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Redadas policiales: ¿justos por pecadores?

por 4 diciembre 2010

En nuestra legislación urge la existencia de un derecho de policías, pues sólo así la reforma procesal penal -luego de 10 años- podría decirse que está completa y que ha regulado de manera exhaustiva y en aras de las garantías de las personas todas las cuestiones que le son pertinentes.

Que se realicen redadas policiales por parte de Carabineros no es algo nuevo. Lo que sí lo es, sin embargo, es que las personas que se ven afectadas por este tipo de procedimientos no sepan por qué es que se las somete a registros domiciliarios, corporales o incluso a incautaciones.

Es posible sostener que los hechos que se le imputan a una determinada persona sólo se van a conocer formalmente cuando se realice la formalización de la investigación, pues es sólo ahí cuando se conoce el contenido de la imputación.  Sin embargo, el caso que Paulo Álvarez llevó ante el Consejo para la Transparencia -presentó una solicitud de acceso a la información del Ministerio del Interior, pidiendo antecedentes sobre el Plan de Intervención de La Legua el 10 de diciembre de 2009- es algo que no debe pasar inadvertido, ni para quienes somos parte integrante del sistema procesal penal, ni para la ciudadanía toda.

En nuestra legislación urge la existencia de un derecho de policías, pues sólo así la reforma procesal penal -luego de 10 años- podría decirse que está completa y que ha regulado de manera exhaustiva y en aras de las garantías de las personas todas las cuestiones que le son pertinentes.

Las razones, podríamos decir, son principalmente dos. La primera es que el llamado “Plan de Intervención de La Legua”, aunque se trate de un plan ficticio o que opera como un operativo policial que no ha sido comandado por las altas esferas de poder, se trata claramente de una actuación de la policía en que se identifica a un determinado sector de la población como presunto autor de un hecho delictivo -en este caso como traficantes de droga- y respecto de ellos -en su totalidad- se toman medidas que apuntan a su persecución.

Una redada a nivel de comunas es, sin lugar a dudas, una asunción de culpabilidad de todos aquéllos que habitan dicha comuna por el solo hecho de vivir ahí, y eso pareciera ser más bien un acto de discriminación arbitraria y selección primaria, que una investigación a la luz de un Estado democrático de derecho. El problema que se produce con este tipo de actuaciones no es sólo que caen “justos por pecadores”, sino que también se transgrede de manera manifiesta el principio de la presunción de inocencia.

La premisa sobre la que se opera aquí es que todos los habitantes de La Legua son delincuentes, salvo ciertos casos particulares que se determinarán luego de haberlos registrado, interrogado y detenido por su condición de habitantes de dicho lugar. Sin embargo, la premisa sobre la que se debería operar es que todos los habitantes de La Legua son inocentes, salvo ciertos casos particulares en que se pruebe lo contrario. Si se tomara la primera premisa, uno podría sostener que la Constitución y las leyes rigen para ciertos sectores de la población y no para la totalidad de ella. Pareciera ser que eso es lo que se está haciendo.

La otra razón por la cual impacta este caso, es porque uno de los afectados por este Plan de Intervención de La Legua  fue capaz -en ejercicio de sus derechos ciudadanos- de elevar esta situación ante el Consejo para la Transparencia, pues en virtud de la Ley 20.285 cualquier persona puede solicitar información de los servicios públicos. Antes esto, si bien la Subsecretaría del Ministerio del Interior respondió en tiempo y forma, no lo hizo en el fondo, ni en esta instancia ni en la apelación posterior.

Lo que llama la atención es no sólo que un ciudadano haya podido dar visibilidad a una caso de esta magnitud, el cual podría haber quedado en el silencio de la noche y en la irregularidad de la fuerza, sino que existan procedimientos de esta naturaleza y que nadie se haga cargo de responder quiénes los han denominado así y quiénes han encargado su puesta en marcha.

Esto da cuenta de dos cuestiones que a estas alturas nos deberían parecer evidentes: por una parte, que en los hechos hay muchas cosas que ocurren al margen del derecho y por las cuales nadie responde, pues quienes ejecutan dichos hechos lo hacen en el cumplimiento de una orden que nadie sabe de quién viene. Por la otra, que en nuestra legislación urge la existencia de un derecho de policías, pues sólo así la reforma procesal penal -luego de 10 años- podría decirse que está completa y que ha regulado de manera exhaustiva y en aras de las garantías de las personas todas las cuestiones que le son pertinentes.

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