Hoy se viven las consecuencias de la destrucción de la educación pública que proyectaron los asesores civiles que gobernaron con Pinochet en la década de 1980. Las universidades estatales quedaron gravemente heridas luego de funcionar durante tres décadas con aportes insuficientes y trabas administrativas. Se permitió de manera deliberada que floreciera un mercado privado de educación, para beneficio de potentes grupos económicos encabezados por los mismos que en dictadura trataron de destruir y debilitar desde el gobierno a las universidades estatales.
Hemos llegado al punto en el que la asimetría en la competencia por recursos y estudiantes ha favorecido tanto a los planteles privados, que estos se encuentran en condiciones de generar una ofensiva desde sus casas de estudio, el gobierno y los medios de comunicación, demandando subsidios del estado para sus propios negocios.
Lamentablemente, Chile es el único país donde se ha dado plena libertad al mercado para cumplir tareas inherentes a lo público en rubros tan delicados como la educación. Donde a la motivación de lucro, disfrazada de emprendimiento, se le permite anteponer los propios bolsillos a las personas y exigir que el Estado les entregue recursos extras por eso.
Desde el Ministerio de Educación se ha propuesto una nueva institucionalidad para agrupar a todas las universidades acreditadas, bajo el argumento que el Consejo de Rectores “discrimina” a las que fueron creadas después. Los grandes consorcios pretenden con esta victimización, convencer de que es lógico sentar a prestigiosos Rectores académicos de universidades tradicionales, elegidos entre sus pares, con administradores designados por empresarios en sucursales educacionales. No les basta la influencia de sus capitales y quieren hacerse un lugar en los espacios de deliberación política donde hasta ahora el prestigio académico, del que carecen, no les ha permitido ingresar.
Otra medida indicada ha sido el transformar el Aporte Fiscal Directo en Fondos concursables, a los que pueda postular cualquier privada acreditada. Han argumentado en la “calidad” sus defensores, sin referirse a que esta produzca o no un beneficio social, y nada han comprometido en relación a eliminar el lucro, que como motivación principal, es en si mismo un argumento para no financiar con recursos fiscales a quienes van a privilegiar las ganancias privadas, independiente de que al otro lado haya un estudiante vulnerable, una familia pobre, o un consumidor desvalido.
Privilegiar el financiamiento en función de la calidad, hace capitular la excelencia propia de un quehacer académico, basado en el prestigio y la tradición, frente a indicadores forzosamente introducidos por ideólogos de la liberalización económica. La igualdad de trato a que esto conlleva, implica ni siquiera esforzarse por alcanzar, sino concretamente desmerecer, las características que hacen a las universidades tradicionales dignas de su sitial. Por eso los representantes de universidades privadas han evitado hablar de la diversidad de la composición socioeconómica de sus estudiantes, el pluralismo de su enseñanza, de la formación de valores democráticos, la participación de los estamentos en su gobierno, o cualquier otra cosa que huela a público, que ponga a la universidad al servicio de la sociedad y que les impida enseñar lo que quieren, de la manara que se les antoje y en función de los interese que le sean propios. Renuncias que no están dispuestos a hacer para acercarse a merecer los aportes que el Estado les pueda entregar.
La reforma a la educación superior anunciada desde el MINEDUC ha escondido con pieles de oveja a peligrosos lobos de crecidos colmillos, que argumentando con eufemismos y lugares comunes su supuesto bienintencionado aporte, buscan asestar el golpe final a los universidades que ya una vez trataron de destruir. Han trabajado muy bien su discurso para encubrir las ansias enormes de aumentar su tajada en el lucrativo negocio de la educación superando las últimas barreras que hacen del quehacer universitario una tarea pública de interés nacional, donde el objetivo debe ser preservar el interés común, la identidad cultural y los valores democráticos, al margen de cualquier influencia económica, política, doctrinaria o confesional.
(*) Publicado en el El Quinto Poder
