La guinda de la torta fueron las opiniones del Director del Servicio Civil –Carlos Williamson-, en medios de comunicación, intentando explicar el sentido que el actual Gobierno le da a la Alta Dirección Pública y justificando los despidos. En sus palabras asimila “confianza” y “afinidad política”, identificándola como pilar del sistema.
Estos días han sido negros para la estabilidad del Sistema de Alta Dirección Pública. En cifras publicadas en este mismo medio, el 53% de los cargos de primer nivel jerárquico han sido removidos y un 38% de los interinos han “ganado” el concurso de ADP. Más oscuro es el panorama respecto de que aquellos que fueron removidos de sus cargo y han esperado largos meses para recibir la indemnización que establece la ley 19.882.
En casos que conocemos dicha indemnización ha sido pagada más de cuatro meses después de solicitada la renuncia y en muchos otros aún no llega. Si además –como en SERNATUR, SERVIU o Dirección de Arquitectura MOP- dicha renuncia fue solicitada por un Director Interino que se encuentra concursando al cargo, no puede más que causar indignación y ser una afrenta directa a la credibilidad y confianza de un sistema, ya demasiado frágil. Se han lesionado las garantías básicas que le daba el sistema al postulante: imparcialidad y derecho a una indemnización. Ambos abiertamente vulnerados en los casos en comento.
La guinda de la torta fueron las opiniones del Director del Servicio Civil –Carlos Williamson-, en medios de comunicación, intentando explicar el sentido que el actual Gobierno le da a la Alta Dirección Pública y justificando los despidos. En sus palabras asimila “confianza” y “afinidad política”, identificándola como pilar del sistema.
[cita]Lamentablemente es el Director del Servicio Civil quién a través de sus líneas justifica dichas discriminaciones. Afinidad política no es ni “mérito, calificación, competencia y aptitud”, es simplemente apoyo al Gobierno de turno.[/cita]
Comete un error y evidencia un profundo desconocimiento del sentido de la Ley Nº 19.882, sobre ADP. El gran error del Director del Servicio Civil es confundir la confianza para la remoción con el hecho de que la afinidad política sea un elemento a considerar para la designación o posible solicitud de renuncia de un alto directivo público. Hace sinónimos conceptos que en ningún caso son asimilables. Apellida la confianza como “política” y establece un criterio de discriminación que la ley no agrega ni en su texto ni en su sentido natural y obvio. La RAE define confianza como “esperanza firme que se tiene de algo o de alguien” y define afinidad como “Proximidad, analogía o semejanza de una cosa con otra”. El encargado del sistema de Alta Dirección lo reduce a: que comparta o sea afín a mi postura política.
Cabe recordar que en el acuerdo que crea el Servicio Civil, este sistema se enfoca especialmente en los directivos “ejecutivos” del Gobierno (Jefes de Servicio, Directores Regionales, Superintendencias, etc.), es decir los superiores de los servicios que ejecutan tareas de Gobierno y que por su naturaleza técnica-ejecutiva se entiende que su evaluación y desempeño está destinado a su capacidad de ejecutar políticas públicas. Y por lo tanto la “confianza” se refiere a la capacidad que tienen dichos ADP de llevar a cabo las tareas encomendadas y no como responden “políticamente” al Gobierno de turno. Expresamente se dejó fuera a los Ministerios, Subsecretarias y demás reparticiones públicas que por su naturaleza –diseño de políticas públicas- son eminentemente políticas y responden a las directrices del programa de Gobierno. Ellos si son de afinidad “política”. En ningún caso deben serlo los cargos incorporados a la ADP.
El artículo 48 de la ley sobre ADP es clarificador al respecto:
“Prohíbese todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos diferentes de los méritos, calificaciones, competencias y aptitudes exigidas para el desempeño del respectivo cargo”.
Lamentablemente es el Director del Servicio Civil quién a través de sus líneas justifica dichas discriminaciones. Afinidad política no es ni “mérito, calificación, competencia y aptitud”, es simplemente apoyo al Gobierno de turno. Se destroza todo incentivo para postular a los concursos públicos, ya nadie que no sea “afín políticamente” está en igualdad de condiciones de entrada o salida al sistema. El mensaje es brutal: “Confianza no es tú capacidad para ejercer bien tú cargo, ni el grado de acuerdo que tengas con las políticas públicas a implementar. Es simplemente tú grado de adhesión, llámese “afinidad con nuestro Gobierno”.
Estos meses ininterrumpidamente nos enterábamos de las renuncias “no voluntarias” de directores regionales, jefes de servicio y otros. En paralelo nos dábamos cuenta como el nombramiento de interinos plenipoderosos (varias veces “ganadores” de los concursos ex post) removía al resto de los ADP. Lentamente vimos como estos “despedidos” esperaban meses por el pago de su indemnización (en Sernatur más de 4 meses). Y con sorpresa vimos como el responsable del Servicio ADP con su explicación le daba la extremaunción a los vestigios de credibilidad del sistema. Las señales sobre designaciones y salidas a “dedo” son demasiado elocuentes. Nuestra esperanza es que una nueva ley (que fije plazos para el pago de indemnizaciones, límite causales de despido, y límite el poder y atribuciones de los interinos) y la labor de los tribunales eviten que le digamos al Sistema de Alta Dirección Pública en poco tiempo QEPD.
* La autoría de este artículo es compartida con Felipe Venegas P.
