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Pueblos originarios y Estado: entre el liberalismo y el comunitarismo

por 30 octubre 2010

La dignidad igualitaria del liberalismo no sólo es inhumana al suprimir las identidades, sino que es sutilmente discriminatoria. Para la visión comunitarista no es posible comprender los derechos constitucionales fundamentales como neutrales, ajenos a toda consideración cultural.

Uno de los temas  que no se han discutido en el llamado conflicto mapuche y que creo de particular relevancia es cómo se debe relacionar el Estado con sus pueblos originarios. No basta simplemente reconocer que la diversidad cultural existe, es preciso además establecer los mecanismos para que dichos pueblos puedan manifestarse y desarrollarse.
 
Las dos principales corrientes de pensamiento que han discutido acerca de cómo proteger a las minorías y si es preciso el reconocimiento de derechos culturales colectivos, fundados en la condición de pueblos, han sido el liberalismo y el comunitarismo.  El eje central de la cuestión es si es indispensable o no que una sociedad respete las diversidades culturales de manera particular o si es suficiente, para brindar dicha protección, garantizar efectivamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. En definitiva,  si el énfasis se encuentra en los intereses grupales por sobre los del individuo.

Básicamente, para el liberalismo el Estado debe garantizar a todos sus derechos fundamentales, de manera de asegurar la mayor libertad para poder elegir, sin que el Estado u otros sujetos interfieran en su decisión; es decir, sólo se debe brindar las condiciones necesarias para que cada sujeto se pueda desarrollar autónomamente. Conforme a lo anterior, el Estado debe asumir una posición más bien neutral frente a los diversos modos de vida, esto es, respetar las diversas expresiones culturales sin asumir una función promocional por alguna de ellas, pues de hacerlo, violentaría uno de sus principios basales, a saber, el de que todos somos libres e iguales.

La dignidad igualitaria del liberalismo no sólo es inhumana al suprimir las identidades, sino que es sutilmente discriminatoria. Para la visión comunitarista no es posible comprender los derechos constitucionales fundamentales como neutrales, ajenos a toda consideración cultural.

Para el pensamiento liberal los problemas que imponen fenómenos como el multiculturalismo se enfrentan de mejor forma manteniendo el Estado una posición neutral, esto es, no debiendo asumir perspectivas que signifiquen promover ciertos grupos culturales o desincentivar la pertenencia a éstos. Desde esta perspectiva, la igualdad se expresa prohibiendo cualquier forma de discriminación, ya sea por género, raza, religión u otras formas de identidad. De esta forma, las limitaciones al ejercicio de determinados derechos, no provienen del ser sino por el hacer, esto es, en la medida que se lesiones la autonomía del otro.

Nada más lejos puede estar del liberalismo la generación de derechos culturales colectivos —como sí lo proponen los comunitaristas—, pues afectan la igualdad entre los individuos, estableciendo discriminaciones sobre la base de la pertenencia a un grupo. Lo anterior no quiere significar, en todo caso, el desconocimiento de las distintas realidades culturales o procurar su eliminación.  Lo que se propone es que estas particularidades culturales puedan ser protegidas a través de un efectivo reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Así, en la medida en que se garantice la libertad de asociación, las minorías culturales hallarán el espacio suficiente como para expresarse. Por tanto, depende de sus integrantes la preservación de su cultura, sin que se requiera de la “ayuda estatal”. Es injusto e innecesario el reconocimiento político. Innecesario porque si son valiosas tendrá interesados en participar en ellas. Injusta, pues subvenciona preferencias particulares a expensas de otros.

Si las minorías pueden expresarse libremente, garantizando el Estado a través de su posición neutral, los derechos civiles y políticos y en la medida que sus expresiones no interfieran ni afecten el derecho de los demás, nada más queda por hacer. Ahora bien, las dudas surgen cuando se está frente a manifestaciones culturales débiles, en donde pueden existir dificultades en la transmisión de sus valores. Dicho en otros términos, cuando existe el riesgo de desaparecer. Precisamente, una de las críticas que se hace al fenómeno de la globalización es la tendencia a la homogeneización cultural y la predominancia de lo europeo occidental. Sobre este punto, las tesis liberales son claras. Lo esencial es la protección de la libertad no la diversidad cultural. En condiciones de libertad, los modos de vida satisfactorios tenderán a desplazar a aquellos que no lo son, pues, en definitiva, el valor de los diversos modos de vida se demuestra en la práctica.

