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Superintendencia de Bancos: urgente independencia política

por 15 diciembre 2010

Superintendencia de Bancos: urgente independencia política
La crisis que enfrenta la Sbif permite apreciar, en la práctica, las debilidades que relatan los manuales de regulación y que aún subsisten en el modelo chileno de agencias, con gobiernos unipersonales y con jefe de servicio técnicos altamente calificados, pero de exclusiva confianza del Presidente de la República.

La discusión pública en torno a la regulación aplicada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) a las denominadas ventas atadas otorgadas por los bancos y el cambio desde un criterio original completamente restrictivo, a uno permitiendo la comercialización de algunos productos asociados -que generen un provecho al consumidor-, reflotó en el debate público la urgencia de reformar a las agencias de regulación en el ámbito financiero en Chile.

Muchas veces lo urgente posterga lo necesario. Y la madurez de la sociedad chilena y sus mercados ha convertido en urgente esta reforma al Estado. La crisis que enfrenta la Sbif permite apreciar, en la práctica, las debilidades que relatan los manuales de regulación y que aún subsisten en el modelo chileno de agencias, con gobiernos unipersonales y con jefe de servicio técnicos altamente calificados, pero de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Fiscalizar autoridades políticas es evidentemente incompatible con la actual estructura de nuestras agencias y, más aún, las somete a un riesgo de cuestionamiento insano.

El equilibrio entre el sano desarrollo de los mercados y la adecuada protección de los consumidores requiere que la agenda del gobierno sea diferente de la de los reguladores. Sin entrar en el detalle técnico de las resoluciones de la Sbif en torno a las ventas atadas de los bancos, ciertamente es negativo para la credibilidad e imparcialidad del regulador que las autoridades políticas del Ejecutivo señalen públicamente que se van a revisar las normativas emitidas por la Superintendencia, como sostuvo el ministro del Interior. Ello considerando que éste es el órgano técnico que debe estar al margen de los vaivenes de la coyuntura política.

Las críticas a la gestión del superintendente de Bancos por este caso dan cuenta de otro de los problemas de nuestro modelo regulatorio local: autoridades unipersonales. La estructura adoptada por otros mercados más profundos en el ámbito de valores con órganos colegiados y designación representativa –por ejemplo, ratificadas por el Congreso como ocurre en el caso de los consejeros del Banco Central de Chile- permite no personalizar las decisiones.

No se trata de eludir responsabilidades en el colectivo, sino más bien que la regulación tenga el paraguas técnico más grande que brinda el análisis y la deliberación de un consejo que, además, tenga que dar cuenta una vez al año ante alguna instancia parlamentaria. Esto es especialmente sensible en el caso de la función sancionatoria, donde actualmente el peso recae en una persona y cuyas decisiones son permeables a críticas, aún cuando los criterios técnicos fuesen los adecuados e, incluso, las sanciones posteriormente fueran ratificadas por las distintas instancias del Poder Judicial, como es el caso de las últimas sanciones de la SVS.

Finalmente, un cambio de estructura del regulador que asegure mayor independencia política del gobierno de turno también permite descomprimir las leyes en materia económica –muchas veces de larga y engorrosa tramitación legislativa- y dar un espacio mayor a la acción normativa del regulador. Una vez más, caso contrario a lo que terminó ocurriendo con la discusión pública sobre las ventas atadas de los bancos que finalmente el Ejecutivo resolvió zanjar incorporando las restricciones en un proyecto de ley.

Otro elemento muy revelador de la evolución de la sociedad chilena es el creciente grado de accountability social al que están sujetos las autoridades públicas en general y los reguladores en particular, lo que queda de manifiesto en este caso con la Sbif. De la mano de mercados más profundos y sofisticados, el interés ciudadano, de los medios de comunicación y organizaciones de consumidores por las sanciones, regulación o directrices, es cada día más evidente y ha transformado la agenda de estas entidades positivamente.

Las superintendencias en Chile, pese a tener las debilidades estructurales mencionadas, tienen un merecido prestigio de independencia política y solvencia técnica a nivel internacional. Buena parte de este estatus se debe a que las autoridades que han ocupado los puestos más elevados en dichas agencias han sabido liderar con este principio rector. Sin embargo, llegó el momento de reformar las estructuras. Máxime si se considera las atribuciones fiscalizadoras que otorgará a las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros la ley de fideicomiso ciego. Fiscalizar autoridades políticas es evidentemente incompatible con la actual estructura de nuestras agencias y, más aún, las somete a un riesgo de cuestionamiento insano.

En 2008 la SVS avanzó en esta discusión e hizo una propuesta de reforma amplia que abordaba todos estos aspectos y la puso a disposición del público y entidades reguladas para comentarios. Sin embargo, la coyuntura de la crisis económica mundial postergó su envío al Congreso. Es valorable que el gobierno actual pusiera este cambio en su agenda legislativa. Suena razonable entonces abordar una reforma profunda que no sólo contemple el modelo regulador de valores sino que se amplíe, a lo menos, a la Sbif.

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