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La necesaria agenda pro competencia

por 22 diciembre 2010

La necesaria agenda pro competencia
Lo lamentable es que la ausencia de competencia no siempre deriva de un conflicto entre pares, sino que está lisa y llanamente enquistada en leyes que protegen monopolios u oligopolios, que han nacido a la vida del derecho producto de normativas proteccionistas impulsadas al alero de grupos de presión, o bien privatizaciones y procesos de licitación mal ejecutados.

Amplios sectores de nuestra economía necesitan un remezón en materia de competencia. La muestra más clara de ello se expresa en la obtención de parte de algunos, de manera consistente y periódica, de rentas que no se condicen con aquellas que debiesen de obtener en mercados competitivos. Además, la valorización de muchas compañías se fundamenta en rentas bajo escenarios poco competitivos y a largo plazo.

Lo anterior no tiene una doble lectura. Ingresos que tienen un origen en falta de competencia, que benefician a unos pocos pero en desmedro de una gran masa de consumidores con los consabidos costos en innovación y dinamismo. Un verdadero drama que muchos han obviado y callado.

Creemos que la solución a esta falta de competencia no pasa exclusivamente por los órganos encargados de velar por la competencia, léase FNE o TDLC, sino que también por un ejecutivo o legislativo que estén dispuestos a tomar y hacerse parte de una verdadera Agenda Pro Competencia.

La FNE o el TDLC han resuelto históricamente los problemas de competencia entre las partes. Mediando recursos escasos y tiempo limitado, dichas dependencias se abocan a solucionar conflictos y consultas entre los particulares o bien entre estos y la FNE.

Se requiere una modificación que incremente la multa para aquellos actores que han infringido normas de competencia, dado que los valores actuales son francamente irrisorios.

Lo lamentable es que la ausencia de competencia no siempre deriva de un conflicto entre pares, sino que está lisa y llanamente enquistada en leyes que protegen monopolios u oligopolios, que han nacido a la vida del derecho producto de normativas proteccionistas impulsadas al alero de grupos de presión, o bien privatizaciones y procesos de licitación mal ejecutados. En consecuencia, una modificación legal que simplemente inyecte competencia, eliminando la distorsión respectiva, abriendo con ello mercados, bien podría ser impulsada por el legislador, sea a iniciativa presidencial o parlamentaria, sin esperar con ello que sea un tercero o una autoridad quien plantee ante el TC o bien el TDLC la arbitrariedad, inconstitucionalidad o bien ilegalidad de la norma.

De ahí el imperativo de parte de la autoridad en adoptar una verdadera Agenda Pro Competencia que dé forma a un revolucionario proceso legislativo en pos de una mayor  competencia y en todos los frentes. Algo de esto ha trasuntado mediante la creación de una Fiscalía Nacional Agrícola, o un empoderamiento respecto del rol del Sernac y SBIF (casos ventas atadas) o bien la evaluación del monopolio que ostenta hoy el Diario Oficial, la modificación a la Ley de Pesca y la Ley de Portabilidad Numérica. Pero urge ir mucho más allá.

Se requiere entonces de un análisis sectorial y modificaciones que incluyan al mercado de capitales, transportes, recursos naturales, energía, telecomunicaciones. Se requiere abarcar el estudio de la Ley General de Bancos y el funcionamiento de las sociedades de apoyo al giro bancario, inyectando competencia y transparentando sus servicios; eliminar el principio de reciprocidad abriendo los cielos y mares a competencia extranjera; permitir la importación de autos usados; eliminar monopolios a favor de empresas estatales y privadas en la exploración y explotación de recursos naturales; estudiar los procesos de adjudicación de matriz energética, rediseñando de ser necesario los contratos de adjudicación; inyectando competencia al sistema de AFP eliminando para ello barreras de entrada, en fin. En un sinnúmero de cuerpos legales, una pequeña modificación puede hacer toda la diferencia.

En paralelo, se requiere una modificación que incremente la multa para aquellos actores que han infringido normas de competencia, dado que los valores actuales son francamente irrisorios, como asimismo, un replanteamiento de la potestad propositoria del TDLC establecida en el art. 18 Nº4 del DL 211 dada su franca limitación en los hechos toda vez que el ejecutivo muchas veces ignora lo propuesto por el TDLC.

De una vez por todas analicemos el tema de competencia desde un punto de vista de orden público y dejemos de lado los intereses particulares que muchas veces subyacen detrás de dicha contienda. Si las actuales autoridades, del ejecutivo y legislativo, quieren pasar a la historia, deben tomar cartas en el asunto, actuando como bloque y con sentido de urgencia, porque el costo para la señora Juanita de todo este enmarañado de falta de competencia es infinito. Por el contrario, si nada se hace, ambos habrán perdido una gran oportunidad de pasar a la historia como el bloque que hizo de la competencia, su buque insignia.

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