de los Comunes que «Mr. Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida”. La dama de hierro tuvo la valentía de defender su dura opción. No culpó a otros. No miró hacia al lado. No pagó Moya. Asumió los costos políticos de su cruel opción. La historia la juzgó. Espero del gobierno la misma claridad y la misma consecuencia en su –a mi parecer- errada decisión.
Por ahora yo soy de los que ruega urgente por una solución. Que se agoten todas las vías de legítimas de negociación. Que dado ese paso, se intente forzar la alimentación. El debate es hoy valórico y no político, y un claro mensaje a la tremenda deuda moral que tiene el Estado de Chile con sus pueblos originarios. La opción debe ser moral o no serlo. El valor de la vida de los huelguistas es la prioridad.
