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Chile, la OCDE y el Frente Anticorrupción

por 9 octubre 2010

Estamos desencantados con la Contraloría General de la República, a la luz de sus últimos dictámenes que desconocen de plano los contenidos de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, pues por razones ininteligibles, ha permitido en los hechos que los permisos de edificación ilegales no sean invalidados por quienes los hayan otorgado.

En razón del conocimiento acabado que tenemos de la administración del Estado en temas asociados a vivienda, urbanismo, medio ambiente, transporte, patrimonio histórico y obras públicas, hemos llegado a la conclusión de que nos hallamos en condición de outsider del sistema. Ello, por cuanto, en nuestro país el servicio por el interés público en general no existe, habida cuenta la laxitud funcionaria que constatamos recurrentemente en nuestra función de fiscalización ciudadana.

Y es más, ser outsider en estas condiciones es lo lógico en individuos que creemos en la democracia participativa y en el libre mercado con muchos oferentes y demandantes que actúen en igualdad de condiciones. Quisiéramos tener un Estado eficaz y eficiente y, por tanto, rechazamos de plano las débiles instituciones que en yunta con los grupos económicos dirigen los destinos del país.

A la fecha, en materia de combate a la corrupción, el gobierno de Piñera aparece igual de desinteresado que los gobiernos de la Concertación, lo que nos pone en una situación embarazosa ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que exige altos estándares en la gestión pública en los países que adscriben a ella, como es el caso de Chile. No olvidemos que nuestra agrandada institucionalidad, aduciendo presuntos méritos en materia de probidad y gestión económica, bregó por mucho tiempo para que esta prestigiosa organización internacional consintiera en aceptarnos como miembros plenos, lo se produjo finalmente en mayo pasado.

Estamos desencantados con la Contraloría General de la República, a la luz de sus últimos dictámenes que desconocen de plano los contenidos de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, pues por razones ininteligibles, ha permitido en los hechos que los permisos de edificación ilegales no sean invalidados por quienes los hayan otorgado.

Ahora bien, no obstante tan jactanciosa pretensión, ocurren a diario hechos que la ciudadanía padece y que desmienten tanta pedantería de la clase dirigente. Así  constatamos, permanentemente, cómo aquello que se escribe con la mano luego se borra con el codo. Para muestra, téngase presente, que por una parte, se creó el Consejo para la Transparencia, organismo que ha desarrollando una exigente y fructífera labor en pos de las buenas prácticas administrativas, hecho que casi le cuesta una fuerte reducción de su presupuesto. Por otro lado, se aprueba la Ley Nº 20.447 que olímpicamente impide el ingreso de los ciudadanos interesados en conocer la labor de las comisiones de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Es decir, esta forma de secretismo legislativo echa por tierra lo avanzado en transparencia y apertura a la democracia, lo que debe entenderse como un brutal retroceso en el ejercicio de las políticas públicas. Los honorables del gobierno y de la oposición se pusieron de acuerdo para analizar los proyectos de ley sin el escrutinio de sus mandantes.

Asimismo estamos desencantados con la Contraloría General de la República, a la luz de sus últimos dictámenes que desconocen de plano los contenidos de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, pues por razones ininteligibles, ha permitido en los hechos que los permisos de edificación ilegales no sean invalidados por quienes los hayan otorgado. Sostiene que los particulares que han obtenido permisos viciados por parte las Direcciones de Obras Municipales son todos unas santas e inocentes palomas que desconocían las ilegalidades allí contenidas y que, naturalmente, les producían mayores beneficios económicos.

La mencionada Ley del Procedimiento Administrativo, que está vigente desde mayo de 2003, consagra todas las bases del mismo para asegurar que las tramitaciones de los actos sean siempre apegadas a derecho. Entre otros aspectos, para evitar la colusión entre funcionarios públicos y actores privados, uno de sus artículos señala que : “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”. De esta manera, si bien siempre es posible que la autoridad se “equivoque” para favorecer al particular poseedor del permiso, si se detecta dicho ardid dentro del plazo mencionado, la Contraloría General, debe obligar al funcionario municipal para que deje sin efecto el permiso mal otorgado.

