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Esto está que arde

por 26 diciembre 2010

Si cada preso cuesta entre 300 mil a 500 mil pesos mensuales al Estado, por qué con esos recursos no se los provee de los medios, habilidades y recursos, para que puedan satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos y los de los suyos mediante la creación de oportunidades y alternativas de actividades lícitas.

¡Esto esta que arde! es la oportunista publicidad de venta de automóviles aparecida en los medios –La Tercera 12, diciembre 2010, p.59.- que bien describe el debate nacional causado por la muerte de 81 internos del Penal de San Miguel, asfixiados e incinerados en su encierro, en medio de sucesos que acontecieron entre la cero horas y el amanecer del día 8 de diciembre – día de la Inmaculada Concepción-, esto fue observado en las inmediaciones por los parientes y amigos de los internos que hacían fila en la madrugada para visitar a los suyos.

La gran prensa y los analistas expertos señalan como principales culpables a las propias víctimas –al igual que la doctrina de los defensores de los militares y policías que atentaron en contra de los derechos humanos  durante la Dictadura Militar, que también culpan a las víctimas, empezando por Salvador Allende–, se afirma que en medio de sus rencillas bajo el efecto del alcohol con un lanzallamas de gas licuado provocaron el dantesco incendio. Nadie a cargo del penal supo ni dar la alarma ni como liberar a los internos, nadie sabe porque no funcionaron los sistemas de extinción de incendios, nadie sabe por qué había gas licuado, alcohol y  teléfonos celulares en los pabellones. Fue uno de los internos que vía celular dio la alarma de fuego a los bomberos y no la guardia, luego esta no permitió que los bomberos cortasen los candados para liberar a los presos.

Si cada preso cuesta entre 300 mil  a 500 mil pesos mensuales al Estado, por qué con esos recursos no se los provee de los medios, habilidades y recursos, para que puedan satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos y los de los suyos mediante la creación de oportunidades y alternativas de actividades lícitas.

Lo único que está claro es que hay un grave hacinamiento en las cárceles y pocos gendarmes para tanto preso. Entre las víctimas hay  una persona que estaba detenida debido a no haber pagado una multa por beber en la vía pública y otro por vender CDs falsificados. Lo claro aquí es que el Estado no fue capaz de asegurar la custodia y protección de los internos en sus cárceles. Desde que se recuperó la democracia 162 internos han muerto quemados en las prisiones, no sabemos cuantos son los muertos en los penales por otras circunstancias.

El mismo infausto día la prensa informaba que el gobierno conservador de Gran Bretaña optaba por la prevención, medidas alternativas a la privación de libertar y rehabilitación de los condenados para disminuir el número de presos y los gastos que su sostenimiento significan, siguiendo la doctrina de Arnold Schwassenegger, gobernador republicano de California. Aquí, en los medios en un primer momento todos se tornaron garantistas, rehabilitadores y alternativistas –a la privación de libertad-, luego, los editoriales de las dos únicas cadenas periodísticas llamaron al orden: “no menos presos sino que más cárceles”.

El Presidente de la Corte Suprema señaló que esos horrores son los riesgos del deseo político de llevar a prisión a todos los delincuentes. En diez años la reforma procesal penal ha multiplicado el número de causas resueltas por ocho y el número de sancionados con privación de libertad por dos, la justicia ha mostrado su eficacia ante la imposición política, pero el gobierno ha incumplido con su obligación de custodia de los sancionados respetando sus derechos humanos.

El Gobierno ha mostrado una eficacia de rescate minero entregando a sus deudos en un par de días los cuerpos incinerados plenamente identificados.  El Gobierno culpa del hacinamiento en las cárceles a los gobiernos de la Concertación, en especial al de Ricardo Lagos, el ex ministro Vidal, su locuaz vocero, culpa al  ex ministro Bitran, este al ex ministro Bitar.

El ex ministro Bitar afirma que es necesario albergar cada año a 2.000 presos de los 20.000 que exceden la capacidad de los actuales penales más 3.000 que son los nuevos presos anuales, en breve, hay que construir dos cárceles al año. Actualmente tenemos 320 presos por cada cien mil habitantes, en América Latina hay algo más de cien por cada cien mil y en Europa no se llega a cien, en cambio en Estados Unidos y Rusia se supera los setecientos por cada cien mil habitantes. Podemos emular. Hacer cárceles es un estupendo negocio inmobiliario que obviamente necesita de una política criminal dura tanto con la delincuencia como, sobre todo, con la provisión y consumo de drogas.

