Cuando los derechos son conculcados, como es el caso de los huelguistas, la intransigencia en su defensa es de sentido común. Así lo entiende el Relator Especial de la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, por lo que sería importante valorarlos.
La vocera de gobierno, Ena Von Baer, ha acusado a los comuneros mapuches en huelga de hambre de intransigentes, y los culpó de hacer fracasar un acuerdo; seguidamente les culpa anticipadamente de un potencial muerto.
Por otra parte, en sectores proclives a la “causa mapuche” se instala la idea que éstos “se han vuelto intransigentes” y que debieran ceder.
La “cultura de la transición” se forjó en la búsqueda de acuerdos entre “sectores irreconciliables”, transformándose esto en un valor pues producía paz y estabilidad, aunque el poder estuviera desigualmente distribuido. El consenso se elevó al ideal de país reconciliado, aunque no necesariamente produjera justicia.
Si se entiende que la transición terminó, hay que asumir que otros valores de la cultura política entran en escena y pueden ser muy positivos para resolver los problemas como la desigual distribución del poder y las injusticias.
En un sistema democrático como el nuestro, que paradojalmente es imperfecto y sólido a la vez, es inevitable el regreso de la normalidad política y ésta implica que se hace más evidente la lucha de intereses contrapuestos, con estrategias distintas en un campo político que se asume como perfectible y respetado por todos. El triunfo de Piñera es el definitivo fin de la transición.
[cita]Cuando los derechos son conculcados, como es el caso de los huelguistas, la intransigencia en su defensa es de sentido común. Así lo entiende el Relator Especial de la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, por lo que sería importante valorarlos.[/cita]
Si uno observa a Argentina, lo que ve es una sociedad “en conflicto” y muchos aquí se admiran que funcionen las cosas. Incluso la mayoría de los temas conflictivos son puestos por el Gobierno: el impuesto a los cerealeros que derivó en una huelga empresarial; la re-estatización de los Fondos de Pensiones que llevó a las protestas de los grupos financieros que auguraron un quiebre del sistema económico; la aprobación del matrimonio homosexual que movilizó a los conservadores por el supuesto peligro para la unidad básica de la patria, o el conflicto por el proyecto de ley que democratiza la prensa y que tiene a los medios en contra de Cristina Fernández. ¿No es esto, acaso, positivo cuando uno elige gobiernos para que cambie las situaciones de inequidad que son sustentadas por los poderes económicos, culturales y políticos?
En Chile por otra parte, comienza a abrirse tímidamente, un debate sobre la transición y la negociación que hubo entre la dictadura y la oposición de la época, luego de los 20 años de gobiernos de la Concertación. Carlos Ominami se ha preguntado si no se fue lo suficientemente intransigentes para defender ciertos principios democráticos, que incluso estuvieron incluidos en el Acuerdo Nacional y otros como los producidos en casa del RN Carlos Reymond, sobre un Congreso sin senadores designados, por ejemplo. Cuestiones éstas que hubiesen impedido la distorsión de la mayoría o el haber tenido a Pinochet de senador, entre otras. Parte de esa “no intransigencia” intentó ser balanceada con aquella coalición de la “Intransigencia Democrática”, que por el año 1987, buscó la unidad de toda la oposición para producir una negociación acompañada de la presión de la movilización social pacífica.
En fin, desde la lógica actual de un sistema democrático en forma y frente a este “conflicto mapuche”, debería elevarse a la categoría de valor positivo su intransigencia, pues los términos del presunto acuerdo efectivamente no resolvía plenamente los motivos de la huelga de hambre. Huelga que al terminar cesará con el “tema mapuche” en los medios con sus efectos políticos, dejando de preocupar a los chilenos, tanto gobernados como gobernantes.
Cuando los derechos son conculcados, como es el caso de los huelguistas, la intransigencia en su defensa es de sentido común. Así lo entiende el Relator Especial de la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, por lo que sería importante valorarlos.
Más bien lo que impone es un telefonazo para que los poderes del Estado se decidan a cumplir con el Convenio 169 de la OIT que es ley de la República.
