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El dilema de la revolución educativa: elitismo o igualdad

por 16 noviembre 2010

Mientras no nos decidamos a implementar un Estado docente descentralizado, en un país federal, el fracaso estará plenamente asegurado. En este plano, Concertación y Alianza se han consensuado para mantener el status quo.

Hay un consenso generalizado que, de no mediar una revolución educativa, Chile jamás será un país desarrollado. Más allá de las apariencias, el debate se centra en dos matrices fundamentales: el elitismo o la igualdad de oportunidades. Lógicamente, los neoliberales de la Concertación (que lideran esa coalición hace ya demasiados años) y de la Alianza, han elegido la vía burocrática, la administración de poder en vez de la acción y la transformación mediante leyes radicalmente reformadoras de un sistema que genera más perdedores que ganadores.

Aquel lugar común de considerar como un logro la cobertura del 99% en educación básica constituye una torpeza sin límites, si consideramos que la calidad de las prestaciones educacionales no hace más que aumentar la brecha abismante entre ricos y pobres. Aún cuando sea una paradoja, la educación es el factor esencial por excelencia de un país segregado y segmentado, como por desgracia es el Chile de hoy.

El desafío que debemos enfrentar no está en más o menos intervenciones: es evidente que la mayoría de los Ministros de Educación de la Concertación fueron, fundamentalmente, conservadores e inmovilistas, mientras que el actual Ministro demuestra una voluntad de actuar resaltando su “cosismo” mediático muy superior a sus predecesores, sin embargo, no hay que dejar de considerar cuál es la matriz ideológica que orienta las acciones del actual gobierno, que no es más que el elitismo. En este plano tanto Concertación como la Alianza constituyen un solo ente y, en consecuencia, serán incapaces de realizar una revolución educacional igualitaria, pues este último término les repugna.

Mientras no nos decidamos a implementar un Estado docente descentralizado, en un país federal, el fracaso estará plenamente asegurado. En este plano, Concertación y Alianza se han consensuado para mantener el status quo.

Veamos, para comprobar nuestro aserto, las principales medidas del actual ministro: los liceos de excelencia, que privilegian la selección de los alumnos de mayor capacidad académica, es decir, de mayor capital educacional, directamente relacionado con el mayor estatus económico-social, son aquellos que constituyen el eje de atención del modelo Lavín; es lógico que el resultado tendrá que ser necesariamente positivo si segrega a favor de los mejores puntajes con el consecuente aislamiento de los deprivados cultural, económica y socialmente. Los países que han triunfado, como Finlandia, Corea, Japón, y otros, han seguido un camino completamente contrario al de Lavín, en el sentido de eliminar todo tipo de selección, más bien incorporando alumnos de distintos niveles, y girando el desafío de la educación desde una lógica de demanda a una de oferta del Estado.

Otra medida mayúscula de tipo elitista fue el famoso “semáforo” que se envió a los padres y apoderados, marcando con luces rojas a los colegios de peor resultado en la prueba SIMCE que, por lógica mecánica darwinista, correspondía a aquellas escuelas donde los alumnos pertenecen a los grupos sociales más débiles en cuanto a bienes culturales, económicos y sociales, lo que equivale a una segregación brutal que jamás ha llamado la atención en un país, demasiado consciente que su futuro no se decide en su tierra sino en sistemas financieros internacionales, en otros países y por tanto nuevamente demasiadas veces prefiere omitirse de protestar ante tales realidades.

No se puede negar que en el programa de Joaquín Lavín encontramos algunas luces, como el aumento de un 20% de la subvención preferencial; pero si consideramos que esta subvención corresponde a $68.000, esta medida es apenas un Mejoral frente a la fosa existente entre ricos y pobres, que va desde $68.000 a $368.000, suma que normalmente paga un padre profesional por la educación de sus hijos.

Sin duda que también es loable la idea de subir el sueldo a los directores y pedirles la renuncia si no cumplen las metas, sin embargo, si no se destina a los mejores profesores y directores a las escuelas más vulnerables, por lógica, se radicalizará el elitismo educacional.

También es buena idea el favorecer el ingreso de los mejores puntajes a las universidades imparten pedagogía, no obstante, sin un cambio radical de los curriculum, en las competencias docentes de los formadores de formadores, priorizando la creatividad y la investigación sobre la repetición nemotécnica, cualquier esfuerzo será inútil.

