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¿Y que pasó con el compromiso hacia los sectores medios?

por 20 diciembre 2010

Ni los derechos garantizados, ni los sectores medios son protagonistas de las nuevas orientaciones de las políticas sociales y laborales de este gobierno.

El cambio más importante de las políticas sociales en la última década fue haber pasado de políticas orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los más pobres, a políticas sociales orientadas a garantizar derechos para todos.

Esta nueva orientación, que nació durante el gobierno de Lagos -con el Chile Solidario que garantiza derechos a los hogares pobres, con el AUGE y los derechos de los pacientes, los doce años de educación obligatoria, así como el seguro de desempleo para trabajadores formales- avanzó en el gobierno de Bachelet con la institucionalización de un sistema de protección social fundado en derechos.

En efecto, a partir del 2006, el Chile Solidario se amplió desde los más pobres a sectores vulnerables; surgió el Chile Crece Contigo para proteger los derechos de la infancia y la maternidad, para todas las madres que se atienden en el sistema público de salud (el 80 por ciento de las madres del país), asegurando salas cunas y jardines infantiles para los niños del 60 por ciento de los hogares de menores ingresos y acceso universal garantizado a prekinder y kínder en el sistema educacional. Se perfeccionó el seguro de desempleo; se creó el subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes; se garantizó un Bono por cada hijo nacido a todas las mujeres; y se otorgó una Pensión Básica Solidaria a los adultos mayores del 60 por ciento de menores ingresos.

Ni los derechos garantizados, ni los sectores medios son protagonistas de las nuevas orientaciones de las políticas sociales y laborales de este gobierno.

Esta opción de política pública fue el resultado de la evidencia aportada por un estudio que se realizó a lo largo de una década –la encuesta panel CASEN 1996, 2000 y 2006- y que acompañó a un mismo grupo de 5 mil familias por diez años, de modo de analizar sus dinámicas internas. Sólo un 6 por ciento de ellas permaneció siempre en condiciones de pobreza, pero un tercio de las familias había entraba y salido de la pobreza en más de una ocasión a lo largo de diez años. Estos hogares, que no eran pobres cuando se inició el estudio, experimentaron episodios de pobreza ante ciertas contingencias, cuestión que evidenciaba su vulnerabilidad. La mayor parte de estos hogares vulnerables pertenecía a los tres quintiles de menores ingresos, dos terceras partes de la población.

Junto con la drástica reducción de la pobreza que de manera sostenida había logrado el país, se estaban creando sectores sociales no pobres de bajos ingresos, con alta vulnerabilidad a los riesgos. Era necesario pasar, entonces, de la política social focalizada en la pobreza a una que fuera capaz de ampliar su rango de acción a estos nuevos grupos sociales, de modo de proteger a las familias antes los riesgos de empobrecer. Ese fue el paso definitorio desde una política social destinada a satisfacer necesidades básicas a una que debía dar garantías de derechos, de modo de no dejar a nadie desprotegido e indefenso ante circunstancias críticas que no controla.

Un reciente estudio realizado por la OCDE, con otra metodología llega a las mismas conclusiones de la realidad social chilena. Según la OCDE, se ha constituido una nueva clase media en América Latina y, al ser Chile el país con la mayor reducción de pobreza, tiene la más amplia clase media de la región, pero la más vulnerable y frágil. Y la explicación que se da en dicho estudio, al igual que ya lo revelara el análisis de la Panel CASEN, radica en los bajos ingresos de los hogares de estos nuevos sectores medios que abandonaron la pobreza.

El estudio de la OCDE no es casual. La crisis financiera internacional sacó a flote la realidad oculta de sectores de trabajadores que, a pesar de estar fuera de la línea de la pobreza, cargaron en sus hombros con los efectos de la crisis, sea porque fueron víctimas del desempleo, o por encarecimiento de los bienes básicos que afectó los presupuestos familiares. Esa realidad que golpeó a millones de hogares de los países en desarrollo, pero también desarrollados, puso en el tapete de la discusión la necesidad de tener sistemas permanentes de protección social capaces de asegurar los derechos esenciales de todos los hogares. Nace así el acuerdo de Naciones Unidas por impulsar una iniciativa mundial de pisos de protección social garantizados para asegurar los derechos esenciales de las personas, acorde a las realidades económicas y sociales de cada país, como un dispositivo de políticas sociales y laborales permanentes, sustentadas en un adecuado espacio fiscal.

Debate que, priorizado en la arena internacional, lamentablemente en Chile no existe, no obstante que estuvo en el corazón del modelo de políticas públicas desde el año 2000 y que fue la base de las reformas de salud, infancia y previsional. Hoy, en cambio, esa orientación deja de ser dominante y se intenta implementar otra que nos retrotrae a escenarios ya superados.

Ni los derechos garantizados, ni los sectores medios son protagonistas de las nuevas orientaciones de las políticas sociales y laborales de este gobierno.

Mientras Naciones Unidas asocia ahora sus metas del milenio a una estrategia de políticas de protección social de derechos garantizados, en la agenda del actual gobierno la educación y la salud públicas no son prioridades, como tampoco los fondos solidarios compensatorios de riesgos en salud y en educación, en una sociedad con nuevos perfiles demográficos y con una fuerte expansión de la educación superior.

Mientras organismos financieros internacionales, como el FMI y Banco Mundial buscan nuevos diálogos con la OIT asumiendo por fin el necesario vínculo entre políticas fiscales, protección social y trabajo decente, en el gobierno domina la orientación de la focalización social en la pobreza y se propone el ingreso ético familiar en reemplazo del necesario debate sobre el salario decente de un trabajo igualmente decente.

Mirar desde el presente el futuro, implica asumir que los avances de superación de la pobreza son, al mismo tiempo, desafíos de sustentabilidad de las nuevas capas medias que emergen, siendo éste el mayor de los cambios de la sociedad chilena y para el que se requiere una sólida respuesta de políticas públicas.

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