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Editorial

Infierno en la torre

por 9 diciembre 2010

Infierno en la torre
El hacinamiento de las cárceles también se debe a una postura doctrinaria en lo penal que busca llenar los recintos penitenciarios de infractores, y pugna por mayores penas y más encarcelamiento como elemento central de la acción contra el delito.

El año del Bicentenario ha traído a la realidad, de manera dramática, la precariedad institucional que vive el país en vastos ámbitos de las políticas de Estado.

El año empezó con un terremoto que destruyó una parte sustancial de la infraestructura del corredor costero de la zona central, con cientos de muertos y el corazón del mando estratégico del país totalmente paralizado por más de 24 horas.

Le siguió el derrumbe de la mina San José en Atacama, donde quedaron atrapados 33 mineros que felizmente, dos meses y medio después, fueron recatados con vida. La hazaña sirvió para cubrir el evidente colapso de los sistemas de fiscalización y control en las faenas mineras y, en general, la precariedad laboral instalada en todo el país, que por cierto continúa.

El miércoles 8 de diciembre de madrugada, un voraz incendio destruyó en pocos minutos uno de los pabellones de una de las torres de la vieja y hacinada cárcel de San Miguel, dejando una secuela de más de 80 muertos calcinados porque no había ni condiciones ni plan de emergencia debido a la precariedad del recinto.

Lo ocurrido ayer, y antes de ayer, y en toda la secuela de hechos en los que diariamente los ciudadanos ven expuestos sus derechos más esenciales, demuestra que el país está transitando a la modernidad solo con estadísticas de crecimiento económico, pero sin prioridad en el bienestar y los derechos de las personas, que todos prometen cautelar y garantizar.

Estamos transitando hacia una modernidad con instituciones frágiles y una percepción orientada a la popularidad, los éxitos y las estadísticas del crecimiento económico, visión sostenida de manera transversal por la política.

Con la tragedia de la cárcel de San Miguel quedará en evidencia, como en los otros siniestros mencionados, que ha existido mala planificación y gestión, que  los problemas son conocidos por todos y están híper diagnosticados.

Lo que  no quedará en evidencia tan fácil es que detrás de la ineficiencia también hay una ideología sobre cómo funcionan las cosas y se solucionan los problemas, que es la que genera las condiciones institucionales para que las tragedias ocurran. Que fallen las alarmas, los controles, las llaves, la seguridad.

El hacinamiento de las cárceles también se debe a una postura doctrinaria en lo penal que  busca llenar los recintos penitenciarios de infractores, y pugna por mayores penas y más encarcelamiento como elemento central de la acción contra el delito.

El año 2008, invitada por el gobierno vino a Chile la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe del comisionado Florentín Meléndez que la presidía, fue lapidario para el país.

En este se señala que en  los centros de detención operados por el Estado hay un nivel de hacinamiento “pocas veces visto en la región”,  pésimas condiciones de infraestructura, insalubridad extrema y ausencia casi total de verdaderos programas de readaptación social.

Señala que en todos los centros de detención visitados “hay un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos”; y que en el centro de detención  para menores de edad de San Bernardo, era  “especialmente alarmante…la deficiente prestación de servicios básicos…en educación y atención a la salud, así como programas de esparcimiento, deportes y readaptación social”.

Entre las conclusiones más significativas de esa Relatoría está el hecho de que el grado de precariedad del sistema hace que el Estado de Chile no esté en condiciones reales de garantizar la dignidad de los reclusos ni  su seguridad. El incendio de la cárcel de San Miguel ha cumplido de manera cruel el vaticinio, y no cabe duda que el Estado arriesga una demanda de los familiares de las víctimas.

El país requiere, tanto en este tema como en muchos otros, una mirada más estructural y menos ideologizada de su elite política, para dar paso a intervenciones públicas capaces de poner en el centro los derechos y la seguridad de todas las personas, incluidos aquellos que cumplen penas de reclusión.

En los próximos días será inevitable que el oficialismo y la oposición se endosen la responsabilidad de los hechos, o traten de sacar partido mediático del mismo. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que todos los sucesos mencionados indican que estamos transitando hacia una modernidad con instituciones frágiles y una percepción orientada a la popularidad, los éxitos y las estadísticas del crecimiento económico, visión sostenida de manera transversal por la política.

Gendarmería ha sido no solo un botín político en los últimos años, sino que ha sido el centro de malos nombramientos en su dirección superior, antes y ahora, y carece de los medios técnicos y recursos humanos y financieros para hacer frente de manera eficiente a sus desafíos.

Por lo mismo, sería lamentable que la discusión se centrara en determinar quien es más responsable. O  en un tema de costos económicos del sistema, con ideología de por medio, sobre si es mejor tener cárceles privadas en vez de públicas.

Chile tiene una de las poblaciones penales más altas del mundo en relación a su número de habitantes. Y si se sigue el predicamento de encarcelar por todo, e incluso bajar la responsabilidad penal a doce años, no habrá sistema capaz de sostener condiciones dignas para tal masa humana.

La cárcel es la estación de llegada de un sistema penal. Y si está colapsado no es solo porque haya mala inversión o aumento de la delincuencia, sino porque los sistemas de prevención y el modelo de ley penal fallaron antes.

El problema es que mientras se mantenga la puerta giratoria entre ideólogos de la mayor penalidad y autoridades encargadas de diseñar o aplicar las políticas penales del Estado, cambiar el enfoque será difícil.

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