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Una campaña del terror

por 22 diciembre 2010

La pregunta que nos debemos hacer es si, una vez más, la desinformación promovida por quienes detentan el poder de la influencia, permitirá que éstos y sus preferidos salgan impunemente gananciosos.

En los últimos días la prensa conservadora, es decir, la misma que protege y promueve los intereses de los más poderosos, ha estado publicando reportajes inductivos en el ámbito de los usos de suelo en la Región Metropolitana. Nos referimos al proyecto PRMS-100 que modifica, ampliando, los límites urbanos en 8 comunas periféricas, iniciativa del gobierno de Bachelet que hizo suya la administración Piñera. Se trata de modificar los usos de suelo de 9.600 hectáreas agrícolas para transformarlas en aptas para la lucrativa actividad de la construcción. Recordemos que esta intención mercantil ya fue rechazada el 30 de junio pasado por el Consejo Regional (CORE), instancia que resuelve este tipo de materias.

El intendente Fernando Echeverría, presidente del CORE y conocido actor inmobiliario, disconforme con la decisión de los consejeros regionales volvió a la carga y ya ha anunciado a través de El Mercurio y La Tercera, que tal inconsulto y polémico proyecto, elaborado por el Minvu con la asistencia técnica de profesionales privados interesados, lo ingresará en los próximos días en la instancia colegiada que él preside y que se votará nuevamente con la aspiración de que ahora el resultado le sea favorable.

Para vender la pomada, el segundo de esos diarios manifestó el 16 de diciembre recién pasado que esta expansión de la ciudad es “para iniciar proyectos de viviendas sociales y áreas verdes” (sic). Debemos suponer que los lectores más avispados de La Tercera no creyeron esta mendacidad, aunque la mayoría candorosa sí debió haber dado crédito a esa fantasía, ya que en el PRMS-100 se contempla sólo que el 8% de las nuevas viviendas sean sociales.

La pregunta que nos debemos hacer es si, una vez más, la desinformación promovida por quienes detentan el poder de la influencia, permitirá que éstos y sus preferidos salgan impunemente gananciosos.

Quien más incitaba a la desinformación era El Mercurio, medio que en sus ediciones del 14 y 15 de diciembre, con total desfachatez, comunicaba a sus lectores con encendidas crónicas tituladas : “Estudio revela grave escasez de suelo en el Gran Santiago”, “Suelo habitacional de Pudahuel se agota en 2 años ; Maipú en 5”, con epígrafe “En el Gran Santiago quedarían terrenos solo para 8 años”, “Escasez de suelo en Santiago elevará precios de viviendas bajo las 2.500 UF”, con epígrafe “Estiman inmobiliarios, debido a retraso en aprobación de Plan Regulador Metropolitano” y otras expresiones que lindan con la vergüenza ajena.

Una de las personas que más sabe de estas cosas es el experto y académico Pablo Trivelli, quien ha sostenido que hay una disponibilidad de 20 mil hectáreas libres para edificar, incluyendo las 2.000 hectáreas rurales en Pudahuel, asignadas a 3 Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), tierras que, tan pronto sus titulares decidan asumir los costos sociales y  expropiaciones fijadas en la normativa vigente, se convertirán en urbanas y por lo tanto sus emprendimientos serán viables, incorporando a la oferta del mercado decenas de miles de viviendas para la clase media, incluyendo las sociales, ya que la reglamentación vigente así lo exige.

Cuando El Mercurio dice que “el suelo habitacional de Pudahuel se agota en 2 años”, dando a entender que la situación es muy delicada para los más pobres, omite señalar que los cambios de uso de suelo contemplados en el PRMS-100 para esa comuna, prohíben los destinos habitacional, con lo cual queda en evidencia que los autores de esta modificación urbana le están asegurando mercado a los empresarios que son dueños de esos 3 PDUC, comportamiento asaz escandaloso en un país que forma parte de la conspicua Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

También hay un estudio de catastro de otros profesionales que determinó que los terrenos utilizables en las 52 comunas de esta región para proyectos inmobiliarios llegan a las 24 mil hectáreas. Teniéndose en cuenta que el consumo anual promedio es del orden de las 500 y 600 hectáreas, hay que hacer una simple operación aritmética para concluir que tenemos abundantes terrenos urbanos para construir viviendas y equipamientos de todo tipo por numerosos años más, si es que la institucionalidad se deja llevar por la inercia y no hace nada para revertir la lacra de la concentración y el centralismo. A propósito de esto último, siempre nos ha llamado la atención el mutismo de los parlamentarios que representan a las regiones del país, respecto al desbalance territorial que observamos: Chile tiene 15 regiones y en la capital se aglomera el 43% de su población total.

