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La letra chica de la reforma a la salud

por 13 diciembre 2010

La comisión de expertos de salud convocada hace cuatro meses por el gobierno entregó este 6 de diciembre un informe con las recomendaciones para mejorar el deteriorado sistema de financiamiento de salud chileno. Tres temas cubren el Informe: el fin de las exclusiones en las Isapres mediante una apertura del sistema a empresas de seguros de salud; una reforma a los pagos y controles de los subsidios de incapacidad laboral desligando responsabilidades del Estado en lo referente a licencias médicas; y, una propuesta de mayor autonomía –que incluye la privatización vía concesiones- de la gestión total de los establecimientos públicos de salud.

Era sabido que los esquemas de cobros de las Isapres topaban fondo porque incluso la justicia ordinaria estaba destacando los factores evidentes de inequidad y exclusión que eran contradictorios con lo que estipula la Constitución para la seguridad social.

La propuesta de la comisión es: terminar con las Isapres como seguros individuales con primas ajustadas por riesgo, con tablas de factores, con selección al ingreso, y afiliados cautivos y con carencias y preexistencias; y, crear un Fondo Compensatorio por sexo y edad que permita cobrar un solo precio para hombres, mujeres, niños y ancianos (iniciativa que rechazó la oposición en 2005).

Esto, sin duda, es una mala noticia –aunque esperada- para las Isapres. Empero, la propuesta no elimina el rol de las aseguradoras de segundo piso. Por el contrario, las ideas que han planteado miembros de la comisión es licitar cuanto se pueda en el sector público (incluido el plan de salud básico y de paso los afiliados al sector público) y en ese “negocio remozado” bien caben las Isapres que por lo demás, estuvieron perfectamente representadas en la comisión.

La propuesta no elimina el rol de las aseguradoras de segundo piso. Por el contrario, las ideas que han planteado miembros de la comisión es licitar cuanto se pueda en el sector público (incluido el plan de salud básico y de paso los afiliados al sector público) y en ese “negocio remozado” bien caben las Isapres.

En efecto, se propone crear Entidades de la Seguridad Social en Salud (ESSS), una pública y otras privadas. Se recomienda, un plan básico o Plan Universal de la Seguridad Social en Salud para todos los chilenos (esto actualmente, de hecho, es el Auge que incluye la mayoría de las enfermedades catastróficas más la Atención Primaria incluyendo las acciones preventivas y las atenciones de urgencia) que sería financiado con el Fondo solidario o compensatorio. Esta es una manera de liberar a las Isapres de sus responsabilidades actuales para que puedan competir como sistemas privados integrados verticalmente de aseguradores y prestadores a través de las ESSS.

La comisión, obviamente, reafirmó que todas las personas debieran tener la posibilidad real de elegir la entidad de seguridad social a la que quieran afiliarse. Esto está garantizado en la actualidad pero, en cambio se plantea generar “en forma gradual los mecanismos que permitan, con aportes de los trabajadores y el Estado, la movilidad de las personas”. Expresamente, se abriría la modalidad de Libre elección a los grupos A de Fonasa. Es decir, que el Estado no solo aportará al fortalecimiento del sector público sino que financiará prestaciones en el sector privado a todo el mundo y además a personas que elijan las ahora llamadas ESSS. Esto es conocido como portabilidad o subsidio a la demanda y es una de las reivindicaciones más preciadas por los esquemas liberales en salud que también quedó plasmada como posición de minoría en el Informe.

En realidad para avanzar en esta llamada transición, la comisión propone desdoblar el seguro público creando un Fonasa para indigentes que solo entrega el plan básico y otro Fonasa que funcionaría con las reglas de cualquier seguro para los cotizantes.

En segundo lugar, la comisión acordó recomendar un cambio institucional para transformar las licencias médicas en un seguro de incapacidad laboral, que cubra en forma temporal la incapacidad de generar ingresos de los trabajadores afectados por una enfermedad común. El cambio principal es que este seguro deberá ser financiado en partes iguales por trabajadores y empleadores. Es decir, el 1% del actual 7% de las cotizaciones se destinará a este fin y los empleadores aportarían un 1%.

Asimismo, se propone una entidad autónoma que decide el trámite de aprobación, modificación o rechazo de una licencia nueva y se traslada a un organismo de carácter técnico e independiente regulado por la Superintendencia de salud. Es decir, se desliga al Estado de las licencias médicas privatizándose el sistema de control al respecto con una entidad nueva.

Se reduce asimismo el actual diseño de los beneficios que incorporan el no pago de los tres primeros días de licencia a sólo dos, pero, en cambio, se aplica este no pago a todas las licencias médicas independientemente de su duración (anteriormente no se hacía el descuento para licencias de más de 10 días).

Finalmente, la Comisión se pronunció respecto a la modernización del sistema público prestador de salud planteando derechamente la privatización completa de la salud en Chile. “Los modelos de concesiones hospitalarias –dice el Informe- valiosos para el desarrollo del modelo de gestión serían, hacia el futuro: i) los que incluyeran la concesión de toda la gestión y, ii) los que permitieran concesionar la totalidad de la red asistencial, incluyendo APS, en modalidad tipo Concesiones Sanitarias… organizadas en los tres niveles de complejidad (baja, media y alta)”. No cabe duda que esta aseveración hará candente una polémica que se desarrolla hace tiempo y que confirma las sospechas que se plantearon gremios y frentes sociales del sector con respecto a la intención del gobierno en cuanto a la privatización de la salud.

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