Tal vez la manera de defender a los clientes no es impidiendo ventas atadas sino reforzando la transparencia y, especialmente, velando por una efectiva competencia en la industria que permitan que los clientes fortalezcan su posición negociadora.
Un verdadero bochorno. No puede decirse otra cosa a propósito del comunicado emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en que “precisa el alcance” de las circulares emitidas en septiembre, señalando que “en lo principal, se regula la posibilidad de condicionar la tasa de interés de los créditos hipotecarios a la mantención de otro producto bancarios.
Sólo se permite que las empresas bancarias ofrezcan créditos hipotecarios cuya tasa de interés esté condicionada a la contratación de un único otro producto, tal como una cuenta corriente, una cuenta vista o una tarjeta de crédito, en la cual se pacte un pago automático del correspondiente dividendo del crédito”.
Bochorno, pues el superintendente había señalado su “preocupación que en contratos de créditos hipotecarios de largo plazo, la tasa convenida esté condicionada a la mantención de una cuenta corriente u otro producto». Es decir, la “precisión” permite que ocurra exactamente lo que le preocupaba al superintendente. De hecho, el propio ministro Larraín había señalado que las medidas de la SBIF buscaban “fomentar la movilidad y la competencia en este producto, y evitar la venta atada condicionada a la tasa de interés o a productos como cuentas corrientes”. Es decir, el propio gobierno se comprometía, a través de la máxima autoridad económica, con la iniciativa del ente regulador.
[cita]La medida prometía dividendos políticos importantes. Una vez más, el nuevo gobierno aparecía sorprendiendo con iniciativas que se suponían ser parte más genuina de la agenda de la Concertación.[/cita]
Aquí sólo hay dos posibilidades: o el gobierno, tras escuchar los argumentos de los representantes de la banca, consideró que había cometido gravísimo error o, simplemente, cedió a las presiones del sector afectado.
Prefiero quedarme con la primera posibilidad.
Efectivamente, las circulares emitidas en septiembre parecieron responder a un “apuro” difícil de comprender si no es porque primaron criterios políticos. Se tomó una medida a todas luces “popular”, dada la sensación ambiente de que las instituciones financieras gozaban de un poder de mercado absolutamente desproporcionado frente a sus clientes. En esos meses se hablaba de los enormes “spreads”, de las utilidades obtenidas aún en años de crisis, en fin, de que derechamente a los bancos les va mucho mejor que a sus clientes. En ese sentido, la medida prometía dividendos políticos importantes. Una vez más, el nuevo gobierno aparecía sorprendiendo con iniciativas que se suponían ser parte más genuina de la agenda de la Concertación.
Tal vez por eso, se cometió el error. Probablemente, el apresuramiento indujo a no hacer lo más importante cuando se realizan innovaciones de política pública: escuchar a los “incumbentes”, entre los cuales figuran las entidades reguladas y los expertos del área.
No es extraño, por lo tanto que, tras los anuncios de septiembre surgieran voces de expertos señalando que, incluso, la Superintendencia no tiene facultades para ese tipo de regulación.
Probablemente, un análisis más concienzudo del problema habría llevado a la conclusión de que, tal vez, la manera de defender a los clientes no es impidiendo ventas atadas sino reforzando la transparencia y, especialmente, velando por una efectiva competencia en la industria que permitan que los clientes fortalezcan su posición negociadora. En un ambiente de verdad competitivo, los ahorros que se obtienen de las ventas atadas, serían traspasados, por lo menos en parte, a los clientes.
