El financiamiento de la política es una pieza esencial de la distribución de poder en una sociedad y es sorprendente que hasta el día de hoy ninguna de estas cuestiones aparezca en la agenda de negociación Ejecutivo-oposición.
La política es poder. Y como el poder en la democracia se obtiene a través de los votos, entonces el gobierno hace lo que resulta esperable: buscará ampliar el padrón electoral para facilitar el voto de quienes les favorecen, buscará ampliar el sistema binominal si aquello le permite una mayoría para el año 2014, y ya está insinuando una reforma que permita la reelección presidencial para permanecer por más años en el poder. Lo han hecho todos: Uribe en Colombia o Chávez en Venezuela.
La oposición, en tanto, hace lo suyo. Buscará también establecer reformas que amplíen la base electoral y que le permitan volver al poder. En cuanto al sistema binominal se inclinará seguramente por uno que garantice mayor proporcionalidad; buscará permitir el voto de todos los chilenos en el extranjero (y no solo unos pocos como el gobierno lo plantea); y debiese evitar la reelección inmediata del actual Presidente. El problema es el voto voluntario. Allí existen intereses cruzados por cuanto -como la evidencia lo señala- si los sectores más pobres de la sociedad concurrirán menos a votar con un sistema voluntario, entonces los partidos con mayores niveles de votación en sectores populares (y rurales) debiesen rechazar la reforma. La UDI y el PDC son los candidatos naturales para adoptar una postura pro voto obligatorio.
[cita]El financiamiento de la política es una pieza esencial de la distribución de poder en una sociedad y es sorprendente que hasta el día de hoy ninguna de estas cuestiones aparezca en la agenda de negociación Ejecutivo-oposición.[/cita]
Así, el debate se ha centrado en un tema relativamente acotado: la ampliación del sistema de representación para incluir eventuales electores. El debate sobre el voto voluntario/voto de chilenos en el extranjero es precisamente acerca de esta cuestión. Me parece, sin embargo, que si la oposición desea realizar una contribución significativa al perfeccionamiento democrático, debiese incluir en la mesa de negociaciones un cuerpo más coherente y consistente de reformas que son esenciales para garantizar la competencia democrática.
El primer elemento ausente en las discusiones actuales dice relación con el tema del dinero y la política. En Chile se da un hecho inédito de una fuerza política que administra el Estado y que concentra además vínculos directos con el sector privado. Si la Concertación desea volver al poder, deberá postular una reforma sustantiva al vínculo negocios-política y que se expresa en lo siguiente: aprobar la ley de Lobby pendiente en el Congreso, reformar sustantivamente la ley de financiamiento electoral, establecer financiamiento permanente y transparente para los partidos políticos, establecer ley de fideicomiso ciego, y regular los conflictos de interés para autoridades públicas que participan de empresas privadas. El financiamiento de la política es una pieza esencial de la distribución de poder en una sociedad y es sorprendente que hasta el día de hoy ninguna de estas cuestiones aparezca en la agenda de negociación Ejecutivo-oposición.
El segundo elemento, tampoco presente, se refiere a establecer potentes mecanismos de acción afirmativa para permitir que sectores históricamente marginados de la sociedad puedan participar activamente de la vida política y social. El sistema político enfrenta serios déficits en lo relacionado con la distribución de poder centro-regiones; la relación de poder hombres-mujeres; y la marginación histórica sufrida por los pueblos originarios. Pues bien, llega el momento de establecer políticas e instituciones que promueven la reducción de dichas brechas en los campos sociales, económicos y políticos. Debemos abrirnos a discutir e integrar en la agenda de reformas políticas mecanismos específicos para superar tales brechas históricas.
El gobierno ya definió que su agenda política de los próximos cuatro años se expresaría en un número relativamente acotado de temas, reformas cosméticas en la mayor parte de los casos. Le corresponderá entonces a la oposición articular una agenda más ambiciosa y que toque los grandes nudos problemáticos de nuestra democracia. Uno de ellos es sin duda el problema de la representación. Pero, resulta incomprensible una mejora al sistema de representación sin abordar otras dos cuestiones esenciales: el vínculo dinero-política y la necesidad de atender la deuda histórica con grupos históricamente marginados en nuestra sociedad. Algún grado mayor de osadía en las demandas no le vendría mal al debate político.
