Sin duda que la discusión no es mercado o Estado, pero la derecha tiende a evaluar con gran rigor el desempeño público pero una vez lograda las privatizaciones se oponen tercamente a evaluar el dudoso impacto social de servicios pasados a los privados (luz, agua, puertos, pensiones).
En el Presupuesto el Poder Ejecutivo está llamado a traducir sus opciones programáticas y áreas prioritarias en decisiones presupuestarias. Varios analistas han tendido a destacar que la presentación presupuestaria del gobierno actual más se parece a una “Concertación cinco”.
La Concertación empezará a sufrir en carne propia la asimetría fundamental, en perjuicio del Congreso, que caracteriza el debate presupuestario. Pero sobre todo no podrá basar su participación en la “defensa del legado” (que en lo formal aparece muy respetado) sino en propuestas de políticas públicas adicionales.
El gobierno tiene dos ventajas y dos desventajas en esta coyuntura. En el contexto macroeconómico se espera que el PIB en el 2011 alcance un crecimiento de un 6,1% como efecto del sostenimiento de la demanda interna y un aumento importante del valor de las exportaciones. El precio esperado del cobre se ubica en 324 centavos de dólar la libra.
Segunda ventaja. El gobierno actual acepta sin complejos un déficit estructural para todo su período de gobierno. Del mismo modo, acepta déficits efectivos para el período indicado. Más allá de los discursos, el nuevo Presupuesto sugiere un cierto distanciamiento de la ortodoxia y una disposición a utilizar los recursos disponibles. Algunos han sugerido que la política de superávit de la Concertación constituyó la principal traba para mejores resultados sociales y políticos.
Una desventaja es que el tipo de cambio del dólar será un tema crucial del debate macroeconómico y de la discusión sobre el presupuesto del 2011 que estima un tipo de cambio del dólar promedio de 500 pesos. Si bien el cobre es competitivo a un valor del dólar de 400 pesos, los demás rubros (frutas, vinos, productos del mar) requieren un tipo de cambio mayor. Como sea, los procesos que podrían haber sido impulsados para diversificar exportaciones se tienden a congelar. Una desventaja adicional es el alto costo de la energía en el marco del modelo regulatorio vigente.
[cita]El gobierno se encargó de mantener un discurso “acorde” con la tradición de protección social que se ha implantado en el país en los últimos años pero hay demasiados “cabos sueltos” en cuanto a la manera en que pretende llevar a cabo los objetivos.[/cita]
El problema en este ámbito es que el proyecto de presupuesto no presenta indicios de búsqueda de otra política para enfrentar esta situación ayudando a mejorar el desarrollo de la competitividad. La eliminación de un préstamo vigente del Banco Mundial radicado en el Ministerio de Economía, la práctica desaparición del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (presuntamente dirigido desde California por el ex senador Fernando Flores) y el estancamiento del presupuesto previsto para el ministerio indicado, no son halagueñas en este sentido.
En cuanto a los presupuestos para educación y salud, el debate se ha centrado no tanto en el monto de las asignaciones, sino en la orientación del gasto. Lo que el gobierno elude responder derechamente es si se va a privilegiar el fortalecimiento de la provisión pública o la compra de servicios al sector privado.
Si bien pareciera que la estrategia gubernamental es de máxima prudencia para evitar ser catalogada de neoliberal las sospechas de traspasar, crecientemente, responsabilidad a los privados han aparecido claramente en declaraciones anteriores de los ministros Lavín y Mañalich. La discusión podría –o debería- permitir enfrentar y comparar diseños de políticas y modelos de resolución de los distintos problemas que aquejan al país; el rol del Estado en la economía; la política social y la provisión de los diversos servicios financiados por el Estado.