El SIMCE y la PSU son un subproducto de una medición del mercado educacional, siendo ambos instrumentos completamente incompletos para medir la calidad de la enseñanza-aprendizaje – en el caso de la segunda, de anticipar capacidades académicas, propias de la vida académica- en estas dos pruebas el único objetivo es ejercitar destrezas para que resuelvan preguntas de selección múltiple, que poco tienen que ver con las capacidades educacionales superiores: pensar, relacionar, comparar, valorar, asociar, crear.

La reforma propuesta por el Ministerio de Educación se queda, como siempre, en las ramas; el problema de fondo es que las instituciones educacionales no pueden seguir siendo regentadas por las municipalidades, que  han demostrado su total incapacidad para administrarlas, desde todos los puntos de vista –administrativo, económico, social, político, profesional – por lo demás, hay mucha diferencia entre municipalidades ricas y pobres, cuestión que aumenta la segmentación y desigualdad educacional.

Mientras no nos decidamos a implementar un Estado docente descentralizado, en un país federal, el fracaso estará plenamente asegurado. En este plano, Concertación y Alianza se han consensuado para mantener el status quo.

En el plano de la enseñanza universitaria lo hecho, ha sido evidentemente insuficiente. Muchas universidades privadas son empresas de servicios educacionales, no Universidades donde la docencia, investigación y extensión definen su quehacer, donde además los dueños las ofrecen en el mercado al mejor postor, siendo alumnos y profesores activos transables. Como describí arriba demasiadas de estas universidades son clasificadas como exclusivamente docentes, es decir, se limitan a repetir el conocimiento ajeno, sin ninguna capacidad de exigencias investigativas y  de innovación.

Una revolución educacional igualitaria debe basarse en principios fundamentales muy diferentes de los elitistas que han aplicado los gobiernos de la Concertación y de la Coalición por el Cambio:

-         La subvención a las escuelas vulnerables debe ser equivalente al costo de los colegios particulares es decir, de $ 368 .000 por alumno.

-         Una reforma radical de los institutos pedagógicos, que privilegie el desarrollo de competencias, la educación científica y humanista, la continua actualización de conocimientos y de metodologías innovadoras; en definitiva, que fortalezca la profesionalización docente.

-         Destinación de los mejores docentes y directivos  a escuelas vulnerables, tanto en las ciudades, como en el campo.

-         Traspasar las escuelas de los municipios a las regiones, ubicadas en un Estado docente descentralizado, ojalá en base en un sistema federal.

-         Privilegiar las universidades fiscales exigiéndoles altos parámetros de competencias docentes y capacidades investigativas.

-         Reforma radical de las  universidades privadas terminando con la concepción mercantilista, que las visualiza como empresas destinadas, fundamentalmente, al lucro, y no como un servicio al país.

-         Dignificación del profesor, con sueldos equivalentes a cualquier profesional, y una carrera docente que evite la arbitrariedad, la inestabilidad y la zozobra de los educadores.

-         Garantizar a todos los niños el derecho a la educación preescolar de alta calidad – no basta con la cobertura, sino que debe privilegiarse la calidad-.

-         Una reforma radical de la educación técnica profesional, garantizando estándares de calidad.

-         La Constitución debe garantizar a todos los chilenos el derecho a recibir una educación de calidad y que privilegie la igualdad – cualquier ciudadano tendrá derecho a recurrir a los Tribunales de Justicia para exigir del Estado el cumplimiento de esta garantía.

-         En los niveles Preescolar, Básico y Medio debe prohibirse la selección considerándola como discriminatoria.

-         Tanto a las escuelas públicas, como privadas debe exigírseles un alto rendimiento académico que permita ubicarlas en los niveles de la prueba PISA.

-         Las pruebas SIMCE Y PSU deben complementarse con otros procedimientos evaluativos;  por ser éstos indicadores puramente cuantitativos e inspirados en modelos de mercado – además es evidente que son pésimos predictores pedagógicos, favoreciendo la domesticación y adiestramiento a este tipo de instrumentos, durante casi toda la escolaridad de los alumnos, dificultando el desarrollo de capacidades y destrezas intelectuales superiores-.

Una revolución educacional exige un esfuerzo económico considerable a la par que un cambio cultural radical. En el primer caso, es necesario destinar gran parte del presupuesto al área de educación, que sería financiado por una reforma tributaria, propuesta que ha sido, en parte, desarrollada en el Decálogo, presentado a la ciudadanía durante nuestra campaña presidencial de 2009.  En el segundo caso, el cambio cultural debe enfocarse en una campaña nacional que logre integrar a todo el tejido social, especialmente a la comunidad escolar: directores, profesores, padres y madres de familia, paradocentes y organizaciones comunitarias, entre otros estamentos en una revolución educacional en pro de la real calidad y la real igualdad de oportunidades.

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