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Wikileaks: ¿poder ciudadano usando medios privados?

por 1 diciembre 2010

(*) Publicado en El Quinto Poder.cl

Cada vez es más frecuente que Wikileaks esté en la agenda noticiosa. Ahora, la filtración de 250.000 mensajes de la diplomacia de Estados Unidos con distintos niveles de seguridad, publicada de manera parcial simultáneamente por cinco grandes periódicos del mundo, ha generado un debate con múltiples aristas.

Todo está bajo el escrutinio público.

Desde el poder de los ciudadanos conectados a Internet y su aumentada capacidad de fiscalización de las autoridades y corporaciones, hasta reflexiones que intentan descifrar los intereses de quienes administran Wikileaks.

No faltan quienes analizan el doble discurso de Washington, acusando al sitio de terrorismo y cuyas publicaciones costarán la vida a personas inocentes por revelar información militar clasificada, al mismo tiempo que en otras latitudes defiende el libre acceso a Internet como un genuino espacio democrático.

Otros hablan ya del acuerdo que entre la prensa y el gobierno norteamericano se estaría produciendo, para mantener la confidencialidad de parte de la información, cuestionando que el cuarto poder –originalmente llamado a fiscalizar a los otros tres- suele "editar la realidad".

Pero en este ejercicio echo de menos una reflexión simple y que pudiera hacer brotar la reciente decisión de Wikileaks de mover parte de su contenido al servicio en la nube de Amazon para evitar ciertos ataques que está sufriendo. Wikileaks (que en su nombre juega confusamente con la idea de que cualquiera puede publicar anónimamente “filtraciones”, como si fuera contenido de la Wikipedia) es un sitio privado que usa servicios privados para almacenar su información y la inmensa mayoría de nosotros para acceder a su contenido usamos enlaces de Internet que prestan compañías privadas.

Nuestro teóricamente mayor poder ciudadano depende por completo de un conjunto de empresas y corporaciones que no tienen entre sus objetivos fortalecer a la ciudadanía ni promover la transparencia de los estados. Quizás incluso podríamos apuntar en sentido contrario y decir que ambos temas podrían ser perjudiciales para sus intereses empresariales.

La metáfora de Internet como una plaza pública, o más aún, como el ágora del siglo XXI, pariente directo del espacio en que se desarrolló la democracia ateniense, es una imagen que políticos, politólogos y cientistas políticos de irrefrenable optimismo suelen usar, pero requiere ser matizada.

Internet es, más bien, un conjunto de parques privados cuyo acceso parcial liberan sus dueños bajo ciertas condiciones. Parte de esta confusión se “construye” sobre la base de que muchos servicios ofrecidos en Internet por privados son gratuitos, lo que lleva a entenderlos como si fueran servicios públicos. Pero no lo son.

¿Debe o puede Internet ser un espacio público? ¿Qué significa que Internet sea un espacio público? ¿Qué la propiedad sea de los Estados, estructuras que supuestamente representan a los ciudadanos pero cuyo funcionamiento autónomo hace que frecuentemente operen en contra de ellos? ¿Es técnicamente posible eso? Son preguntas que el debate sobre Wikileaks soslaya.

Algunas respuestas posibles apuntan hacia la generación de un cuerpo legal que, entre otras cosas, se haga cargo del nuevo espacio informacional que representa la red, que aseguren derechos básicos como el libre acceso y que se pueda ejercer en ella la libertad de expresión e información.

En Chile, tras varios años de tramitación parlamentaria, recientemente nos convertimos en el primer país del mundo en contar con una ley de neutralidad en la Red, que busca normar que tipo de limitaciones puede un proveedor de acceso a Internet imponer en el acceso a programas, aplicaciones y contenidos. Se supone que nuestra ley impediría lo que suele ocurrir: que la empresa que controla la señal de Internet intervenga lo que por esa señal se transmite o se acceda. Pero es una ley que también tiene sus zonas grises, dejando al arbitrio del proveedor una serie de decisiones que pueden finalmente impactar en la calidad del servicio al que accede el consumidor (y del ciudadano que está detrás de su billetera). ¿Sería posible que Wikileaks operara desde servidores alojados en Chile? No lo sé.

Soy optimista y creo que Internet nos entrega mayor capacidad de control a los ciudadanos, pero no debemos dejar de hacernos las preguntas sobre esta nueva dimensión de la ciudadanía que está emergiendo, una cuyo ejercicio depende hasta ahora de la “buena voluntad” de un conjunto de empresas. Buena voluntad que claramente no se traduce de la misma manera para un habitante de Nueva York o para un habitante de Beijing. La misma empresa le responde a ambos de manera distinta cuando el servicio solicitado es idéntico.

Por eso, cuando Wikileaks ya está anunciando que sus próximas revelaciones estarán relacionadas con la banca norteamericana, cabe preguntarse si las empresas que permiten que desde mi computador en Santiago de Chile pueda leer un cable confidencial enviado desde una embajada de Estados Unidos en el mundo al Departamento de Estado, no tendrán con esos bancos deudas lo suficientemente grandes como para que piensen dos veces proveerle servicios a Wikileaks.

Wikileaks no habla sólo de ciudadanía conectada y una voz que tiene más medios para hacerse escuchar. Habla también de la realpolitik del siglo XXI, ese aggiornamiento del concepto de Bismarck que tiene a corporaciones privadas transnacionales y estados negociando como se repartirán el poder de la Red y en la Red.

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