El Ministro Bulnes señala que la población reclama por justicia, entendida como más presos en las cárceles ante el aumento de la delincuencia, el ex ministro Bitar, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la Fundación Paz Ciudadana, afirma que la principal causa de la delincuencia es el consumo de drogas ya sea por que los drogadictos delinquen para proveerse de ellas o que delinquen a causa de sus efectos. Pues bien, la delincuencia en Chile ha disminuido consistentemente, en más de un 20%, desde hace ocho años, según lo indican todas las encuestas de victimización –INE, Paz Ciudadana y Libertad y Democracia- , además el país tienen una de las victimizaciones más bajas del mundo -12% de la población ha padecido un delito en el último año mientras que los países desarrollados tienen en promedio un 15% de victimización. Por otra parte, que un estudio de Paz Ciudadana constate que entre los detenidos en flagrancia en la Región Metropolitana un 70% estaba bajo los efectos de las drogas, nada permite inferir sobre el consumo de drogas del conjunto de quienes delinquen ni de las conductas delictivas de quienes usan drogas, solo se puede suponer que el consumo de drogas hace más vulnerables a los delincuentes ante la acción de la policía. Construir políticas a partir de graves errores de interpretación estadística es un grave y torpe desliz político. Esta manía por la droga de la persecución policial, penal y mediática pone de presente una pésima gestión de los recursos destinados a perseguir el delito, así tenemos que mientras las denuncias por infracciones a la ley de drogas no llegan a mil los detenidos por estas infracciones superan los 40 mil al año, mientras que las denuncias por robo con fuerza llegan a 140 mil y solamente 15 mil personas son detenidas por esta causa.

No obstante, bien se podría afirmar, entonces, que gracias a tanto delincuente preso ha disminuido la delincuencia y mejorado la seguridad de la población. Pero el sistema penal no tiene ninguna capacidad de disuadir las conductas delictivas ya que, según Libertad y Democracia, el 97% de los hechos delictivos denunciados no tienen sanción alguna, téngase presente que los hechos delictivos denunciados no llegan a la mitad de los hechos acontecidos. La supuesta prevención general del sistema penal, en cuanto a dar una señal significativa de que quien delinca será sancionado, y la pretendida prevención especial, la cual supone que lo delincuentes presos no pueden delinquir, son supercherías aquí y en todo el mundo.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de la población no se dedica a delinquir por temor a la ley penal, sino a que cree que eso es mejor para nuestra convivencia. La única explicación de la disminución de los delitos es que si bien nuestra distribución del ingreso es una de las peores del mundo, en los últimos años los ingresos absolutos de los más pobres han mejorado notablemente –la protección social-, lo mismo ha sucedido en los  Estados Unidos, entonces son cada vez menos los y las que se ven obligados a delinquir para sobrevivir o pasarlo bien.

Pero hay que hacer cosas, así que, rápidamente seis gendarmes son acusados detenidos y esposados públicamente por conspirar para delinquir a favor de los internos proveyéndolos de alcohol, celulares, armas, traslados, etc. ninguna autoridad responsable ni cae ni renuncia pero ya hay chivos expiatorios.

Los allanamientos en diversos penales para requisar implementos no autorizados, entre ellos las cocinas de gas licuado, ha causado motines en Santiago, Quillota y Concepción, la represión a los mismos ha dejado centenas de internos y decenas de gendarmes heridos y lesionados, un porcentaje significativo de la población penal del país se ha declarado en huelga de hambre como protesta por sus condiciones infrahumanas reconocida por la Corte Suprema y por las autoridades de Gobierno.

Este horror carcelario es un hecho revelador de aquello que está en crisis no es el sistema penitenciario ni el sistema penal, lo que esta en crisis es la política criminal, la política para prevenir  no solamente disuadir- y  controlar el delito, el debate no es si más cárceles o más medidas alternativas al proceso penal o la privación de libertad. Si hay más cárceles la tentación siempre será tenerlas abarrotadas, si hay más medidas alternativas la tentación siempre será  tener mas personas institucionalizadas en el medio libre del sistema penal y penitenciario.

Mucho se habla de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, pero los privados de libertad no necesitan ser rehabilitados, ellos no han perdido ninguna de sus habilidades, lo que han perdido son sus derechos fundamentales.

Antes de delinquir habían perdido el derecho a acceder a los bienes básicos para la existencia humana plena, no sólo los bienes básicos.  Lo que necesitan tanto los delincuentes institucionalizados en el sistema penal, que son una minoría, como los que delinquen sin ser atrapados por tal sistema, que constituyen la mayoría de ellos, son oportunidades y alternativas viables y creíbles para emplear sus habilidades y recursos en satisfacer y gratificar sus necesidades y deseos, así como las de sus dependientes, sin tener que transgredir los derechos de los otros, lo cual es la materialidad de la conducta delictiva. La que tienen que ser rehabilitada es nuestra sociedad, en particular sus elites, sus gobernantes, sus legisladores y, sobre todo, sus expertos que ha sabiendas de que las cárceles nada resuelven insisten en el castigo como manera de cambiar la conducta de los otros, y forma última de controlar la pobreza.

Si cada preso cuesta entre 300 mil  a 500 mil pesos mensuales al Estado, por qué con esos recursos no se los provee de los medios, habilidades y recursos, para que puedan satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos y los de los suyos mediante la creación de oportunidades y alternativas de actividades lícitas. ¿Los que lucran con la construcción  y gestión de cárceles no podrían lucrar con la creación de esas oportunidades y alternativas? Esa sería una real rehabilitación de nuestra manera de prevenir y gestionar el asunto de la delincuencia.

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