Tal como indica el diario El Mercurio en su editorial del día de ayer, la Ley 20.348, sobre igualdad de remuneraciones entre hombre y mujeres, no ha surtido el efecto deseado, pues las brechas salariales entre hombre y mujeres se mantienen.
Como manifestáramos en nuestra publicación al momento de dictarse la ley (ver nota del 16 de junio de 2009), la ley presenta una serie de deficiencias que se han traducido en la ineficacia de la misma, entre ellas que la igualdad es entre géneros (hombre-mujer) y no de aplicación universal.
Parte importante es la falta de información sobre las escalas y políticas de sueldo, que en ocasiones simplemente no existen. En el sector público, ello ya no es un problema, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia que obligó a todos los organismos y órganos públicos a develar, actualizar y mantener disponible dicha información.
En cambio, en el ámbito privado existe un justificado recelo, tanto de empleadores como de trabajadores, en entregar información o datos sobre las remuneraciones al interior de las empresas. En parte, el resguardo a la propia privacidad inhibe a los trabajadores a comentar su situación y, en el caso de los empleadores, pues implica comunicar un aspecto relevante de sus costos y, por ello, lo que consideran parte de su información confidencial.
Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué hay detrás de la brecha y cómo lo solucionamos efectivamente? La respuesta no está ni estará en una Ley.
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