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Venta de las sanitarias: ¿es malo hablar de ideología?

por 10 enero 2011

Hablar, por ejemplo, sobre poner en Bolsa montos relevantes (¿un 20% o 25%?) de Codelco o de Enap. Eso son montos significativos, que permitirían financiar los planes de inversión, sin esfuerzo hoy para el Estado, que podrían mejorar su funcionamiento.

En los ámbitos político y económico, uno de los temas más comentados es el anuncio del gobierno de vender las acciones, que representan un porcentaje minoritario, que el Estado mantiene de Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal. Hemos observado un debate en que los argumentos explicitados no parecen ser los que efectivamente sostienen los diferentes puntos de vista,  tanto  desde el gobierno como de la oposición. No obstante, es necesario contribuir a una apertura de la discusión que nos encamine a identificar las ventajas y debilidades de la iniciativa.

En los análisis académicos de tipo sociológicos, de ciencia política, de sicología social y también de economía es común plantear el concepto de ideología, que tiene varias definiciones. Una de ellas, simple y operacional es que la ideología es un conjunto de creencias e ideas individuales, grupales o sociales que determinan al sujeto poseedor y que lo colocan en la realidad existente de manera particular. Sin embargo, en el debate público y en el análisis sobre las políticas públicas pareciera casi obsceno decir que un planteamiento está muy determinado por la ideología de quienes lo hacen.

¿Cuáles son las motivaciones del gobierno para plantear la necesidad de esta venta? Claramente se trata de una decisión práctica, que inicialmente apeló al respaldo popular, mediante el argumento de destinar los USD 1600 millones de la venta a la reconstrucción post terremoto, pero que luego ha sido promocionada con el fundamento de la inyección de capital a otras empresas públicas.

Hablar, por ejemplo, sobre poner en Bolsa montos relevantes (¿un 20% o 25%?) de Codelco o de Enap. Eso son montos significativos, que permitirían financiar los planes de inversión, sin esfuerzo hoy para el Estado,  que podrían mejorar su funcionamiento.

Sobre esto hay que hacer un par de consideraciones, que tienen que ver con las fuentes de financiamiento disponibles.  La iniciativa estaría desconociendo muchas otras opciones para contar con recursos que Chile posee,  y que no  han aparecido evaluadas vis a vis la venta de las sanitarias. Si se requiere capitalizar a otras empresas, sería importante considerar el flujo que generan las empresas sanitarias, ya que con dichos recursos se podría pagar un crédito, que es sabido es la primera fuente de recursos que debe analizarse. El resultado, desde una perspectiva económica-financiera, sería mejor negocio que la venta, ya que luego de pagado el crédito tendríamos las acciones y se habría hecho la capitalización de las otras empresas. Es muy poco probable que en el Ejecutivo no se haya hecho privadamente este análisis, por ello la razón de fondo por la que se desea la venta parece ser más bien de tipo ideológica.  Se trata de empresas públicas. Y  quienes hoy día nos gobiernan tienden a no estar de acuerdo con participaciones minoritarias en ellas;… bueno, algunos tampoco con propiedad mayoritaria. Me parece legítimo tal planteamiento, pero es conveniente argumentar por qué existe ese convencimiento, sobre todo tratándose de activos del Estado.

Por el lado de la oposición en tanto, ha habido una reacción bastante ácida, con argumentos en algunos casos rebuscados. Uno de los más válidos es el que plantea que comparando el valor fijado para la venta con la rentabilidad (futura) de esas sanitarias, podemos inferir un saldo positivo, que no justificaría su venta. Pero también se ha dicho que estas empresas son clave, por lo que sería bueno tener en ellas directores del Estado, que hagan contrapeso al mercado y, ante eventuales dificultades, estén del lado de la comunidad. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que esto es inexacto, ya que muchos de los problemas entre estas empresas y la comunidad, se han producido existiendo en ellas inversión pública y directores estatales. Por otro lado, los conflictos de ese tipo los debe resolver la autoridad que regula y fiscaliza; los Directorios tienen otros papeles, siendo básico que respondan al interés de los dueños. Dicho esto, es evidente que aquí también hay un factor ideológico, ya que a muchas personas en la oposición les molesta profundamente que se vendan empresas públicas, al darle una significación política a la gestión de las empresas por parte del Estado.

Desde mi perspectiva, el problema es exactamente al revés: existen empresas públicas en las cuales podría no ser financieramente lo mejor la venta de participaciones minoritarias, como se dijo; otras que serían mejor administradas si tuvieran una participación importante del sector privado, por ejemplo, a través de fondos de pensiones o de inversión, tanto chilenos como extranjeros. Este debate podría llevarnos a conversar en serio, sin prejuicios ni vetos, sin analizar. Hablar, por ejemplo, sobre poner en Bolsa montos relevantes (¿un 20% o 25%?) de Codelco o de Enap. Eso son montos significativos, que permitirían financiar los planes de inversión, sin esfuerzo hoy para el Estado,  que podrían mejorar su funcionamiento, y representarían la apertura hacia ópticas distintas y nuevas formas de entender el desarrollo de nuestro país.

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