Los defensores del voto obligatorio se han multiplicado. Sus argumentos no son sólo razonables, sino sugerentes y a ratos persuasivos. Si el voto es una libertad política entonces su ejercicio debe ser decidido en forma autónoma y no exigido coercitivamente. Si el voto es voluntario, el poder reside en el individuo. Si es obligatorio, en la autoridad.
Los defensores del voto obligatorio se han multiplicado. Sus argumentos no son sólo razonables, sino sugerentes y a ratos persuasivos. Por lo mismo considero necesario rebatir algunos de ellos para demostrar que la voluntariedad del voto no sólo es preferible por su evidente popularidad, sino que también descansa en presupuestos intelectuales sólidos y convincentes.
Su piedra angular es el respeto a la libertad individual. Puede parecer obvio, pero algunos académicos y columnistas rechazan este punto. Según ellos, los deberes democráticos no constituyen violación de libertad alguna. Me parece que se equivocan. Si el Estado me puede forzar a concurrir al local de votación, o puede sancionarme si no lo hago (que para el caso es lo mismo), entonces hay una clara afectación en la libertad de las personas, quienes ven reducidas sus posibilidades de acción o de elección. Si el voto es una libertad política –del tipo que nos permite participar en la conducción de los asuntos públicos- entonces su ejercicio debe ser decidido en forma autónoma y no exigido coercitivamente. Si el voto es voluntario, el poder reside en el individuo. Si es obligatorio, en la autoridad.
La mayoría de los comentaristas han aceptado que la obligatoriedad acarrea problemas para la libertad individual. Pero coherentemente han sugerido que se trata de una afectación necesaria. Algunos de ellos han puesto sobre la mesa cierta evidencia empírica: en países con voto voluntario habría menos incentivos para llevar adelante políticas públicas orientadas hacia los más desfavorecidos. No discutiré dicha evidencia aquí. Sí me parece importante destacar que en este caso se pide sacrificar libertad en nombre de otro valor, llámese equidad o justicia social. Es un camino que podemos tomar, pero que resulta incompatible con la prioridad de la libertad en un sistema de valores políticos, en el cual la restricción de la libertad personal no se hace aceptable porque es capaz de generar más bienestar social. Esta fórmula puede ser aceptada desde una lógica utilitarista o colectivista, pero no liberal.
[cita] Si el voto es una libertad política entonces su ejercicio debe ser decidido en forma autónoma y no exigido coercitivamente. Si el voto es voluntario, el poder reside en el individuo. Si es obligatorio, en la autoridad. [/cita]
Otros han evitado este tipo de colisión de valores argumentando que el voto obligatorio coarta la libertad pero en nombre de la propia libertad. Si éste fuera el caso, los liberales no tendrían mucha escapatoria. Piense en las normas que regulan el uso de la palabra en un debate; si bien es cierto que limitan nuestra libertad para hablar, si no fuera por ellas muchos no podrían hacer uso de la palabra ante la tendencia de algunos a monopolizarla. Es decir, la libertad debiera ser mínimamente afectada para preservar el sistema que nos permite justamente disfrutar de todas las libertades, es decir, la democracia.
No desconozco que la relación entre democracia y respeto a las libertades está a la vista, pero cosa distinta es sostener que éstas dependen de algún grado de participación electoral. Si lo que hacemos al acudir a la mesa de votación es renovar nuestras autoridades ejecutivas, legislativas y municipales, la teoría política y legal tiene fuertes argumentos para señalar que mucho más importante es contar con textos constitucionales que garanticen dichas libertades y poderes judiciales independientes capaces de hacer cumplir dichos textos. Desde el punto de vista liberal, es más importante cómo se gobierna que quién gobierna. Por lo demás, desde la perspectiva de la democracia como expresión amplia de la influencia de la opinión pública sobre la conducción del gobierno, hoy existen múltiples y documentados mecanismos –desde encuestas hasta movimientos de la sociedad civil- que complementan la pasada por las urnas. Nada de esto desmerece el valor de la democracia, pero sí cuestiona la tesis de que sin participación total de la ciudadanía en los procesos eleccionarios la tiranía está a la vuelta de la esquina. No creo que nadie sostenga, dicho sea de paso, que perdimos la democracia y las libertades en 1973 por falta de compromiso político o cívico de los chilenos.
Finalmente, me gustaría refutar la tesis que con cierto fundamento plantea que quien no vota es un free rider, es decir, alguien que se beneficia o aprovecha del trabajo del resto sin hacer la parte que le corresponde. En primer lugar porque, como vimos, no es la democracia la que posibilita la libertad individual, sino la que nos ayuda –normalmente- a garantizarla. En segundo lugar porque quien se abstiene de votar no pone ninguna carga en quien sí lo hace. Todo lo contrario, el voto de este último adquiere mayor peso relativo en un universo menor de votos. Y en tercer lugar, si quien se abstuvo acepta las reglas del juego y sus resultados –no puede sino hacerlo en un sistema de inscripción automática- entonces parece plausible aplicar el refrán “quien calla, otorga”, funcionando su abstención como una verdadera delegación –y no renuncia- de su derecho.
En síntesis, sólo el voto voluntario es compatible con el respeto irrestricto a la libertad individual, siendo su sacrificio no enteramente justificado por otras consideraciones de equidad o de libertad en sí misma. No hay problema en seguir hablando del sufragio como deber cívico o incluso como deber moral. Pero no es deseable que se trate además de un deber jurídico.
