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El voto no es una política pública

por 8 noviembre 2010

Si creemos profundamente en el voto como derecho –y no como política pública– entonces debiéramos defender su voluntariedad a pesar de sus consecuencias.

¿Cuál es el tema con el voto voluntario? ¿Es el mayor ataque que podemos hacerle a nuestro sistema político? A mi parecer no.

Partamos por los consensos. El primero es que la inscripción automática parece ser una medida razonable y necesaria. En países como EE.UU. donde no existen instituciones como la Cédula de Identidad o el RUN (está el Social Security Number, pero no es lo mismo), el debate es complejo, pues existe el constante temor a la figura de un Estado que posea un listado de todos sus ciudadanos y ciudadanas mayores en edad para votar. No obstante, coinciden que si existiera ese registro sería muy útil para aumentar la participación en elecciones. Nosotros no tenemos ese problema y hay un consenso sobre la necesidad de aumentar el padrón electoral a través de la inscripción automática. Pero no estamos hablando de una medida simple o sin importancia, lo que estamos haciendo con ello es incorporar altos grados de incertidumbre a las votaciones, imponiendo una carga mucho más alta a los candidatos que quieran ser electos. De ahora en adelante, el envejecimiento del padrón no sería un tema en las campañas y aquellos que quieran ganar un puesto deberán centrar sus esfuerzos de manera más equitativa entre todos los sectores de la población.

El segundo consenso es que el voto voluntario no es, ni por cerca, una medida eficiente para combatir la desigualdad. La evidencia pareciera ser contundente al respecto y no vale la pena combatirla, al menos no sin contar con los recursos suficientes para realizar los estudios que se necesitan. Por lo mismo, si nuestra intención es promover políticas públicas que combatan la desigualdad, el voto voluntario no es una buena opción. Pero aquí es donde empiezan los disensos.

Si creemos profundamente en el voto como derecho –y no como política pública– entonces debiéramos defender su voluntariedad a pesar de sus consecuencias.

El voto no es una política pública. Si bien no es un fin en si mismo, está en la categoría de aquellos mecanismos institucionales o principios básicos sobre los cuales sustentamos nuestra sociedad democrática. Por ejemplo, el debido proceso no es un fin, sino que –como dice su nombre– un procedimiento por el cual aseguramos el resultado “justo” de una acción judicial. Pero a nadie se le ocurriría quitar el debido proceso si se comprobara que genera desigualdad, ¿o no? Vamos a otro ejemplo.

La democracia, como sistema de gobierno, tiene características propias. Pretende ser un sistema que asegure representatividad, participación, rendición de cuentas (o accountability en su acepción inglesa), entre otras opciones. Pero la democracia no responde a criterios de eficiencia. Es decir, si yo quiero convertir al proceso de toma de decisiones de un Estado en algo más eficiente, podría imponer una dictadura. Mal que mal, una sola persona tomando decisiones consultándole a los que quiera pareciera ser la mejor forma de tomar decisiones “eficientes” (al menos ese era el sentido primigenio de las dictaduras en el Imperio Romano). La democracia impone la necesidad de llegar a acuerdos, pone a la opinión pública como un actor en el proceso y obliga a dar explicaciones a las autoridades. Por lo mismo, si nuestro afán fuera tener gobiernos eficientes, la democracia no sería una buena “política pública”. Pero de nuevo, al igual que el voto, la democracia no es una política pública.

Se ha planteado que el voto voluntario genera desigualdad, aumenta el “voto de clase” y mantiene a los sectores más vulnerables fuera del sistema político. ¿Y qué? ¿Es esa una razón suficiente para saltarnos la discusión normativa sobre si consideramos que el voto voluntario es uno de los pilares de nuestra sociedad? Yo puedo decir que la democracia genera ineficiencia y aumenta los costos de operación de un Estado (es una afirmación hipotética, no tengo datos para sustentarla), ¿vamos a preferir, entonces, acabar con la democracia e imponer un sistema empresarial o dictatorial a nuestro Estado? O si planteo que el debido proceso genera altos costos al acceso a la justicia y, con ello, los más pobres se ven perjudicados pues no pueden pagar esos costos, ¿debemos terminar con ello y permitir procedimientos judiciales menos rigurosos y arbitrarios?

El punto es que nosotros optamos –y las generaciones que me preceden lucharon– por la democracia, a pesar de sus desventajas. China, por ejemplo, pareciera ser el caso contrario (nuevamente es una afirmación hipotética basada en la pura observación). China es un país donde la democracia es sacrificada constantemente en pos de la eficiencia y el crecimiento. Nos puede parecer una pésima idea, pero lo que está detrás de ello es la concepción de la democracia como política pública y no como un pilar de la sociedad.

Con el voto es lo mismo. Si creemos profundamente en el voto como derecho – y no como política pública – entonces debiéramos defender su voluntariedad a pesar de sus consecuencias. Recién ahí existe un espacio para la política pública, ya sea para mejorar su representatividad o para combatir su efecto sobre los índices de desigualdad. No es el fin del voto convertirse en un instrumento de combate a la desigualdad, sino que es un ejercicio democrático puro. Creo pertinente, entonces, que primero tengamos una discusión normativa acerca de si el voto es un derecho  adquirido por participar en la sociedad o si es un requisito o deber para la pertenencia en una determinada comunidad. Démosle espacios distintos a la discusión política y a la discusión de política pública.

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