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Editorial

Editorial: El virus de la información

por 16 diciembre 2010

Editorial: El virus de la información
Lo trascendental es que efectivamente las consultas y peticiones de ayuda hayan existido, pues reflejan un grado de descontrol e incompetencia en el ejercicio del cargo que lesiona la imagen de capacidad del Estado chileno. Particularmente en un tema preminentemente de carácter judicial y de políticas públicas, y sin mayor incidencia estratégica.

La reacción de los gobiernos a la publicación de miles de archivos reservados del Departamento de Estado norteamericano por la ONG informática Wikileaks, nos pone ante un nuevo escenario sobre lo que el poder político considera es la transparencia en la sociedad globalizada. La información, que en un principio era la virtud misma de ella, se ha transformado ahora en un virus  que corroe los cimientos de la vida internacional y la democracia.

Vale la pena reflexionar cómo llegamos tan rápido a este punto, y por qué los discursos del poder han cambiado tan aceleradamente.

Hasta hace poco ellos estaban llenos de referencias al valor energético de la información como insumo crítico de la sociedad globalizada. Tanto como sustento valórico y práctico de la  sociedad libre, como argamasa técnica de una conectividad total, que nos hace ciudadanos del mundo. Sin información la sociedad del conocimiento es imposible, se dijo ya en los años setenta del siglo pasado, cuando el fenómeno era teorizado y anticipado como la era tecnotrónica.

Pero el juicio sobre ese valor, al igual como  ocurrió con la libertad y la igualdad de los animales en la novela Rebelión en la Granja de George Orwell, tiene letra chica para el poder político. Que sostiene que si bien todos los animales son iguales, hay “algunos más iguales que otros”, en este caso los gobiernos, que pueden actuar amparándose en el secreto, fuera de todo control ciudadano,  o sin coherencia entre lo que se sostiene en privado y lo que se dice en público.

Para el poder político pareciera que  lo más importante de la divulgación  es que golpea, además, la autoimagen y la construcción del relato que hace el marketing político de los gobernantes, poniendo en evidencia dobles discursos o simplemente incompetencias. Wikileaks exhibe esa información en crudo.

Wikileaks ha llevado el tema a una insubordinación civil en la sociedad globalizada en contra del poder político oficial. Porque mientras los Estados consideran que la publicación de los documentos es un acto ilegal, una parte importante de la opinión pública mundial lo considera un acto de transparencia informativa, y cuida y clona los datos para que no se pierdan. Todo ello en el marco de una nueva cultura que nace de las tecnologías de la información y que precisa acoplarse en normas éticas  sobre la transparencia política en la sociedad globalizada.

Independientemente del escaso valor estratégico que en materia de seguridad tienen las filtraciones, es necesario decir también que el estatus de la reserva o confidencialidad es difícil de sostener en documentos que – al menos eso es lo que se asegura- circularon entre varias decenas de miles de funcionarios a través de todo el mundo.

Pero además, se debe constatar que está de por medio también el derecho a la libertad de expresión, que es consustancial a la existencia de información como soporte de la libertad. Los medios son el instrumento fundamental que tienen los ciudadanos para el ejercicio de su derecho a una información veraz, y ellos están obligados por un mínimo ético de su función, a que cualquier información de interés público que sea noticia debe ser publicada, más aún si el poder político trata de mantenerla oculta.

Es un hecho que tanto el interés público como lo noticioso brota en cada línea de lo publicado por wikileaks, incluida la tendencia morbosa de los gobiernos a tratar como secretos informaciones que en una democracia deben ser públicas y transparentes.

Para el poder político pareciera que  lo más importante de la divulgación  es que golpea, además, la autoimagen y la construcción del relato que hace el marketing político de los gobernantes, poniendo en evidencia dobles discursos o simplemente incompetencias. Wikileaks exhibe esa información en crudo.

En el caso de Chile, la publicación de los primeros cables ya complicó a la Presidenta Michelle Bachelet porque evidenció una falta de percepción fina sobre lo que se puede o no decir frente a representantes de otro Estado, independientemente de los niveles de amistad personal que se tenga con ellos. En la diplomacia no existe el off the record como en el periodismo, y lo que se dice es una señal que se transmite. Peor aún resulta desmentir públicamente lo filtrado, no una sino varias veces.

En cuanto al ministro Edmundo Pérez Yoma y el problema mapuche, lo importante no es el juicio que la diplomacia norteamericana tenga sobre el tema, si bien debe ser atendida como la opinión de un experto. Lo trascendental es que efectivamente las consultas y peticiones de ayuda hayan existido, pues reflejan un grado de descontrol e incompetencia en el ejercicio del cargo que lesiona la imagen de capacidad del Estado chileno. Particularmente en un tema preminentemente de carácter judicial y de políticas públicas, y sin mayor incidencia estratégica. Desde el punto de vista político, la actitud del ministro Pérez está más cercana a la época de la Alianza para el Progreso que de la agenda de seguridad colectiva y cooperativa del siglo XXI.

Tal como sostiene un destacado analista internacional “los gobiernos deberán olvidarse de los secretos de Estado si quieren utilizar métodos modernos de comunicación o de archivo. Cualquiera traza en internet o en discos duros puede hacerse pública”, independientemente si lo hacen hackers o ciudadanos indignados ante el poder sin control ni transparencia.

La información sigue siendo una virtud y no un virus, y Julian Assange no es un líder terrorista.

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