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Editorial

La UDI y la responsabilidad del Estado

por 7 octubre 2010

La UDI y la responsabilidad del Estado
Ante la fallida extradición del imputado Galvarino Apablaza y el asilo otorgado por la República Argentina, la Unión Demócrata Independiente, partido del asesinado senador, ha exacerbado el lenguaje crítico, hasta comprometer de manera seria el interés nacional de Chile, dada su condición de partido de gobierno.

Chile es un país de una historia reciente marcada por crímenes odiosos, muchos de ellos cometidos con activa participación de agentes del Estado. Su esclarecimiento, cuando ha sido exitoso, ha tardado muchos años, y en la generalidad de los casos, la investigación ha debido romper una maraña de obstáculos administrativos, silencios cómplices o actitudes ambiguas de quienes podían o debían aportar a la justicia.

Al instalarse la democracia, se hizo un esfuerzo fundamental por terminar con las atmósferas de impunidad ante crímenes de clara motivación política ocurridos en la etapa previa, y la sospecha recurrente de manipulación por parte de instituciones del Estado para encubrirlos.

De ahí que el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en plena democracia, sea tan odioso y el castigo de los culpables un objetivo tan emblemático para nuestro Estado de derecho.
Además de injustificable, el crimen significó la desaparición de una influyente personalidad, conocedora de los círculos de poder del gobierno militar, cuya colaboración habría sido de un valor incalculable para los procesos de verdad y justicia en el país.
Si bien su rol en la dictadura militar aún resulta controvertida para una cantidad apreciable de chilenos, son muchas las personas –incluido el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade- que reconocen haber recibido su amparo y protección durante la dictadura, lo que hace suponer una disposición abierta a colaborar con la justicia, una vez recuperada la democracia.

Esa es la razón esencial de la unanimidad nacional en la condena del asesinato, y el respaldo a los diferentes gobiernos para lograr que los imputados de su asesinato sean juzgados en Chile. Porque con su muerte perdió la democracia.
No obstante ello, ante la fallida extradición del imputado Galvarino Apablaza y el asilo otorgado por la República Argentina, la Unión Demócrata Independiente, partido del asesinado senador, ha exacerbado el lenguaje crítico, hasta comprometer de manera seria el interés nacional de Chile, dada su condición de partido de gobierno.

Ante la fallida extradición del imputado Galvarino Apablaza y el asilo otorgado por la República Argentina, la Unión Demócrata Independiente, partido del asesinado senador, ha exacerbado el lenguaje crítico, hasta comprometer de manera seria el interés nacional de Chile, dada su condición de partido de gobierno.

El tono y los términos usados, han creado una atmósfera enrarecida en las relaciones entre ambos países, propicia a respuestas irracionales en un momento en que Chile necesita la mayor tranquilidad vecinal para atender una controversia pendiente en su frontera norte.

El Presidente de la Republica declaró que la decisión del gobierno transandino “no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina”, y ordenó a la Cancillería llamar a informar al embajador en Buenos Aires, y citar al representante argentino en Santiago para expresar la molestia del gobierno. Ello es una expresión fuerte del Estado chileno, que solidariza con la postura de la UDI.

Pero a sus dirigentes, posiblemente exacerbados por el apoyo transversal recibido, no les pareció suficiente. Y acometieron una imprudente escalada de opiniones contra el Estado y las autoridades argentinas, confundiendo su interés personal con el del Estado chileno.

Las frases tajantes y admonitorias del senador Andrés Chadwick dichas a diferentes medios son ejemplo de esta intensidad de lenguaje. “Es completamente inaceptable que la Presidenta de Argentina haya decidido amparar y proteger a un delincuente”; “Ella es la responsable de que el gobierno argentino ampare hoy día a asesinos y terroristas, (…); “las relaciones entre ambos países no pueden ser igual que antes después de esto”; “Esta es una tomadura de pelo de la Presidenta Fernández a la Corte Suprema y a la ley Argentina (…) y muy especialmente a todo el Estado de Chile.”; “Chile ha sido objeto de una verdadera insolencia de parte del gobierno argentino".
Su compañera de partido, Mónica Zalaquett, agregó una joyita: “Cuando un país defiende la impunidad de un asesino, (…) ya no existe diplomacia”. Todo con epítetos como “ridícula” e “insolente”, para referirse a la decisión de asilo.

En tal intercambio de apreciaciones, la desafortunada respuesta de Héctor Timerman, el canciller argentino catalogando de “payasadas” las declaraciones de los dirigentes gremialistas, solo agregó una nota más a la irracionalidad.

Independiente de los énfasis aplicados por los sucesivos gobiernos chilenos, que según el abogado que nos representa en Argentina siempre han sido iguales desde el 2005, y sin perjuicio de la ira que pudieran experimentar los colaboradores más cercanos del senador asesinado, hay límites prácticos que no se deben traspasar para referirse a actos soberanos de otro país. Especialmente si con él tenemos relaciones de todo tipo, bien asentadas en un interés permanente basado en la vecindad y la cooperación. Y sin olvidar que los gobiernos cambian.

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