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Oportunismo y oportunidad de la infraestructura concesionada

por 28 diciembre 2010

Tomar medidas para terminar con un Estado igualmente detenido, incapacitado por torpeza o infiltración para negociar la ejecución de planes, proyectos y obras que permitan cumplir la misión que lo motiva en funcionamiento y lo justifica en existencia.

Sólo hace cuatro semanas 81 chilenos, privados de libertad y bajo tutela del Estado, murieron quemados en la Cárcel de San Miguel. Entre discursos de actitud absolutamente estoica, la autoridad del presente y el pasado (como los fantasmas navideños de Mr. Scrooge), hablan y hablan de lo mal que lo hizo el otro, bajo una sombra macabra de exculpación junto a la inexplicable ausencia de responsables.

Pero también hay otra extraña anécdota: exactamente 147 años antes, el 8 de diciembre de 1863 "dos mil quinientas almas de la más alta alcurnia santiaguina" fueron llamadas forzosamente a la presencia de la misma "Virgen de la Inmaculada Concepción" que veneraban. El incendio más grande de nuestra historia republicana acontecía como precedente de la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, otra tragedia a la que se reaccionaba con una solución válida, bienintencionada, pero tardía.

Tomar medidas para terminar con un Estado igualmente detenido, incapacitado por torpeza o infiltración para negociar la ejecución de planes, proyectos y obras que permitan cumplir la misión que lo motiva en funcionamiento y lo justifica en existencia.

El posterior debate generado se centró en el emplazamiento, las condiciones de hacinamiento, la puerta giratoria, las penas alternativas y la rehabilitación ausente. Luego, el exceso de población penal y el déficit de infraestructura penitenciaria intentan una y otra vez explicarse en los medios, con argumentos polvorientos de lo que mengano dijo a tiempo contra lo que sutano no pudo decidir por no contar con la infomación adecuada. En definitiva, las obligaciones de la autoridad multi-bando se mantuvieron a la espera del desastre, y el desastre vino y ocurrió.

Pero esta triste historia suma más participantes. Luego de la relativamente exitosa implementación de autopistas urbanas y aeropuertos, la decisión impulsada por el Gobierno de Lagos de incluir capitales privados en la infraestructura penitenciaria y hospitales fundaba una nueva generación de obras operables por privados, mismas que serían liberadoras de fondos públicos redireccionados a proyectos de interés social. Se comenzaron a licitar grupos de cárceles que serían asignados a consorcios multinacionales, generando negociaciones que a ojos de la autoridad podían serguir siendo mejoradas. En este contexto, el Gobierno de Bachelet instala a Bitrán en la cartera de Obras Públicas (uno de los pocos que hoy demuestra con fuerza su repudio ante lo sucedido), que se autoimpuso la misión de mejorar las condiciones para el Estado en esta relación "colaborativa" entre gobernantes y privados.

Pero como es habitual, negociar con el empresariado no iba a ser tarea simple, menos aún cuando desde el mismo MOP el lobby ya había instalado bastiones para el resguardo de los intereses privados, que poco tiempo después le costarían el puesto al Ministro, reemplazado por un energético Bitar que lograba no sólo apoyo político, sino también el de COPSA. Y este episodio, que pasó mas bien desapercibido en su tiempo, es una de las causas mas detectables y posibles del por qué hoy no contamos con la infraestructura de cárceles ordenadas y limpias que pretendíamos entonces tener por estos años.

Aunque es más obvio y fácil pesquisar los diluidos deberes del mundo público, ¿Qué responsabilidad le puede caber a los intereses privados inmiscuidos en el Estado para detener procesos en privilegio de su rentabilidad? Aunque tenemos claro que el mundo privado será oportunista en la búsqueda de nuevos negocios y no actuará nunca por beneficencia, debemos suponer que la autoridad pública debe ser garante de la calidad  y capaz de negociar las mejores condiciones para la ciudadanía. Y en caso de no lograr acuerdo, buscar con la mayor agilidad posible las vías de invertir o co-financiar equipamientos fundamentales que los diversos estamentos de la sociedad van requiriendo.

En definitiva, una herida abierta, invitación indiscutida a evitar no sólo el crecimiento de habitantes que se ven tentandos hacia el delito y terminan atados de manos dentro de las cárceles, sino de tomar medidas para terminar con un Estado igualmente detenido, incapacitado por torpeza o infiltración para negociar la ejecución de planes, proyectos y obras que permitan cumplir la misión que lo motiva en funcionamiento y lo justifica en existencia.

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