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81 muertes que hablan de Chile

por 10 diciembre 2010

 81 muertes que hablan de Chile
La clase política de centro izquierda miraba hacia un lado y olvidaba sus compromisos ideológicos más básicos, se compraba el discurso de la mano dura, caía rendida a los pies de las encuestas y subía al podio de súper héroes, a subsecretarios bautizados con nombres de películas de acción. En este orden de cosas ¿Qué puede decir ahora la Concertación sobre esta tragedia? Nada. Las cosas parecen ser mucho más graves de lo que uno pudiera realmente creer.

Por varios años he podido seguir el estado de violaciones a los derechos humanos de aquellos privados de libertad, a veces documentando, otras demandando al Estado de Chile, escribiendo o promoviendo mejoras al sistema penitenciario, en línea con los derechos fundamentales de todas las personas.

Durante gran parte de esos años, vi a gobiernos de la Concertación negando esta dramática situación. Comentarios desdeñosos sobre el carácter imparcial de estudios de Derechos Humanos, notas y comentarios de molestia por los dichos de funcionarios internacionales que criticaban este estado de cosas, negativa a proveer información sobre números de muertos, sumarios administrativos y otras irregularidades. Todo ello ocurría mientras la clase política de centro izquierda miraba hacia un lado y olvidaba sus compromisos ideológicos más básicos, se compraba el discurso de la mano dura, caía rendida a los pies de las encuestas y subía al podio de súper héroes, a subsecretarios bautizados con nombres de películas de acción. En este orden de cosas ¿Qué puede decir ahora la Concertación sobre esta tragedia? Nada. Las cosas parecen ser mucho más graves de lo que uno pudiera realmente creer.

Las cosas por su nombre. Ha sido un Gobierno de Derecha –para mi sorpresa e incomodidad ideológica- el que ha sincerado el carácter inhumano e incivilizado del sistema penitenciario chileno. Ha sido este Gobierno de Derecha, impulsado por el Ministro de Justicia, el que se ha propuesto reformar el sistema penitenciario, nombrando en cargos de dirección política en esta materia, a personas técnicamente competentes y que parecen honesta y efectivamente comprometidas con mejorar las condiciones de los privados de libertad. A diferencia de otras catástrofes que hemos sufrido este año, el Gobierno no está improvisando una respuesta a la crisis penitenciaria; ya la había evaluado y propuesto un plan de acción de largo aliento, orientado al logro de metas claras y correctamente fundadas. Esa es la realidad. Aunque moleste a algunos. ¿Pero es suficiente? No lo es.

Si realmente se quiere emprender una reforma global al sistema penitenciario, el Gobierno deberá convencer a todos, inclusive aquella fracción más conservadora de la Alianza, que es necesario disminuir los niveles de privación de libertad en Chile y reforzar la efectividad de las medidas alternativas a la prisión.

La muerte de 81 reclusos de la Cárcel de San Miguel no es un accidente. Es el resultado de un sistema jurídico y político -no sólo penitenciario- que explica, promueve y justifica este tipo de atrocidades.

Nuestro sistema jurídico y político explica lo ocurrido, ya que como se ha venido sosteniendo hace ya varios años por organizaciones de derechos humanos, por la Fiscal de la Corte Suprema, Sra. Mónica Maldonado y por el propio Relator de Personas Privadas de Libertad de la OEA, el Estado de Chile retiene a más de 54 mil personas privadas de libertad bajo condiciones de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Como lo indicó el Consejo para la Reforma Penitenciaria este año, Chile cuenta con deficientes condiciones estructurales de las cárceles; hacinamiento (el que llega a un 60%); una bajísima inversión en rehabilitación y reinserción (la que ni siquiera alcanza al 14% del presupuesto global de Gendarmería); un ineficaz sistema de sanciones alternativas a la privación de libertad; ausencia de controles externos en la etapa de ejecución de las sanciones penales. A ello debe sumarse la ausencia de órganos autónomos –no dependientes del Ministerio de Justicia- que puedan supervisar las condiciones de las cárceles y formular recomendaciones.

En este orden de cosas, y a pesar del dolor que genera esta noticia, nadie debe verse sorprendido por lo que ha ocurrido este día miércoles. Lo sabía el Estado, este Gobierno y los de la Concertación también, la Cámara de Diputados y el Senado, lo sabían los jueces, los fiscales, los defensores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los medios de comunicación y esa silente masa de chilenos más preocupados del destino de la ANFP, que de la altura moral de nuestro país.

A su vez, el sistema jurídico y político actual promueve este tipo de atrocidades. Nuestro sistema penitenciario no sólo es del todo incapaz para otorgar la debida protección a los derechos de aquellos privados de libertad, sino que Gendarmería recibe –con bajísimo presupuesto y menos peso político- aquello que la clase política chilena le ha concedido graciosamente: una agenda corta contra la delincuencia.

En efecto, esa agenda promovida entusiastamente por el Gobierno de Michelle Bachelet y que sonaba como una hermosa melodía para la Alianza, es la que promueve niveles descomunales de privación de libertad en Chile. Esa agenda corta es que la reforzó la prisión preventiva y aumentó las hipótesis de privación de libertad de muchos de los que hoy se encuentran en la Cárcel de San Miguel, incluso por delitos que no revisten gravedad. Un record Latinoamericano de privación de libertad, y uno de los más altos del planeta, que habla de cuan realmente dispuestos estamos a buscar soluciones serias para la delincuencia.