Para los comunitaristas, las posturas recién examinadas no enfrentan adecuadamente los nuevos desafíos que impone la sociedad moderna, entre ellos, la multiculturalidad. En términos generales —existen diversas corrientes, por lo que aquí se examina las que digan relación con la protección de las minorías—, puede afirmarse que una de las principales críticas es que los liberales parecen entender que los seres humanos no se autorrelacionan ni toman en consideración el contexto cultural en el que se hallan, como si cada uno se bastara a sí mismo, motivándose conforme a sus propios objetivos. En cambio, para las tesis comunitaristas, cada sujeto encuentra su identidad en la medida que se ubica dentro de un contexto social.

 Conforme a lo anterior, el Estado no puede permanecer inactivo —política de la neutralidad— y por tanto, debe asumir una postura especialmente activa en la promoción de ciertas expresiones culturales, reflejando así un interés en la prosecución de ciertos bienes compartidos—política del bien común—. Sobre este punto, los comunitaristas sostienen que la neutralidad no es más que una quimera, pues siempre todo orden social y político se dirige hacia ciertos fines.

 En lo que respecta al problema de la diversidad cultural y la protección de las minorías, la posición de los comunitaristas es la asunción de compromisos particulares de amparo, sobre todo, respecto de aquellas que manifiestan una particular debilidad, como sucede, por ejemplo, con los indígenas americanos, que por largos siglos han sido sometidos a políticas de asimilación. Precisamente, es la posición asumida por Michael Walzer, quien considera que los pueblos indígenas, incluso en condiciones de autonomía, no podrían mantener sus formas de vida dentro de políticas liberales.

 De lo expuesto, se ponen de manifiesto dos formas de entender el respeto a la igualdad. Por una parte, las que afirman —liberales— que las personas deben ser tratadas sin considerar las diferencias, ya que, de ser así, se introduce la discriminación. Por otra parte, las que estiman necesario el fomento de la particularidad —los comunitaristas—, pues es el mecanismo que permite amparar la identidad, evitando incorporarlas a un molde homogéneo al que no pertenecen; hablar de neutralidad es más bien una ilusión y afirmar la igualdad no sería más que lo que dispone la cultura predominante. La dignidad igualitaria del liberalismo no sólo es inhumana al suprimir las identidades, sino que es sutilmente discriminatoria. Para la visión comunitarista no es posible comprender los derechos constitucionales fundamentales como neutrales, ajenos a toda consideración cultural. Por el contrario, una sociedad multicultural es tal, en la medida que sea capaz de ofrecer diversas interpretaciones de los derechos fundamentales, lo que no significa que todas las interpretaciones sean admisibles, así como tampoco puede estimarse que sólo una de ellas sea la verdadera. Se considera necesario disponer, para la conservación de ciertas expresiones culturales, de políticas que expresen el reconocimiento de derechos de carácter colectivo, los que, en algunos casos, pueden estar por sobre los derechos individuales. La expresión de dichos derechos culturales se estructuran sobre la base del reconocimiento de las diferencias que se presentan respecto de determinadas identidades culturales. 

 A mi modo de ver, es discutible que el liberalismo no pueda dar respuesta a la protección de las minorías, lo que sí rechaza es el establecimiento de derechos colectivos, por lo que éstos representan para los derechos individuales. Es por ello que, sin renunciar al principio de autonomía individual, se pronuncian a favor de una promoción de la autonomía de los “menos autónomos”, esto es, de aquellos que pertenecen a culturas minoritarias. Lo anterior supone reconocer la existencia de derechos culturales individuales, tanto negativos como positivos, a través de acciones afirmativas. Éstas exigen disponer de condiciones de paridad, que permitan concretar el principio de igualdad, no ya formal, sino también sustancial.

 Consecuente con lo anterior, para los liberales hablar de grupos culturales, como sujetos titulares de derechos, resulta extremadamente vago; no sólo por la dificultad de disponer de criterios objetivos que definan esa cultura, su espacio territorial la forma de solución de conflictos, sino también por ser limitador de los derechos individuales. Basta pensar, en quien no quiera participar en tales grupos aun cuando sea parte de éste. Se observa pues, que la consagración de derechos colectivos no contempla las voces de disconformidad, lo que generaría una especie de “minoría dentro de una minoría”.

 Es por ello que resulta cuestionable que la consagración de los derechos colectivos se estructure sobre la base de condiciones de subsistencia de las minorías, pues, si éstas culturas resultan interesantes, sobre todo para los que formen parte de ellas, bastaría establecer un escenario que les permita expresarse sin ser discriminados y sin impedir, claro está, que quienes no se sientan representados puedan dejar de participar.

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