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¿Es útil la Carta Democrática de la OEA?

por 1 diciembre 2010

El acuerdo adoptado por la última cumbre presidencial de la UNASUR en Guyana, que contempla medidas específicas de sanciones como parte de una nueva “cláusula democrática” incorporada al Tratado Constitutivo, puede ser un camino útil.

La Cancillería está organizando esta semana un seminario internacional sobre la vigencia y proyecciones de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Se trata de una iniciativa muy oportuna considerando eventos recientes ocurridos en nuestra región. Y es que la estabilidad e institucionalidad democrática en América Latina, no está todavía plenamente garantizada en muchos países.

Cabe recordar al respecto, la grave crisis institucional en Bolivia en el 2008, el golpe de Estado en Honduras en el 2009, y la reciente revuelta subversiva de sectores policiales en contra del gobierno del Presidente Correa en Ecuador. Gracias a una reacción enérgica y oportuna de la UNASUR en Bolivia, y de la OEA y la UNASUR en Ecuador, ambas en apoyo a los gobiernos constitucionales, se logró aislar y disuadir a sectores que buscaban generar un caos, con el propósito de incitar a fuerzas militares a intervenir nuevamente en la política doméstica para dirimir situaciones de conflicto, que en una sociedad plenamente democrática, corresponde sólo a la civilidad y sus entes de expresión popular, solucionar.

En el caso de Honduras, sin embargo, como lo ha reconocido el Secretario General de la OEA, “fracasamos, porque actuamos tarde”. Y es que aunque la Carta Democrática Interamericana fue invocada en esta crisis, se trataba de un Golpe ya consumado que era mucho más difícil de revertir, considerando la connivencia entre los sectores golpistas, y un sector de la derecha conservadora norteamericana que les otorgó su respaldo desde el primer momento. La capacidad de presión para revertir el Golpe se debilitó progresivamente entonces, en la medida que la economía hondureña depende esencialmente de Estados Unidos, y este país sólo aplicó sanciones diplomáticas, y medidas restrictivas en lo económico parciales y muy menores, que no afectaron el funcionamiento básico de ese país en la situación post – Golpe.

El acuerdo adoptado por la última cumbre presidencial de la UNASUR en Guyana, que contempla medidas específicas de sanciones como parte de una nueva “cláusula democrática” incorporada al Tratado Constitutivo, puede ser un camino útil.

Como dijo en su momento el representante de los empresarios hondureños (cuando le preguntaron si no le preocupaba la reacción de Brasil y la UNASUR) “Brasilia está a ocho horas, Miami a sólo dos”. Las lecciones que dejan el manejo de estas tres crisis, es entonces claro: es necesario actuar preventivamente antes que se consumen actos de fuerza que afecten el orden democrático;  es esencial que los sectores golpistas no perciban fisuras en la reacción internacional que se produce frente a un hecho de este tipo; y es clave que los países que tienen mayor gravitación frente a una crisis, asuman un liderazgo y eviten señales ambiguas, que den margen de acción a sectores que se sublevan contra las autoridades democráticas legítimamente constituidas.

La respuesta en las crisis de Bolivia y Ecuador tuvo esta contundencia: los grupos que promovían la desestabilización, sabían del escenario de aislamiento casi total que les esperaba en caso de consumar sus actos de insurrección (en esta última crisis, los países vecinos cerraron de inmediato las fronteras a todo movimiento y comercio, se habían suspendido todas las transacciones comerciales hasta la plena restitución del Presidente Correa y su Ministros, y para reforzar este mensaje, el Secretario General de la OEA y los Cancilleres de la UNASUR se hicieron presentes a las pocas horas de ocurrida la crisis). Contrariamente a lo que sostienen entonces, los críticos permanentes de los foros regionales, estos sí han funcionado en la mayor parte de los casos de grave disrupción al orden institucional democrático (o cuando ha habido disputas graves entre países, como ocurrió con Colombia, y Venezuela y Ecuador en el 2008, donde el Grupo de Río y la OEA fueron esenciales para pacificar una situación que podía haber quedado fuera de control).

Si algo se necesita ahora entonces, es precisamente fortalecer la Carta Democrática de la OEA, de manera de hacer más expedito su uso en caso necesario, y con un compromiso más vinculante para los países que adhieren a ella. El acuerdo adoptado por la última cumbre presidencial de la UNASUR en Guyana, que contempla medidas específicas de sanciones como parte de una nueva “cláusula democrática” incorporada al Tratado Constitutivo, puede ser un camino útil en este sentido. Esta cláusula contempla entre otros, el cierre de fronteras, la suspensión del comercio y la provisión de energía, y la promoción ante otros bloques de medidas similares, con el objeto de hacer inviable la consolidación de un régimen de facto en la región. Pero además, entidades regionales como la OEA, el Grupo de Río o la UNASUR, no debiesen reconocer a ningún gobierno surgido de acciones de fuerza, aunque ello busque ser legitimado a través de una elección posterior, pues sino, será tentador para algunos repetir la fórmula hondureña, que en definitiva, vuelve a politizar a las FF.AA,  transformándolas nuevamente en “garantes de la institucionalidad” (que dirimen conflictos políticos) , algo inaceptable en cualquier democracia consolidada de países desarrollados (que es donde aspiramos a estar).

Ahora, por cierto que la Carta Democrática de la OEA o la Cláusula de la UNASUR no están ni pueden resolver todas las crisis institucionales que se presentan en los países de la región, pues no son organizaciones “supranacionales” que están por sobre los gobiernos,  pero al menos cumplen el propósito de impedir que se vuelva al uso de la fuerza para resolver controversias de orden político. Porque al final, los problemas de la democracia deben resolverse en democracia, y a través de métodos democráticos. Este es el consenso básico que nunca debe perderse de vista en el manejo de futuras crisis, que probablemente seguirán ocurriendo en una región como la nuestra, todavía marcada por grandes desigualdades e instituciones débiles. Pero al menos ahora hay una solidaridad democrática que no existía en el pasado, y esto no es poca cosa.

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