Tenemos conocimiento que el propietario del inmueble localizado en la calle Cirujano Guzmán 67, comuna de Providencia, está siendo invadido por una constructora que todavía no entiende que el derecho de propiedad de su vecino tiene el mismo valor que el suyo.
Se ha hecho famosa y digámoslo con claridad, hasta cansadora, la frasecita en idioma inglés do it the chilean way que repite con suma locuacidad el sobre expuesto presidente Piñera, haciendo creer a sus despistados interlocutores extranjeros que en nuestro país las cosas se hacen bien y que, por lo tanto, las “instituciones funcionan”, otro estribillo del ex Presidente Lagos. Los que conocemos a la Administración del Estado sólo nos sonreímos con esos embusteros intentos presidenciales que desean vender la pomada a quienes los escuchan.
Como no se trata de criticar sin fundamentos sólidos, a continuación relataremos una situación que aún no tiene solución por parte de quienes ejercen el poder político.
La Constitución Política vela por la propiedad privada y las instituciones públicas siempre están prestas para que los grandes actores del mundo económico tengan asegurados sus derechos sobre la propiedad de sus bienes tanto materiales como inmateriales, lo cual nos parece bien, pero no sucede lo mismo en las ocasiones en que ese Estado debe resguardar este tipo de derechos cuando se trata de privados pequeños y por lo tanto no relacionados con los que mandan.
[cita]Tenemos conocimiento que el propietario del inmueble localizado en la calle Cirujano Guzmán 67, comuna de Providencia, está siendo invadido por una constructora que todavía no entiende que el derecho de propiedad de su vecino tiene el mismo valor que el suyo.[/cita]
Desde hace años en El Mostrador estamos denunciando al sector de la construcción y a su socio natural, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), porque el primero abusador contumaz, cuando lo necesita, se introduce clandestinamente en los subsuelos de los predios colindantes al suyo en donde ejecuta excavaciones profundas que le sirven para instalar estacionamientos de sus edificios en altura y el segundo, por mucho tiempo, ha estado mirando para el lado con el propósito de tolerar esa violación al derecho de propiedad de vecinos no apitutados.
Recordemos que existen normas que obligan a construir estacionamientos para vehículos en proporción directa a la cantidad de m2 útiles disponibles en cada edificio, ya sea de oficinas como habitacional. Es decir, el proceso de densificación en algunas comunas de moda no solo genera problemas en las vialidades adyacentes debido a los mayores flujos vehiculares, sino también, en muchas ocasiones, con el legítimo derecho de propiedad de aquellos que han optado por continuar residiendo en sus viviendas unifamiliares de sus barrios.
Las constructoras de los nuevos edificios que requieren excavaciones más profundas han estado colocando bajo los sitios colindantes decenas de anclajes postensados inyectados en longitudes del orden de los 15 metros o más. Estos tirantes son sometidos a tensión para sostener los pilotes que permiten soportar la entibación proyectada.
Pero esta técnica, buena para el constructor, en muchas ocasiones produce perjuicios en las estructuras de las viviendas en cuyo subsuelo se alojan los elementos sólidos que hemos aludido. La ley sectorial no faculta a los directores de obras municipales para autorizar la ejecución de faenas subterráneas en las propiedades colindantes al proyecto inmobiliario que cuenta con un permiso de edificación. Por ello, cuando es necesaria la implementación de esta técnica, el constructor debe suscribir un acuerdo con el vecino quien lo podría autorizar para que utilice su subsuelo, documento en que el interesado debe asumir formalmente, con una boleta de garantía bancaria, los eventuales perjuicios que pudieran ocasionar sus obras de ingeniería en el terreno ajeno.
Como las constructoras se evitan los acuerdos con sus vecinos, estos abusos se repiten debido a que las municipalidades, serviles con los poderosos, no exigen el cumplimiento de la ley. En el último tiempo, a regañadientes, el Minvu entró en razón y emitió una circular explicativa en la cual enfatiza que, acorde a disposiciones del Código Civil, la intrusión descrita es improcedente, pero los directores de obras se hacen los desentendidos. Y para variar, la inefable Cámara de la Construcción avala con su silencio cómplice esta violación flagrante que daña la convivencia en nuestro país.
Tenemos conocimiento que el propietario del inmueble localizado en la calle Cirujano Guzmán 67, comuna de Providencia, está siendo invadido por una constructora que todavía no entiende que el derecho de propiedad de su vecino tiene el mismo valor que el suyo. Por tal razón y dado que tanto el alcalde como el director de obras de Providencia, con sus pasividades, toleran dicha violación, quisiéramos que la ministra Magdalena Matte tome cartas en el asunto, con lo cual ella estaría entregando al mercado una señal clara en orden a que llegó el cambio y que en un tiempo más el do it the chilean way podría ser veraz.