No obstante, la oposición que aún no se recupera de la derrota electoral, no ha mostrado gran capacidad de precisar lineamientos estratégicos comunes ni siquiera en temas que estaban en el ADN del centro y de la izquierda (el cobre de Chile). Además, ello se ha podido observar en el hecho que la confrontación más fuerte ha tenido lugar en torno al financiamiento del Instituto de Derechos Humanos y del presupuesto de la primera dama. Es probable que el debate haga traslucir en la oposición debates que se habían neutralizado -sino escondidos- en el seno de la Concertación como el rol de los privados en la provisión (no así necesariamente en el financiamiento) de los servicios educacionales y de salud.
En salud el presupuesto de 2011 implica un alza de 12,4% con respecto a 2010. No obstante, en valores, este presupuesto aumentará en 500 mil millones de pesos, pero el aporte proviene esencialmente de las cotizaciones que aportará el traslado de cotizantes de Isapres a Fonasa y de los nuevos entrantes al sistema y no del aporte fiscal. El ministro Mañalich afirmó el 1° de octubre que “el presupuesto permitirá normalizar y prácticamente llevar a cero la gigantesca deuda de los hospitales públicos que, ascendía a 200 mil millones de pesos en el mes de marzo recién pasado”. El propio Ministro había afirmado que la deuda era inferior hace algunas semanas.
Además, este valor es muy diferente al que cuatro días después anunció el director de Fonasa, Mikel. Uriarte: “la deuda que… los hospitales y servicios de salud mantienen con sus acreedores privados -sobre todo con clínicas y laboratorios-, y que en julio llegó a $106 mil millones”.
Los expertos financieros se preguntan si en este “error” no se esconde el decidido incremento de la compra de prestaciones al sector privado lo que puede terminar desarticulando el sector de salud y, por cierto, al sector público. En efecto, la cifra destinada a compra de listas de espera AUGE es solo de $6.000 millones pero no hay claridad en el destino de los otros 165 mil millones de pesos para el Auge. El temor de los funcionarios se basa en que los analistas estiman que la privatización del sector salud no será como la electricidad o el agua sino, más bien, como en Ferrocarriles en que las propias autoridades abandonarán al sector para que florezca el sector privado y los hospitales públicos terminen vendiéndose como chatarra de rieles.
Por su parte, el Presupuesto de Educación aumenta en un 7,8%. No obstante, los gastos en personal aumentan significativamente menos (2,8%); la dotación máxima de funcionarios se reducirá en – 7,5% para el 2011, es decir, una reducción absoluta de 150 funcionarios.
En relación con la subvención educacional, el crecimiento global (5,9%) resulta modesto atendido el objetivo del Gobierno de doblar la subvención escolar en su período. Otro indicio que hace sospechar de las tendencias privatizadoras es la reducción (24,9%) del Apoyo a la Gestión Educativa Municipal.
Si bien podrá argumentarse que, en cambio, el presupuesto para mejorar la infraestructura educacional, es de 108% esto era obvio porque es necesario reponer los daños materiales del terremoto. Dos terceras partes de estos recursos están destinados a financiar la infraestructura de establecimientos subvencionados que equivale a casi 200 mil millones de pesos.
Más grave es que se reduce el presupuesto para Infraestructura de Liceos Tradicionales Municipales (- 57,6%). El llamado del ministro Lavín a que los establecimientos compitan resulta una burla para los liceos que antes de la competencia tienen un déficit notorio en todo sentido.
Asimismo, resulta sospechoso creer que el gobierno pretende fortalecer la educación pública si los recursos destinados al perfeccionamiento de los docentes caen en 13,3%. Específicamente el perfeccionamiento docente general cae en 12,3%; el fortalecimiento de aprendizaje en inglés en 39,7% etc.
En definitiva, el gobierno se encargó de mantener un discurso “acorde” con la tradición de protección social que se ha implantado en el país en los últimos años pero hay demasiados “cabos sueltos” en cuanto a la manera en que pretende llevar a cabo los objetivos. Sin duda que la discusión no es mercado o Estado, pero la derecha tiende a evaluar con gran rigor el desempeño público pero una vez lograda las privatizaciones se oponen tercamente a evaluar el dudoso impacto social de servicios pasados a los privados (luz, agua, puertos, pensiones).
