La argumentación presentada por Defensa ante ese Consejo –que busca dejar sin efecto este dictamen-, está fuera de lugar y resulta una pésima señal respecto de la transparencia que debe existir en el Ministerio, y una clara muestra de la cultura del secretismo aún imperante en nuestro sistema.
Hace algunas semanas todos aplaudimos la decisión del Consejo para la Transparencia que obligó al Ministerio de Defensa a entregar antecedentes sobre la construcción de un puente mecano sobre el río Bio Bio, en el contexto del proceso de reconstrucción post terremoto, a pesar de haber sido invocada por parte de esta entidad la Ley Reservada del Cobre como argumento para no entregar la información.
Ello marcó un importante precedente que viene a delimitar el secreto militar, impidiendo que éste llegue a ámbitos que tienen que ver claramente con la vida civil, evitando de esta manera que las razones de seguridad nacional se conviertan en un saco roto donde caben todo tipo de situaciones. Es decir, el secreto militar no puede ser asimilado como “secreto de los militares”.
[cita]La argumentación presentada por Defensa ante ese Consejo –que busca dejar sin efecto este dictamen-, está fuera de lugar y resulta una pésima señal respecto de la transparencia que debe existir en el Ministerio, y una clara muestra de la cultura del secretismo aún imperante en nuestro sistema.[/cita]
Por esta razón, la argumentación presentada por Defensa ante ese Consejo –que busca dejar sin efecto este dictamen-, está fuera de lugar y resulta una pésima señal respecto de la transparencia que debe existir en el Ministerio, y una clara muestra de la cultura del secretismo aún imperante en nuestro sistema. Aun más, si uno analiza la historia de este caso, se podrá percatar de las diversas prácticas que buscaron dilatar la respuesta al peticionario, entre las cuales está la derivación de la petición a otra unidad dentro del mismo Ministerio, lo que vulnera el principio de oportunidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, y que fue debidamente representado por el ente autónomo encargado de resolver el conflicto.
Y por si esto fuera poco, resultan aún más preocupantes los argumentos esgrimidos para tratar de dejar sin efecto el fallo -los cuales fueron dados a conocer por la prensa-, en orden que transparentar este tipo de información podría hacer que las Fuerzas Armadas sean renuentes a prestar colaboración con las autoridades civiles ante catástrofes de la naturaleza en el futuro, lo que no solo preocupa desde el punto de vista de la transparencia, sino también desde un punto de vista democrático, pues las FF.AA. se encuentran constitucional y legalmente subordinadas al poder civil.
En el ámbito internacional existen numerosas experiencias exitosas de colaboración entre la sociedad civil, la prensa y las Fuerzas Armadas para restringir el ámbito de los secretos militares a lo estrictamente necesario, a fin de que este tipo de instituciones no se sustraigan del control social. De esta forma, los Principios de Lima desarrollados en Perú, y los Protocolos de Uso de Información de Inglaterra, muestran cómo es posible abrir gran parte de la información que manejan las instituciones armadas sin afectar la integridad de los secretos militares.
