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Lecciones de una tragedia

por 18 diciembre 2010

Política de gobierno que, reclame o no la vocera, destaca el castigo y el encierro muy por sobre la rehabilitación y la reinserción social, y que ha sido el histórico caballo de batalla del pensamiento político de la derecha de este país.

Frente al brutal  incendio de la cárcel de San Miguel y su elevado costo humano resulta  errado centrar las respuestas solo en la reducción del hacinamiento y en acelerar las necesarias mejoras de las ahora indignas condiciones de habitabilidad  de los penales, porque muchos otros errores,  insuficiencias e injusticias  han quedado al desnudo demandando  urgente corrección.

Una de estas injusticias se evidencia en ese alto número de víctimas muy jóvenes, cuya muerte nos golpea  especialmente  no solo por el modo trágico en que terminaron sus vidas, sino sobre todo porque nos damos cuenta  que muchos de ellos se encontraban en  un lugar al que nunca debieron haber llegado.

Una evidencia de aquello es la realidad de cinco de estas jóvenes victimas, el mayor de ellos de solo 22 años, vecinos de una población de la zona sur de Santiago.

Política de gobierno  que, reclame o no la vocera, destaca el castigo y el encierro muy por sobre la rehabilitación y la  reinserción social, y que  ha sido el histórico caballo de batalla del pensamiento político de la derecha de este país.

Se trata de adolescentes que contaron con familias protectoras, pero incapaces de frenar la influencia de la droga, la  que en tres de ellos fue la condición que los empujó a delinquir. Sin contar con tratamiento oportuno y suficiente, el esfuerzo permanente de la familia, especialmente de la madre, no consiguió hacerlos superar  el fenómeno adictivo de la pasta base, al que se unía el peso y poder de los “jefes narco”, quienes son ya los “dueños de la población”, habiendo logrado enganchar como “soldado” a uno de estos adolescentes.

Pero lo que llega al extremo de lo torpe e injusto es lo ocurrido con  aquel adolescente que obtenía dinero con reproducciones  pirateadas, las mismas que adquieren todos los sectores sociales incluyendo el ABC1. El “delito “por el cual perdió su libertad y terminó en el piso 5 de la cárcel de San Miguel fue no  pagar la multa.  Un muchacho que lo que necesitaba era trabajo es evidente que no merecía ese castigo ni los riesgos del contacto con delincuentes de alto perfil delictual. Igual de absurdo e injusto es lo ocurrido  con el muchacho encausado por una riña en el hogar, y que llega a San Miguel  por haber faltado a la firma quincenal. ¿Quién podría  justificar que por ello se le prive de libertad? ¿Qué explicación pueden recibir estas familias?

Al mirar la historia de estos 5 muchachos, recién terminando la etapa adolescente y ahora fallecidos, y tratar de  explicarnos  lo inexplicable, necesariamente surge el clima de “tolerancia cero” y la voluntad,  reafirmada una y otra vez por las autoridades, de “trancar la puerta giratoria”, un lenguaje  bélico que una opinión publica temerosa asume con gran facilidad y que inevitablemente hace efecto en el sistema de justicia. Una política de gobierno  que, reclame o no la vocera, destaca el castigo y el encierro muy por sobre la rehabilitación y la  reinserción social, y que  ha sido el histórico caballo de batalla del pensamiento político de la derecha de este país.

Un cambio drástico en el discurso y en la política se hace necesario. El Ministro de Justicia, que impresiona tener una sincera  preocupación y voluntad de gestión, debe ser muy claro en poner el acento en la ayuda  y no en el castigo y el encierro, y debe asegurar que este sea también el motor de la política de Interior, cuya gran responsabilidad es  desmontar el poder de los narcos. Especial preocupación es la rehabilitación de los jóvenes por lo que se deben reponer espacios específicos  y  programas especializados, la mayoría en medio libre, asegurando completar estudios, capacitación laboral y acompañamiento y apoyo para la reinserción social. Indispensable es  que exista el financiamiento suficiente para alcanzar  plena cobertura para el  tratamiento oportuno del consumo problemático de drogas en la población joven de todas las comunas del país. Y al igual que para la aplicación de justicia en menores de 18 años, necesitamos un sistema judicial verdaderamente especializado, y será  tarea de este ministro avanzar en ello.

Limitarse al castigo y al uso indiscriminado del encierro no evita la reincidencia  y mas bien agrava el problema que queremos corregir al facilitar que muchos jóvenes entren en la llamada escuela del delito. Se trata de una política que no es efectiva pero que además, y principalmente,  provoca terribles injusticias y nos convierte en un país que desprotege y viola los derechos humanos. Reconocerlo y disponerse a corregirlo efectivamente es una  de las  lecciones que como sociedad debemos recoger, porque así nos lo demandan  las jóvenes victimas de este reciente desastre.

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