Pero la Contraloría General, ha adoptado la doctrina de no exigir el cumplimiento de la Ley Nº 19.880, con el argumento de que “la invalidación administrativa de los actos irregulares tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la administración, de manera que las consecuencias de aquéllas no pueden afectar a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo de las mismas, aspecto que debe ser debidamente ponderado por el titular de la potestad invalidatoria en los casos que corresponda y conforme al mérito de los antecedentes respectivos”.

Pero esta doctrina que tiene una alta dosis de lógica, es válida, si y sólo si, en el caso de que la correspondiente y debida investigación a realizarse por el Ministerio Público, acredite que efectivamente existió buena fe y la ilegalidad no resultó de la colusión entre el privado beneficiado y el funcionario municipal equivocado. Sin embargo, lo que permanentemente ocurre en los hechos, es que no se instruye investigación alguna, dándose por sentada la buena fe de los involucrados. Nadie entiende por qué la Contraloría mantiene al margen al Ministerio Público de la investigación de esta clase de posibles delitos funcionarios y que pueden llegar a costar millonarias sumas de dineros al Estado como ocurrió con la concesión de la autopista Vespucio Sur, calificada de “autovía” para eludir la evaluación ambiental de la misma. Si la Contraloría carece de los medios de indagación y pesquisa que la ley provee a los fiscales ¿por qué se arroga la autoridad de sustentar que una ilegalidad es sólo fruto de un error funcionario? ¿No se estará remplazando el Estado de Derecho por el Estado del Hecho Consumado?

Entre otras nefastas consecuencias que se están produciendo con esta doctrina es que los inmobiliarios honestos quedan en clara desventaja ante sus competidores que no lo son, pues aquellos otros que obtienen permisos indebidos los incorporan en sus patrimonios, configurándose una competencia absolutamente desleal que corroe y desnaturaliza el libre mercado y la igualdad ante la ley.

Ahora bien, el 15 de septiembre pasado fuimos recibidos por la OCDE en París, Francia, ocasión que aprovechamos para ser portadores de documentos de la Conupia, organización de pequeños empresarios, y de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (Acoin), en los cuales se reflejan las demandas y reclamaciones de ellas en contra de nuestra institucionalidad.

En los primeros se plantea de manera enérgica las asimetrías e inequidades en nuestro sistema de mercado, como las fallas del Estado que perjudican a las medianas, pequeñas y micro empresas en nuestro país. En tal sentido, en los próximos días, con su presidente Pedro Davis, en conferencia de prensa, informaremos a la opinión pública qué es lo que espera la Conupia del gobierno para levantar a esas alicaídas empresas que trabajan esforzadamente en condiciones tan desfavorables.

Por su parte, en los segundos, Acoin acusa a la mega inmobiliaria Paz Corp por haber forzado unilateralmente a los propietarios del colapsado edificio Emerald a suscribir una declaración en la que renuncian a pedir cualquier asesoría legal a esa asociación de consumidores, ello a raíz de las consecuencias del terremoto del 27 de febrero. También se cuestionó al Sernac por su indiferencia ante el reclamo formulado a éste, teniéndose presente que la Cámara de la Construcción, en conocimiento de la deplorable práctica de Paz Corp, optó por el  mutismo, comportamiento habitual en este gremio empresarial ante situaciones comprometedoras. Recordemos que en este sector económico no existe la autorregulación del mercado.

Por lo anterior sostenemos que el Frente Anticorrupción, creado hace más de un año, conformado por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República, aludido por nosotros en columna pasada, tiene el deber ineludible de iniciar con convicción su tarea, con el necesario alarde de sus éxitos, para que en Chile impere plena probidad en las actividades económicas y tenga así méritos suficientes para ser un miembro idóneo de la OCDE, lo que le manifestamos el lunes 4 de este mes durante una reunión sostenida en su despacho al presidente de la Corte Suprema.

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