Y acá surge lo evidente: Mientras no se restrinja la capacidad del sistema penal para apretar el botón fácil de la cárcel, no habrá licitación alguna que pueda llevar el tranco de la construcción de cárceles -aunque sean de alto estándar- y evitar que este tipo de desgracias se repitan en el futuro. Aún cuando estuvieran listas las 3 cárceles comprometidas para el año 2013, de mantenerse los niveles de crecimiento de la población penal actual, ese mismo año ya habría un déficit de más de 2 mil plazas.  Así, habrá más cárceles -un buen negocio por lo demás- y seguirán los hacinamientos. Un circulo vicioso impresentable y que, por fortuna, el Ministro de Justicia parece tener claro.

Finalmente, el sistema jurídico y político justifica este tipo de catástrofes. Lo hace, ya que más allá de las palabras de buena crianza que damos a los familiares de las victimas, lo cierto es que lo que parece estar a la base de lo que hemos visto, es una ampliamente compartida visión social o cultural, sobre el carácter infrahumano de todo aquel que es detenido, imputados y, particularmente, condenado. Es cosa de ver los realities de persecución policial, de seguir un par de días a la semana las noticias de televisión y la prensa escrita, de ver las celebraciones políticas por números de detenidos, de prestar atención al discurso político que promueve “el basta ya con los derechos de los delincuentes y más derechos para las víctimas”.

Todo esto no está ni en el Código Penal, no está en la agenda corta contra la delincuencia, en el plan de mejoramiento al sistema penitenciario, no aparece en las orientaciones de política criminal, ni en los informes de seguridad ciudadana. Los chilenos no creemos que estas 81 personas hayan tenido algún derecho realmente significativo a ser tratados con mínima dignidad, a cautelar su integridad física y psíquica y a no morir en una cárcel incapaz de garantizar su derecho a la vida. Estas muertes hablan de Chile, aunque no lo queramos ver.

Por ello es que para poder enfrentar con responsabilidad lo que ha pasado este fatídico miércoles, no sólo será necesario impulsar una reforma global al sistema penitenciario y apurar el tranco de las medidas paliativas inmediatas (como las cárceles modulares, por ejemplo). La propuesta de mejora al sistema penitenciario presentada por el Gobierno hace casi 2 meses atrás, aunque mejorable en varios aspectos, parece ir en sentido correcto, es indispensable y hay que seguir apoyándola. De hecho, en su incipiente aplicación, ya ha significado una mejora progresiva en diversas áreas sensibles para los derechos de aquellos privados de libertad. Lo que ha pasado ayer no puede hacernos perder de vista esto, y en particular, los esfuerzos desplegados desde ya hace rato en esta materia. Pero enfrentar la muerte de estas 81 personas, seres humanos como Ud. o como yo, implica también, hacer otras cosas fundamentales.

En primer lugar, el Gobierno y toda la clase política deberán ser capaces de dar, antes que nada, una lucha ética por la dignidad humana, por la decencia de nuestro país. Defender a quienes son objeto de nuestra simpatía o admiración es algo fácil, pero hacer lo mismo respecto de quienes son objeto de detenciones policiales, cargos criminales, o resultan ser condenados en base a los mismos, es lo que otorga el verdadero talante moral de una persona y de la institución que la representa. Y en este punto, la posición del Gobierno no parece ser unívoca. De un lado, se emprende una reforma al sistema penitenciario con una justificación correctamente liberal, pero de otro lado, se mantiene y refuerza un discurso de seguridad interior y “guerra contra los delincuentes” que francamente parece contradecir los supuestos de ese primer gran esfuerzo. Por los derechos de todos nosotros, espero que gane el liberalismo que veo en las políticas de Justicia, y no la obsesión por una persecución criminal a todo evento, que veo en las políticas de Interior.

En segundo lugar, y relacionado con lo último,  si realmente se quiere emprender una reforma global al sistema penitenciario, el Gobierno deberá convencer a todos, inclusive aquella fracción más conservadora de la Alianza, que es necesario disminuir los niveles de privación de libertad en Chile y reforzar la efectividad de las medidas alternativas a la prisión. Esta batalla es por hacer ver que la privación de libertad no es la panacea de la seguridad ciudadana, que invertir en prevención y reinserción es moral y económicamente más rentable que fruncir el ceño y celebrar el número de operativos policiales, imputados y encarcelados. Aprender algo de estas inexcusables muertes implica, en otras palabras, comprender que el estado de las cárceles y la seguridad, dignidad y vida de quienes se encuentran en ellas, es función de los acuerdos políticos sobre delincuencia y seguridad ciudadana que se adopten por el gobierno de turno y la clase política. No reparar en esta cuestión es simplemente evadir el desafío que nos impone el sistema penitenciario chileno. Por ello es que será necesario que el Gobierno tome una decisión en esta materia. Una decisión, por cierto, que de no tomarse, tornará en insuficientes los esfuerzos que pueda desplegar Gendarmería de Chile o el propio Ministerio de Justicia para enfrentar esta crisis. La gramática moral de Chile se juega en este tipo de decisiones.

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