Señor Director:
El pobrezismo tiene sus antecedentes en las dictaduras militares impuestas en toda América Latina durante los 70s -con la activa participación de EE.UU.- que iniciarían una agenda de reformas estructurales tendientes a trasladar el eje rector de la economía y sociedad, desde el estado nación a un mercado global liderado por corporaciones transnacionales.
La Crisis de la Deuda Externa y el denominado Ajuste Estructural promovido desde el Fondo Monetario Internacional –también comandado desde EE.UU.- aceleraría esta transformación, imponiendo nuevas desregulaciones de la actividad empresarial, un conjunto de privatizaciones e importantes recortes del gasto público, en cinco direcciones: i) buscando generar excedentes fiscales para el pago de la Deuda Externa; ii) deprimiendo el mercado interno con el fin de abaratar costos salariales, generar una balanza comercial positiva y, nuevamente, excedentes de divisas para pagar la misma Deuda Externa; iii) desindustrializando el Sur, para asegurar mercado a los productos manufacturados del Norte y para destruir la base sindical más politizada de nuestras sociedades; iv) asegurando el abastecimiento de materias primas desde el Sur, a bajo costo; y v) limitando críticamente la capacidad de las elites políticas, a través del Estado, para retomar una agenda de transformación social que pudiera revertir este orden.
La enorme transferencia de recursos desde el Sur al Norte que generó este Ajuste Estructural, fue lo que la CEPAL denominó la década perdida. Y mientras declaraba esto, a la usanza de los tiempos, este organismo internacional dejó de promover reformas estructurales pro-industrialización para limitarse en adelante al ritual del conteo de la pobreza y la búsqueda de algún nuevo rol para los gobiernos.
En este escenario, distintas elites políticas latinoamericanas se verían implicadas en movimientos ciudadanos que se movilizarían contra las dictaduras y el ajuste estructural y su secuela de muertes y pobreza. EE.UU., por su parte, con el fin de resguardar las reformas pro-mercado y de conjurar el fortalecimiento de movimientos nacionalistas o revolucionarios en el continente, se dedicaría a facilitar un retorno pacífico y ordenado a la democracia. De este modo, a inicios de los 90’s las elites políticas de antaño se verían nuevamente reinstaladas en el gobierno, pero en un Estado y sociedad que ahora les sería irreconocible.
En este marco, frente a la caída del Muro de Berlín y la pérdida de referentes ético -políticos, además del deplorable estado económico y social dejado por las Dictaduras, el conteo de la pobreza como ejercicio analítico, devendría discurso político de lucha contra la pobreza. Nacería el pobrezismo como ideología legitimadora de la acción de la elite política.
El pobrezismo, como su nombre lo indica, abandona la categoría de clase o pueblo, para denominar una masa informe de individuos que carece de cosas – los pobres- y que como números y porcentajes puede ser objeto de discurso y acción estatal, sin que esto evoque contraparte alguna ¿Quién representa a los pobres?¿Quién tendría la legitimidad para hacerlo? En un sentido ciudadano, nadie.
El discurso pobrezista es esencialmente desmovilizador y despolitizador. Como no reconoce identidades sociales y culturales, ni legitima los discursos y prácticas que autónomamente emergen desde tales identidades, siempre está pensando la solución por otros. La proliferación de distintos think tanks partidistas, el outsourcing del diseño y evaluación de políticas, el uso de encuestas de popularidad, son síntomas evidentes. Amén, los anglicismos en el lenguaje político.
Sean las canastas de Menem, la bolsa familia de Lula o bien los bonos de Bachelet, la agenda pobrezista queda limitada a una acción estatal de carácter asistencial, que no afecta las coordenadas instaladas por el Ajuste Estructural de los 80’s. La excepción a esta agenda la constituyen aquellos gobiernos que decidieron revertir en parte estos procesos – para horror del capital financiero global – , volviendo a nacionalizar los recursos naturales, reinstalando la acción estatal de fomento y redistribución en la economía, lidiando con procesos de corrupción más o menos profundos en el Estado e intentando, paralelamente, de promover procesos de redemocratización desde la sociedad civil popular. Más o menos, sin menospreciar sus diferencias ideológicas y políticas, en eso estarían Bolivia, Ecuador y Venezuela.
De esto se tiene que el pobrezismo tiene una alta simpatía con agendas liberales más o menos discretas, que enfatizan los aspectos formales antes que sustantivos. Por ejemplo, promueve la libertad de expresión pero se cuida de intervenir en la concentración de los medios de comunicación; favorece la participación ciudadana en las políticas públicas pero a nivel municipal, donde no se corta nada; establece prestaciones de salud garantizadas pero abomina del déficit de los hospitales públicos; agita la reforma educacional, pero no pone en discusión el interés privado en el negocio educativo; promueve reformas tributarias que incrementan la recaudación, pero sobre la base de impuestos indirectos que redistribuyen la pobreza.
En cada caso, las medidas de política son evaluadas según dos parámetros: uno es el caudal de votos que legitima el orden electoral. Otro es el estado de la bolsa de valores, que da cuenta de la recepción de sus medidas por parte de quienes ostentan poderes reales en el actual orden social. Por esto mismo, el pobrezismo trata de una política clientelista y populista, que mira nostálgicamente hacia la izquierda pero que siente la pistola del capital financiero en la nuca.
Otro modo de verlo es decir que la agenda pobrezista tiende a favorecer políticas estatales que les permiten ampliar la cobertura de bienes y servicios ofrecidos y, a la vez, crear nuevos negocios para el capital. Dado que la pobreza es un asunto de cosas y las entidades que producen cosas se llaman empresas, la lucha contra la pobreza es a la vez una agenda pro-inversión o, más eufemísticamente, pro-crecimiento.
Uno podría plantearse la hipótesis de quizá en torno a la construcción de viviendas sociales o al fomento productivo rural, pudieran impulsarse procesos no sólo económicos sino de construcción de actorías capaces de plantearse transformaciones sociales mayores, como en otros tiempos lo fueron las tomas de terreno autogestionadas o el incipiente cooperativismo reforma agraria. Pero el pobrezismo no está para estos trotes. Si la política estatal trata de votos y cosas, importa obtenerlas en el menor tiempo posible y al costo más bajo. La acción autogestionaria desde sociedad civil sólo es deseable en la medida que ayude a contener el gasto público gracias a la caridad privada y siempre al costo de la despolitización y subordinación a la agenda estatal. El ejemplo directo, lo tenemos a nuestra vista hoy en el marco del terremoto.
En síntesis, elitismo tecnocrático, clientelismo paternalista, liberalismo discreto, populismo de izquierda e incluso el caritativismo compasivo, pueden formar parte de esta agenda probrezista. Es como un gran arco iris.
(*) Eduardo Letelier, economista. Director de CET SUR.
