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Propuestas en el ámbito de la salud

por 19 diciembre 2010

Las isapres, que ven en la propuesta de mayoría la clausura del tipo de negocio al que estaban habituadas -tarificando por riesgo- y que no comparten la idea de solidarizar las cotizaciones, pues las consideran de apropiación individual y no colectiva.

Los elementos centrales de la propuesta de la Comisión de Expertos de la Salud son los siguientes:

i)       La mayoría propone un sistema de seguridad social único y de carácter colectivo que solidariza por riesgos y por ingresos, a través de la eliminación de la tarificación basada en tablas de riesgos: un plan universal, tarifa única para los cotizantes y fondo de compensación de riesgos que captura también los excedentes de cotizaciones sobre la tarifa única, cuando existen. Se considera la incorporación de todos los cotizantes, a partir de un ingreso determinado, al plan en modalidad con co-pagos, cuya provisión puede ser pública o privada. Las personas bajo ese ingreso o en condición de indigencia estarán adscritas al plan sin copagos, en la red pública. Es decir, en función del ingreso de “corte”, la propuesta generaría portabilidad regulada de subsidios públicos (aporte fiscal) y las personas podrían elegir a la entidad de seguridad social (pública o privada) según sus preferencias. Estas entidades de seguridad social sustituirían a las Isapres.

La minoría propone que el Estado aporte los subsidios directamente a quienes lo necesiten para financiar el plan universal, sin mediar un fondo de compensación de riesgos –es decir, manteniendo una tarificación por riesgos, tal vez más plana o con menos escalones-, disponiendo las personas del uso de excedentes de cotización para salud y portando los subsidios entre aseguradores.

Las isapres, que ven en la propuesta de mayoría la clausura del tipo de negocio al que estaban habituadas -tarificando por riesgo- y que no comparten la idea de solidarizar las cotizaciones, pues las consideran de apropiación individual y no colectiva.

ii)  Creación de un seguro de incapacidad laboral –SIL- con un sistema único de administración, financiado con contribuciones idénticas del trabajador y del empleador, distintas de la cotización para salud, la que se reduciría a un 6% para financiamiento exclusivo del seguro de enfermedad. El SIL sería proporcionado por aseguradoras que cumplan con criterios de elegibilidad, las que tomarían “cuotas de riesgo” y sería administrado por una entidad sin fin de lucro regulada por la Superintendencia de Salud (modelo parecido a las pensiones de invalidez actual). Se propone, a su vez, reducir a los dos primeros días el período de espera para el pago, pero hacerlo aplicable a licencias de cualquier extensión.

iii)   Recomendaciones de índole general (a modo de ideas) para la modificación de la institucionalidad de la red de hospitales y prestadores públicos, recomendaciones todas orientadas a mejorar sustantivamente la gestión. Entre lo que se plantea está lo siguiente: la necesidad de realizar cuantiosas inversiones en el sector público (estimadas en unos 7 mil millones de dólares) condicionadas a mejoras en la gestión, el reconocimiento de que la concesión inmobiliaria casi no tiene valor agregado si no se acompaña de cambios en la gestión, el reconocimiento de la necesidad de corregir el sistema de remuneraciones de los médicos diurnos (especialistas), la necesidad de completar las reformas 2003-2005 en materia de autogestión hospitalaria, la necesidad de poner foco en la “gestión en red” como ventaja comparativa del sistema público, la posibilidad -a nivel de Servicios de Salud- de mover el marco institucional actual (estatuto administrativo) hacia uno que asegure un modelo de gobierno más propio de las empresas, como son las propias empresas autónomas del estado (si bien no se explicita de ese modo) y, por último, la revisión del per-cápita para atención primaria y una reconsideración de la municipalización.

Las reacciones frente a estas propuestas han provenido principalmente de dos orígenes: i) quienes temen a que la portabilidad de subsidios impacte sobre la red asistencial pública, dado que restaría a la misma una parte de su población cautiva y, por otra parte, que interpretan (algunos sinceramente y otros estratégicamente) que las recomendaciones que se hacen al cambio del marco institucional de prestadores representa un intento de privatización. Y, ii) las Isapres, que ven en la propuesta de mayoría la clausura del tipo de negocio al que estaban habituadas -tarificando por riesgo- y que no comparten la idea de solidarizar las cotizaciones, pues las consideran de apropiación individual y no colectiva, puntos ambos reflejados en la posición de minoría de la propia Comisión, defendida por Hernán Büchi el día 21 de Noviembre (antes de que se conociera) en La Tercera.

Es muy interesante reconocer que las visiones de mundo reflejadas en las reacciones expuestas representan los extremos de una discusión polarizada que se arrastra por años en el sector de la salud en Chile. También es muy interesante escuchar al Presidente Lagos en la entrevista del Domingo en TVN, explicitando nítidamente la diferencia esencial entre las propuestas de mayoría y minoría de la Comisión.

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