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Ossandón y la convicción

por 1 diciembre 2010

Ossandón y la convicción
Si se llegara a configurar la trasgresión legal, no hay ética de la convicción ni concepción del Bien que valga. El alcalde Ossandón tendría dos caminos: la renuncia en nombre de sus valores (lo que tiene un enorme mérito más allá de lo político), o bien el sometimiento a la ley como todos los mortales.

El alcalde Ossandón se niega a repartir la “píldora del día después” en los consultorios de su comuna. Para justificar su actuación, se ampara en dos argumentos relacionados: primero, que los electores de Puente Alto estaban conscientes de su posición al respecto al momento de elegirlo (y con una abrumadora mayoría), y segundo, que en esta materia están en juego sus convicciones más profundas, aquellas que no está dispuesto a transar. ¿Son argumentos válidos? Me parece que no.

En el estilo Peña, se me hace necesario traer a colación esa vieja distinción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. De acuerdo a la primera, las personas actúan motivadas por sus creencias y valores. De acuerdo a la segunda, las personas actúan por ciertos compromisos ineludibles. Manuel José Ossandón, como individuo, tiene todo el derecho de actuar de acuerdo a sus creencias y valores. Manuel José Ossandón, como alcalde, debe conducirse en la vida pública respetando ciertos compromisos ineludibles. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, en la vida nos toca desempeñar distintos roles que requieren de distintas actitudes. La consecuencia o coherencia que algunos quieren ver en las actuaciones del alcalde Ossandón respecto de la píldora, no es tal. Como funcionario público, su deber es actuar de acuerdo a la ética de las responsabilidades de su cargo. Si el Estado de Chile ha llevado a cabo todas las instancias de validación necesarias para que la anticoncepción de emergencia esté disponible en los consultorios, entonces no hay creencia personal que lo justifique para no cumplir las responsabilidades de su cargo.

En el caso de Ossandón hay otro problema más grave aún, que suele darse en la derecha más que en la izquierda. Se trata de la precaria comprensión de la necesaria prioridad de lo Justo por sobre las concepciones personales del Bien.

Esta lógica se aplica independiente del sector político del cual provenga la autoridad. Aunque todavía sea motivo de crítica desde algunos sectores de la izquierda, la actitud que asumieron los gobiernos de Frei y Lagos respecto de la detención de Pinochet en Londres fue la correcta desde la perspectiva de la responsabilidad, aunque haya sido incómoda o incluso dolorosa desde la óptica de la convicción. Ministros que fueron exiliados por el dictador se vieron en la necesidad de actuar con criterio de Estado (aunque podamos discutir si éste fue el correcto), supeditando sus anhelos personales de retribución.

Pero en el caso de Ossandón hay otro problema más grave aún, que suele darse en la derecha más que en la izquierda. Se trata de la precaria comprensión de la necesaria prioridad de lo Justo por sobre las concepciones personales del Bien. En las sociedades complejas y cada vez más diversas en las que vivimos, es posible encontrar variadas visiones respecto de cómo vivir la vida. Todas esas visiones, mientras no destruyan la convivencia, merecen respeto. El alcalde Ossandón también tiene derecho a que respeten la suya.

Pero ninguna de ellas –tampoco la suya- puede ser impuesta sobre los demás en el espacio público. Es imperativo, entonces, establecer acuerdos o consensos básicos –la idea de lo Justo- que se traduzcan en instituciones y normas, las únicas que pueden ser legítimamente obligatorias. Volviendo a la píldora, no es la particular creencia o concepción del Bien del alcalde Ossandón la que debe ser satisfecha, sino la adecuada razonabilidad pública de acuerdo a los procedimientos establecidos, es decir, lo Justo para todos los ciudadanos.

No conozco exactamente la extensión del decreto y posterior legislación que autoriza la repartición de la píldora en los consultorios municipales. Pero si se llegara a configurar la trasgresión legal, no hay ética de la convicción ni concepción del Bien que valga. El alcalde Ossandón tendría dos caminos: la renuncia en nombre de sus valores (lo que tiene un enorme mérito más allá de lo político), o bien el sometimiento a la ley como todos los mortales.

Por supuesto, nada de esto tiene absolutamente nada que ver con su evidente reclamación de que hay cosas más importantes de que preocuparse. Este es un asunto, como él mismo señala, de convicciones y principios.

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