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Libertad de expresión y ANFP

por 6 enero 2011

Libertad de expresión y ANFP
En el caso concreto, la libertad de expresión demanda que el periodista que ha realizado la denuncia –Felipe Bianchi- haya realizado una investigación seria y que haya consultado diversas fuentes que sean lo más cercana posible a la noticia. Por el contrario, no se le puede exigir un resultado, es decir, que lo denunciado sea verídico, ya que esto restringe el debate.

Dentro del debate que se ha originado a partir de la elección de un nuevo Presidente de la ANFP, uno de los puntos de mayor discusión ha sido la posible intervención por parte del Gobierno para que Harold Mayne-Nicholls no resultara reelegido para un nuevo período. Fue en este contexto que el periodista Felipe Bianchi comentó en noviembre del año pasado que le constaban los llamados por parte del Presidente Sebastián Piñera y del Subsecretario de Deportes Gabriel Ruiz- Tagle, con el objeto de intervenir en las elecciones. A partir de estas expresiones, el Presidente Sebastián Piñera señaló que el periodista faltó a la verdad y que no descartaba acciones judiciales. Hoy este debate sigue activo, debido que Felipe Bianchi confirmó sus dichos, no retractándose de lo anteriormente señalado.

Estos escenarios son propios de una democracia. Es una de las características esenciales de este régimen político el permitir el debate libre de ideas, donde se planteen todos los puntos de vista y donde toda persona pueda acceder a esta pluralidad de opiniones y visiones sin censura previa. Por lo mismo, se ha reiterado por parte de los órganos internacionales en materia de derechos humanos, que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, ya que es el medio que permite que este debate sea lo más amplio posible permitiendo la participación ciudadana.

Una democracia acepta que la información sea errónea, mientras no haya existido únicamente intención de dañar por parte del periodista al difundir la información o este no haya verificado oportunamente las fuentes.

Así, un rol primordial cumplen los medios de comunicación social y los y las periodistas. Son éstos quienes mediante la libertad de prensa ejercen un control sobre las autoridades, que es parte de la rendición de cuentas a la cual toda autoridad pública está obligada a responder. Es por esto que no se debe reprimir una expresión alusiva al desempeño de una autoridad -como es el Presidente de la República o el Subsecretario de Deportes-, sino que por el contrario, la democracia exige una respuesta sustantiva por parte de las autoridades.

En el caso concreto, la libertad de expresión demanda que el periodista que ha realizado la denuncia –Felipe Bianchi- haya realizado una investigación seria y que haya consultado diversas fuentes que sean lo más cercana posible a la noticia. En otras palabras, es una obligación de medio, donde el periodista debe haber hecho una investigación acuciosa. Por el contrario, no se le puede exigir un resultado, es decir, que lo denunciado sea verídico, ya que esto restringe el debate (solo podría denunciar el periodista lo que sabe con certeza absoluta que es cierto). El periodista –como toda persona- tiene un margen de error. ¿Quiere decir esto que Felipe Bianchi puede decir lo que quiera aún a sabiendas que está equivocado? Claramente no.

El estándar exigible a Felipe Bianchi es que haya realizado una investigación seria y que existan antecedentes que lo llevan a realizar la denuncia. Una democracia acepta que la información sea errónea, mientras no haya existido únicamente intención de dañar por parte del periodista al difundir la información o este no haya verificado oportunamente las fuentes (esto es lo que la Corte Suprema de Estados Unidos denominó como real malicia). Al respecto Felipe Bianchi señaló que consultó diversas fuentes y que todas eran “suficientemente creíbles, distintas y todas tenían la misma información”.

Por su parte, las autoridades de Gobierno deben entender que la denuncia es de interés público y, por tanto, la protección de su honra y vida privada ceden en este caso ante la libertad de expresión en pos de un debate y un control ciudadano con el objeto de investigar si es cierta o no la intervención del Gobierno en las elecciones de la ANFP. Así entonces, el anuncio de presentar acciones judiciales no es una buena noticia, ya que solo congela el debate y no permite el debate amplio y robusto que se requiere en una democracia y coarta el ejercicio legítimo del periodismo.

En definitiva, la democracia en este caso obliga al Presidente de la República y al subsecretario de Deportes, un alto nivel de tolerancia hacia las críticas que permita un debate amplio respecto a la posible intervención. Del mismo modo, exige a Felipe Bianchi una investigación seria y lo más cercana posible a la realidad. Solo así, quienes terminan ganando somos nosotros como sociedad, ya que habremos sido partícipes de un debate abierto, que permite un real control sobre las autoridades y su gestión.

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