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Subsidios para las universidades de los ricos y pobreza para las públicas

por 11 diciembre 2010

Uno de los aspectos menos conocidos del sistema universitario heredado del régimen anterior es la gran diversidad de subsidios, directos e indirectos, otorgados por el Estado chileno a las universidades privadas. Se trata de un sistema que favorece, especialmente, a las universidades privadas más elitistas, confesionales y comercializadas. Los fondos que se niegan a las universidades públicas son generosamente entregados a las universidades privadas, contrariamente incluso al clásico programa político neoliberal que, sólo en condiciones excepcionales y circunstanciales, acepta que el Estado subsidie las empresas privadas, no siendo éste el caso.

Estos subsidios fueron creados antaño y ampliados por la Concertación, como parte de lo que se puede llamar un “capitalismo subsidiado” en Chile.

Así, por ejemplo, está el aporte directo que el Estado entrega a las universidades privadas tradicionales que tienen carácter confesional y algunas privadas sin fines de lucro como la Universidad de Concepción, Austral y otras. También está el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que el Estado entrega a las universidades privadas por cada alumno que se matricula en ellas, cuyo  puntaje PSU se encuentre entre los mejores del país. De más está decir que los mejores puntajes PSU no están justamente entre los estudiantes de colegios municipales sino, obviamente, entre los postulantes que reciben la mejor educación concentrada, mayoritariamente, en colegios privados. Es decir, un doble subsidio.

Abrir derechamente  la posibilidad de convertir a las universidades privadas en sociedades anónimas. Es una propuesta razonable, porque así tendrían que pagar al Estado mediante el IVA, y otros impuestos, una parte de sus considerables ganancias, como lo hace el resto de las empresas chilenas.

Por otra parte, las donaciones que realizan las empresas a las universidades privadas, se descuentan de sus  impuestos. Es decir, todos los chilenos contribuimos al financiamiento de las más caras, elitistas y confesionales universidades privadas.

En esta lista están también fondos especiales concedidos a proyectos concursables dedicados al desarrollo académico de las universidades privadas.

Pero, tal vez, el mayor tipo de subsidio a las universidades privadas -que al parecer nunca se ha calculado-, consiste en mantener la ficción legal de que son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Eso significa que están exentas de impuestos a la venta de sus servicios educativos y a sus utilidades. Pero todos sabemos que la mayor parte de ellas son empresas de alto nivel de rentabilidad. En algunos casos, las utilidades se reinvierten en la creación de cientos de escuelas que imparten carreras de escasa o muy baja  calidad académica y cuyos egresados tiene muy limitadas o nulas posibilidades de conseguir trabajo.

No obstante, sería injusto negar el aporte de las universidades privadas en el ingreso de un alto porcentaje de alumnos al sistema de educación superior. Entre estas universidades hay enormes diferencias: algunas son marcadamente elitistas, otras sirven a un determinado proyecto ideológico o confesional y no faltan aquellas que se crearon para prestar un importante servicio a sectores más desprotegidos de nuestra sociedad (algunas universidades privadas son la única posibilidad de acceso para estudiantes provenientes de las escuelas municipales que, por su bajo puntaje, serían rechazados en  aquellas pertenecientes al consejo de rectores).  En esto, hay que ser sinceros.

Pero por lo mismo, y aprovechando el impulso que la sinceridad otorga, ya va siendo hora de transparentar una de las propuestas que muchos esbozan tímidamente: abrir derechamente  la posibilidad de convertir a las universidades privadas en sociedades anónimas. Es una propuesta razonable, porque así tendrían que pagar al Estado mediante el IVA, y otros impuestos, una parte de sus considerables ganancias, como lo hace el resto de las empresas chilenas.

Parece poco razonable que el Estado siga favoreciendo el desarrollo, crecimiento y aumento de la ganancia de las universidades privadas mientras  las universidades públicas sólo reciben del Estado menos del 15 % de su presupuesto. Pese a que subsisten vendiendo matrículas y servicios, sacrificando remuneraciones de profesores y personal, recortando presupuestos de investigaciones, bibliotecas y laboratorios, siguen estando entre las mejores. La Universidad de Chile, por ejemplo, es la mejor del país y la décima de América Latina. Si los generosos subsidios al mundo de la educación privada se redestinaran a lo público, tal vez podríamos replicar la calidad de esta universidad pública en todas las regiones del país y, con ello,  favorecer a los alumnos de los sectores sociales más postergados y de menor ingreso.

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