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Ley Sinde y regulaciones en Internet

por 27 diciembre 2010

Un buen puñado de los análisis sobre el fracaso de la ley Sinde en España (ya sabe usted, la ley que pretende regular un procedimiento para el cierre de sitios de descarga que violen la propiedad intelectual) concluyen que es una ley mal parida, apenas una norma con vocación de parche, que genera una burocracia gratuita y que a fin de cuentas no servirá para proteger “mejor que con los medios actuales” a los creadores. Probablemente, la efectividad de la norma es una de sus aristas más polémicas y hay buenos argumentos para tomar posiciones enfrentadas. Sea como sea, hay al menos otros tres factores que contribuyeron al fracaso en su primera tramitación.

En primer lugar, las revelaciones de Wikileaks, que días antes de la votación de la ley en el Congreso destaparon los intereses de la diplomacia de Estados Unidos por conseguir una ley antidescargas en España. Segundo, la mezcla de tozudez y torpeza con la que actuó el gobierno español, llevando una ley antidescargas en un cuerpo legal mayor (la Ley de Economía Sostenible) y ensayando a última hora argumentos y largas negociaciones para su aprobación. En tercer lugar, el movimiento ciudadano que se tomó Internet, una verdadera revuelta digital que encendió las redes sociales y que fue efectiva a la hora de disuadir –al menos por el momento– a los parlamentarios de la derecha española, que se abstuvieron de apoyar la ley por el temor a la pérdida de popularidad.

Sin embargo,  tal como lo ha anunciado el Ejecutivo, la Ley de Economía Sostenible seguirá en estos días su tramitación en el Senado y es probable que se reponga el apartado antidescargas, y que a fin de cuentas, consensos de por medio, la ley Sinde termine por aprobarse.

A estas alturas es evidente que Internet terminó por jubilar un montón de conceptos y prácticas que campeaban a sus anchas en el imperio de lo analógico, partiendo por la idea de copyright y siguiendo con las legislaciones y los modelos de negocios basados en esa premisa; puso hace rato en el cajón de la obsolescencia el concepto de autor y en jaque las prácticas de las industrias creativas tal como las conocíamos y, de paso, modificó sustancialmente la cadena de valor de las obras. Ningún cuerpo legal que pretenda gestionar la economía del nuevo entorno digital debe pasar por alto estos cambios, ni tampoco un hecho sustancial: la defensa cerrada que muchos internautas hacemos de Internet como un espacio de libertad, fecundo para la creatividad, abierto a la circulación de la información y, en definitiva, tremendamente potente a la hora de democratizar del acceso a la cultura y al conocimiento.

Pero la regulación no es un concepto obsoleto ni una herramienta para gestionar nuestro entorno que haya perdido vigencia con el paso de una cultura analógica a una digital. Entre otras virtudes, la regulación es un poderoso instrumento que tienen los países para contener los vicios del capitalismo y condicionar sus excesos. Por cierto, y en cualquier ámbito, debemos cuidar que esas regulaciones, administradas por los intereses de turno, no restrinjan las libertades conseguidas por los ciudadanos y que la letra chica no suponga un caballo de Troya por el que puedan colarse ambiciones corporativas.

Cae de cajón: Internet también debe ser objeto de regulaciones. Primero, para asegurar la neutralidad de la Red y evitar que los intereses económicos terminen por condicionar nuestro acceso a ciertos contenidos y servicios. Pero también, qué duda cabe, para evitar que se cometan delitos basados en el robo de información o amparados en el anonimato. Para decirlo claramente, no hay razón para dejar fuera del ámbito de las regulaciones la descarga ilegal de contenidos a través de páginas que lucran con el tráfico. Aunque en ciertas legislaciones sea una práctica legal, no es justa. Probablemente, la ley Sinde peque de torpeza y los análisis sobre su efectividad haya que considerarlos más seriamente; eso no significa que la necesidad de contar con una regulación como ésa se haya extinguido. Al contrario, es una señal de la urgencia de seguir debatiendo y colocando los mejores argumentos sobre la mesa.

Lo dijo muy bien Josep Ramoneda ayer, en la columna que publicó sobre el tema en El País:

Internet es la expresión de una nueva mutación del capitalismo, y es evidente que necesita regulación, no sólo para proteger derechos de propiedad intelectual sino también para defendernos de los abusos del poder político y del dinero.

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