Muchos especialistas serios han hecho notar la existencia de amplias zonas ya construidas en densidad muy baja, las que ya cuentan con infraestructuras, en las cuales, si se crean las condiciones para ello, sería perfectamente factible en ellas la conformación de proyectos urbanos con características que brinden calidad de vida, áreas verdes públicas y los equipamientos necesarios para todos aquellos que necesitan una digna vivienda propia. Lo interesante es que esas zonas se encuentran en las inmediaciones de las líneas del Metro y de las vías en donde circulan los buses del Transantiago, sistema de transporte colectivo que pronto debiera otorgar un servicio de calidad a sus pasajeros.

A esta estrategia de desarrollo habitacional en esta saturada megalópolis la podríamos denominar reurbanización, vía densificación reflexiva, política pública establecida en la Memoria Explicativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 con el nombre de “crecer hacia adentro” en contraposición al crecimiento inorgánico. De lo anterior se desprende que los actuales agentes del Estado, más ansiosos en entregar plusvalías patrimoniales a quienes poseen terrenos agrícolas, la rechazan de plano pues carecen de una visión geopolítica de largo plazo, lo que nos diferencia de los países en donde reina la sensatez.

Dos consideraciones puntuales:

1) El PRMS-100 supone que 2.400 hectáreas agrícolas privadas, que en la actualidad sí brindan servicios ambientales por sus innegables características naturales, se les llamen áreas verdes, las que en el proyecto expansivo deben ser mantenidas como tales por sus dueños durante 5 años. Hemos sabido que el intendente Echeverría obtuvo la aprobación del Ministerio de Hacienda quien le traspasará por tiempo indefinido, es decir, a perpetuidad, 70 millones de dólares anuales para mantener verdes esas hectáreas de particulares. De ello se desprende que estamos ante un subsidio gubernamental para posibilitar esta caprichosa expansión urbana.

Lo paradójico de lo anterior es que el Estado siempre aduce que no tiene fondos para materializar los innumerables parques públicos, tipificados como áreas verdes, en el instrumento normativo urbano de esta región y aunque el lector no lo crea, el 40% de esas tipologías que debieran ser de recreación efectiva para los habitantes, son vulgares peladeros. Ergo, hay abundante plata fiscal para justificar la antojadiza expansión urbana PRMS-100 que favorece a algunos bien conectados con los decisorios políticos y esos mismos fondos se niegan para que los parques existentes dentro del radio urbano sean parques de verdad.

2) El 8 de julio de 2010, en base a la Ley de Transparencia, le pedimos al Minvu que nos diera a conocer en un listado los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los 10 más extensos predios agrícolas por cada una de las comunas en donde se contemplan las zonas urbanas condicionadas (así se llaman los territorios que modificarán sus usos de suelo) en terrenos de 60 hectáreas, indicándonos el número de rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) por cada predio y su superficie aproximada. Tal ministerio, a pesar de que tiene el listado de quienes le solicitaron esta prebenda, nos respondió que no estaba en condiciones de suministrarnos ese registro, trasladando esa solicitud al SII, servicio que aduce tener problemas metodológicos para disponer de esa información pública. Ante esta sintomática respuesta negativa de la Administración  ¿no dicen algunos que Chile es el más moderno de los países latinoamericanos?  ¿En qué quedamos, somos transparentes y modernos o sólo estas palabras son un slogan publicitario?

Sabemos que esta expansión urbana, en razón de que la cuenca de Santiago ya está saturada, es lesiva para el interés general, pero como en Chile no existen políticas que impulsen el desarrollo urbano sustentable y los negocios especulativos de corto plazo tienen preeminencia, el proyecto PRMS-100 seguirá campante su curso y en los primeros días de enero de 2011 se anunciará  su aprobación en el CORE, salvo que alguna autoridad de alto rango ponga atajo al despelote en el cual estamos inmersos.

La pregunta que nos debemos hacer es si, una vez más, la desinformación promovida por quienes detentan el poder de la influencia, permitirá que éstos y sus preferidos salgan impunemente gananciosos.

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